(ZENIT Noticias / Ginebra, 25.03.2026).- La Santa Sede ha emitido una contundente advertencia: la medicina prenatal moderna, a pesar de su sofisticación, corre el riesgo de convertirse en un instrumento de exclusión. En Ginebra, el arzobispo Ettore Balestrero, observador permanente del Vaticano ante las Naciones Unidas, pidió el fin de lo que describió como prácticas discriminatorias dirigidas a los niños no nacidos diagnosticados con síndrome de Down.
Sus declaraciones, pronunciadas en un evento organizado por la Fundación Jérôme Lejeune, se producen en un momento en que el progreso tecnológico en las pruebas prenatales ha transformado radicalmente el panorama del embarazo y la toma de decisiones. Desde la introducción de las pruebas prenatales no invasivas en 2011 —procedimientos que eliminan los riesgos de aborto espontáneo asociados a los métodos de diagnóstico anteriores—, las pruebas de detección se han convertido en una práctica habitual en gran parte del mundo desarrollado. Sin embargo, la consecuencia ha sido un aumento drástico de las interrupciones voluntarias del embarazo tras un diagnóstico de síndrome de Down.
Balestrero planteó la cuestión desde una perspectiva antropológica y moral. Insistió en que las personas con síndrome de Down no pueden reducirse a una categoría clínica ni a una limitación percibida. Según argumentó, su dignidad no depende de la salud, la productividad ni las expectativas sociales, sino que es intrínseca, arraigada en su propia existencia desde el momento de la concepción.
Esta postura sitúa al Vaticano en directa contradicción con las prácticas predominantes en varios países. En Islandia, donde las pruebas prenatales se ofrecen y aceptan ampliamente, los nacimientos de niños con síndrome de Down se han vuelto extremadamente raros. Este fenómeno llevó al genetista islandés Kári Stefánsson a afirmar que la condición ha sido «prácticamente erradicada» del país, una declaración que ha suscitado un intenso escrutinio internacional. Desde entonces, las Naciones Unidas han instado a Islandia a reforzar la protección contra la discriminación hacia las personas con discapacidad, incluidas aquellas con síndrome de Down.
En otros lugares, los datos revelan patrones similares. En el Reino Unido, el número de niños nacidos con síndrome de Down disminuyó un 54 % entre 2011 y 2015, tras la ampliación de las pruebas prenatales. La legislación actual permite el aborto en estos casos hasta el momento del nacimiento, un marco legal que los defensores de los derechos de las personas con discapacidad cuestionan cada vez con mayor frecuencia. En Inglaterra y Gales, aproximadamente el 90% de los embarazos con diagnóstico de síndrome de Down terminan en aborto.
Para los críticos, estas cifras revelan una preocupante paradoja: las sociedades que rechazan formalmente la discriminación contra las personas con discapacidad parecen tolerar —e incluso fomentar implícitamente— su forma más radical antes del nacimiento. Esta es precisamente la contradicción que Balestrero quiso destacar, condenando lo que denominó «prácticas eugenésicas» vinculadas a las pruebas prenatales y al aborto selectivo.
Grupos de defensa de los derechos, especialmente en el Reino Unido, llevan tiempo argumentando que las leyes actuales transmiten un mensaje discriminatorio sobre el valor de las vidas afectadas por la discapacidad. Lynn Murray, representante del grupo de campaña «No nos excluyan», acogió con satisfacción las declaraciones del arzobispo, subrayando que los marcos legales que permiten el aborto tardío por motivos de discapacidad socavan los principios de igualdad e inclusión.
Su testimonio refleja un tema recurrente entre las familias: que tras un diagnóstico prenatal, el aborto se presenta con frecuencia como la opción por defecto o incluso la preferida. Según sus defensores, esto revela no solo un sesgo médico, sino también una narrativa cultural más amplia que, sutilmente, define ciertas vidas como menos dignas de protección.
La postura del Vaticano no rechaza el progreso médico; más bien, cuestiona el marco ético en el que se desarrolla dicho progreso. La expansión de las tecnologías de detección, si bien ofrece información valiosa, también introduce nuevas formas de presión —social, económica y psicológica— sobre los futuros padres. En este sentido, el debate no se centra únicamente en las decisiones individuales, sino en los marcos que las configuran.
En esencia, el llamamiento de Balestrero es un intento de replantear el debate. En un contexto de declive estadístico y eficiencia tecnológica, insiste en un principio que se resiste a la cuantificación: que el valor de una vida humana no puede medirse mediante diagnósticos, pronósticos o conveniencia social.
Aún no está claro si este argumento podrá influir de manera significativa en las políticas públicas en contextos cada vez más seculares y biomédicos. Sin embargo, los propios datos —la drástica disminución de la natalidad, la casi erradicación en algunos países— garantizan que la cuestión no se desvanecerá fácilmente. El reto ahora, según el Vaticano, reside en si las sociedades modernas están preparadas para afrontar las implicaciones éticas de su propio éxito a la hora de detectar —y prevenir— los delitos contra las personas más vulnerables.
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