MADRID, lunes 30 de marzo de 2009 (ZENIT.org).- Cientos de miles de personas han participados en las Marchas a favor de la vida, convocadas por la plataforma “Derecho a Vivir” en más de 80 ciudades españolas simultáneamente, para protestar por la ley de plazos del aborto que tramita actualmente el Gobierno.
Las manifestaciones, bajo el lema “No existe el derecho a matar, existe el derecho a vivir”, y en la semana en que se celebra en muchos lugares del mundo la Jornada por la Vida (25 de marzo), presentaron un manifiesto en el que rechazan la reforma de la ley de 1985, la cual supondría la transformación del aborto, de un delito despenalizado, a un “derecho reproductivo”.
Esta convocatoria ha tenido eco fuera de España, ya que se ha celebrado también en algunas ciudades de Latinoamérica. Según el Instituto de Política Familiar, además, la marcha ha contado con el apoyo de cerca de 700 asociaciones de los cinco continentes.
Entre los apoyos, figura el de la Federación AIC que agrupa 53 asociaciones de África, América Latina, Asia, Europa y Estados Unidos; Red Familia, que representa más de 500 asociaciones en toda América Latina; y las norteamericanas C-FAM, United Familias Internacional, Internacional Organization Research Group, Alliance Defence Fund, Concerned Women of América y el Internacional Organization Law Group.
En Europa destaca el apoyo de la Asociación Húngara de Familias Numerosas, Gift of Life de Malta, la Confederación Portuguesa de Familias, la británica Society for the Protection of the Unborn Children, la Sección Alemana de Familias, o el Forum Zivota (Foro por la Vida) con 30 ONGs en la República Eslovaca.
La manifestación más importante tuvo lugar en Madrid, a la que acudieron cientos de miles de personas (según los organizadores), junto al Congreso de los Diputados. Allí, la portavoz y médico pediatra Gádor Joya leyó el manifiesto de convocatoria, en la que se pide al Gobierno que “proteja el derecho a vivir y a ser madre”.
El manifiesto muestra su rechazo “una nueva ley del aborto que sólo traerá más muertes y más sufrimiento para miles de mujeres”, especialmente en el caso de menores de 16 años, a quienes la nueva ley permitiría abortar sin el consentimiento paterno.
También reclama que se respete “el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario”, así como un plan nacional de apoyo a la mujer embarazada y que se facilite la adopción.
