Nueva política israelí pone en peligro la educación y la presencia cristiana en Jerusalén

(ZENIT Noticias / Jerusalén, 04.04.2026).- Un cambio trascendental en el sistema educativo de Jerusalén está generando alarma mucho más allá de las aulas. Una directiva emitida por el Ministerio de Educación de Israel podría impedir que cientos de maestros cristianos palestinos trabajen en las históricas escuelas cristianas de la ciudad, una medida que, según advierten los líderes de la Iglesia, podría erosionar una de las presencias cristianas más antiguas y continuas del mundo.

La medida, formalizada el 10 de marzo de 2026, instruye a los directores de las escuelas de Jerusalén que, a partir de septiembre de 2026, solo podrán contratar maestros que residan en Jerusalén y posean cualificaciones reconocidas por las autoridades israelíes. En la práctica, esto excluye a los educadores cristianos palestinos que viven en Cisjordania, incluso a aquellos que poseen permisos de residencia que tradicionalmente les han permitido trabajar en zonas bajo control israelí.

Según datos citados por Ayuda a la Iglesia Necesitada, la política podría afectar a aproximadamente 230 maestros en 15 escuelas cristianas de Jerusalén. Las implicaciones son inmediatas y estructurales: los administradores escolares estiman que cada institución podría perder un promedio de 15 docentes, una perturbación difícil de absorber en un sistema que ya opera con recursos limitados.

La decisión se remonta a la legislación impulsada en julio de 2025 por la Comisión de Educación de la Knesset, que buscaba prohibir que los educadores formados en instituciones de Cisjordania impartieran clases en Israel o en Jerusalén Este. Las autoridades israelíes han justificado la medida por motivos académicos, argumentando que dichas cualificaciones no cumplen con los estándares nacionales. Pero para los representantes de la Iglesia y los observadores palestinos, las consecuencias parecen ir mucho más allá de las cuestiones de acreditación.

La Secretaría General de Escuelas Cristianas, que coordina estas instituciones, ha advertido que la política amenaza no solo los niveles de personal, sino la propia identidad de la educación cristiana en Israel. Muchas de las escuelas afectadas se fundaron a finales del siglo XIX y, durante décadas, han educado a cientos de miles de estudiantes —tanto cristianos como musulmanes—, sirviendo como espacios singulares de convivencia interreligiosa. Su misión ha sido tanto cultural y comunitaria como académica: mantener una frágil presencia cristiana en una ciudad clave para tres religiones.

Esta presencia ya es demográficamente precaria. Las comunidades cristianas en Jerusalén y en toda Tierra Santa han estado disminuyendo durante décadas debido a la emigración, la presión económica y la inestabilidad política. Los responsables de la Iglesia temen ahora que restringir el acceso a docentes cualificados —muchos de los cuales han ejercido durante años— pueda acelerar este declive. La probable pérdida de empleo para estos educadores no solo perturbaría las escuelas, sino que también pondría a las familias en una situación económica precaria, lo que podría provocar una mayor emigración.

Las tensiones no son teóricas. A principios de 2026, a 171 docentes de Cisjordania se les denegó inicialmente el permiso de trabajo, lo que desencadenó una huelga de una semana en las escuelas cristianas de Jerusalén. El conflicto se resolvió únicamente después de que las autoridades rectificaran y emitieran los permisos necesarios. Sin embargo, ese episodio ahora parece menos una anomalía que un precedente.

Las críticas a la nueva política han sido severas. El periodista palestino Daoud Kuttab la ha descrito como una forma de “castigo colectivo”, argumentando que ataca a todo un segmento de la población en lugar de abordar problemas de seguridad específicos. El Comité Presidencial Superior para Asuntos Eclesiásticos en Palestina ha ido más allá, alegando violaciones del derecho internacional humanitario, incluidas disposiciones del Cuarto Convenio de Ginebra y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Dentro de la Iglesia, el lenguaje es más pastoral, pero no por ello menos urgente. George Akroush, del Patriarcado Latino de Jerusalén, resumió la gravedad de la situación con concisión: “Atacar las escuelas es atacar el futuro”. Su comentario refleja una preocupación eclesial más amplia: la educación, en este contexto, es inseparable de la presencia. Las escuelas no son solo lugares de aprendizaje; son instituciones a través de las cuales las comunidades se reproducen de generación en generación.

Se están realizando esfuerzos para revertir o mitigar la política. Las autoridades eclesiásticas están explorando vías legales y dialogando con funcionarios israelíes, aunque reconocen que estos canales siguen siendo difíciles. Al mismo tiempo, se han realizado llamamientos a la Santa Sede y a socios internacionales capaces de ejercer presión diplomática.

Por ahora, reina la incertidumbre. Mucho dependerá de si la directiva se implementa en su totalidad al inicio del año académico 2026. De ser así, las escuelas cristianas de Jerusalén —consideradas durante mucho tiempo pilares de la fe y la convivencia— podrían verse obligadas a una profunda reestructuración, con consecuencias que trascienden con creces sus aulas.

En Jerusalén, donde la demografía y la identidad están estrechamente ligadas, estos cambios rara vez se limitan a la política administrativa. Suelen, en cambio, redefinir la propia identidad.

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