Lord George Carey, ex arzobispo de Canterbury

Lord George Carey, ex arzobispo de Canterbury Foto: Religión Digital

Un legado en ruinas: ex arzobispo anglicano de Canterbury renuncia a ejercicio del ministerio en medio de un escándalo de abusos

La controversia se centra en la defensa de Carey de David Tudor, un sacerdote anglicano suspendido en la década de 1980 por abusar sexualmente de varios adolescentes. En 1993, Carey, entonces arzobispo de Canterbury, apoyó el regreso de Tudor al ministerio bajo supervisión, una decisión que la Iglesia ahora admite que fue un grave error.

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(ZENIT Noticias / Londres, 19.12.2024).- La Iglesia de Inglaterra (anglicana) se ve nuevamente envuelta en un escándalo cuando Lord George Carey, ex arzobispo de Canterbury, dimite como sacerdote tras las revelaciones sobre su papel en la reinstalación de un clérigo acusado de abuso sexual. A la edad de 89 años, la renuncia de Carey marca el final innoble de una carrera clerical de 60 años, ensombrecida por acusaciones de negligencia y complicidad.

Resurge una decisión controvertida

La controversia se centra en la defensa de Carey de David Tudor, un sacerdote anglicano suspendido en la década de 1980 por abusar sexualmente de varios adolescentes. En 1993, Carey, entonces arzobispo de Canterbury, apoyó el regreso de Tudor al ministerio bajo supervisión, una decisión que la Iglesia ahora admite que fue un grave error.

Documentos filtrados muestran que Carey fue más allá de la defensa, facilitando la reinstalación de Tudor eliminando su nombre de la lista central de clérigos disciplinados. Este acto le permitió a Tudor reanudar sus deberes pastorales, aunque bajo restricciones que le prohibían estar solo con menores.

“Sentencias profundamente defectuosas”

La Iglesia de Inglaterra ha condenado las acciones de Carey como “profundamente defectuosas”, reconociendo las garantías inadecuadas que permitieron a Tudor continuar sirviendo en el ministerio durante décadas. A pesar de las restricciones, la presencia pastoral de Tudor planteó riesgos constantes. Finalmente fue retirado del ministerio en octubre después de admitir “comportamiento sexual inapropiado”.

Los críticos argumentan que la decisión de Carey de reinstalar a Tudor priorizó la preservación institucional sobre el bienestar de las víctimas. Una sobreviviente, Rachel Ford, describió a Tudor como “propenso a los toqueteos inapropiados” y criticó la respuesta de la Iglesia como “totalmente carente de empatía”.

Una cadena de responsabilidades

La renuncia de Carey también arroja una luz dura sobre el actual arzobispo de York, Stephen Cottrell, quien ha enfrentado un escrutinio por su manejo del caso Tudor durante su mandato como obispo de Chelmsford. Cottrell, consciente de las restricciones de Tudor desde 2010, permitió que el sacerdote caído en desgracia continuara ministrando e incluso apoyó su nombramiento como canónigo honorario de la catedral de Chelmsford.

Desde entonces, Cottrell ha expresado un profundo arrepentimiento, declarando: “Lamento profundamente no haber actuado antes”. Sin embargo, los sobrevivientes y los defensores han criticado su explicación, argumentando que las limitaciones legales no deberían haber excusado la inacción.

Un patrón de fracaso institucional

El escándalo que rodea a Carey surge tras la renuncia de otro ex arzobispo de Canterbury, Justin Welby, quien renunció el mes pasado en medio de acusaciones separadas de manejo inadecuado de casos de abuso. Welby también enfrentó acusaciones de inacción y fallas sistémicas para abordar la mala conducta dentro de la Iglesia.

Durante su mandato, Welby reconoció que la Iglesia había fallado a sus miembros más vulnerables, declarando: “Descuidamos gravemente nuestro deber de cuidado, y lo siento profundamente”. Sin embargo, su admisión no satisfizo a los críticos, quienes acusaron a los líderes de la Iglesia de fomentar una cultura de encubrimiento y complacencia.

El impacto en la credibilidad de la Iglesia Anglicana

Estos escándalos en cascada han erosionado aún más la confianza en la Iglesia de Inglaterra. Los sobrevivientes y los defensores exigen reformas significativas para garantizar que las medidas de protección sean más que superficiales. Muchos sostienen que los repetidos fracasos de la Iglesia a la hora de priorizar a las víctimas por sobre la reputación institucional han dejado profundas cicatrices en su credibilidad moral.

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Elizabeth Owens

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