(ZENIT Noticias / Washington, 30.10.2025).- Un nuevo estudio nacional ofrece una perspectiva preocupante sobre cómo Estados Unidos, considerado durante mucho tiempo un símbolo mundial de libertad religiosa, enfrenta dificultades para defender este principio a nivel estatal. Según el «Índice de Fe y Libertad 2025» del Instituto Legal de Napa, casi tres cuartas partes de los estados de EE. UU. obtuvieron una puntuación inferior al 50 % en cuanto a la protección de la libertad religiosa, lo que evidencia una creciente disparidad entre los ideales constitucionales y la realidad cotidiana de las organizaciones religiosas.
Los resultados, publicados el 27 de octubre, evalúan la eficacia con la que cada estado protege el derecho de las organizaciones religiosas sin fines de lucro a operar de acuerdo con sus creencias, un tema que cobró mayor urgencia durante la pandemia de COVID-19, cuando las restricciones a los cultos pusieron de manifiesto el delicado equilibrio entre la seguridad pública y la libertad religiosa.
Alabama encabeza la lista con una puntuación del 86 %, elogiada por su sólido marco legal que salvaguarda la autonomía religiosa. Por otro lado, Michigan ocupó el último lugar con solo un 22%, lo que el informe describe como “uno de los entornos más difíciles del país para las organizaciones sin fines de lucro de base religiosa”.
El índice evalúa varias dimensiones de la libertad religiosa: si los estados garantizan la igualdad de acceso a los fondos públicos tanto para grupos religiosos como seculares, si ofrecen exenciones legales a las leyes antidiscriminatorias cuando están en juego convicciones religiosas y si las protecciones constitucionales o legales se extienden más allá de las garantizadas por la Primera Enmienda. También considera cómo actúan los estados durante las emergencias, por ejemplo, si restringieron desproporcionadamente los servicios religiosos durante los confinamientos.
Los resultados sugieren un panorama nacional desigual. Seis estados —entre ellos Michigan, Delaware, Washington, Maryland, Nevada y Hawái— obtuvieron una puntuación inferior al 30%, mientras que otros 19 estados, además del Distrito de Columbia, no alcanzaron el 40%. Solo dos estados, Alabama y Kansas (79%), superaron el umbral del 70%.
Según Napa Legal, estados como Alabama han implementado enmiendas constitucionales que fortalecen explícitamente las protecciones de la libertad religiosa. El estado también permite que las organizaciones religiosas participen en programas públicos en igualdad de condiciones con las entidades seculares. Sin embargo, incluso Alabama enfrenta desafíos: el informe señala los efectos persistentes de las «Enmiendas Blaine», disposiciones del siglo XIX que aún figuran en varias constituciones estatales y que limitan la financiación pública para instituciones religiosas.
Por el contrario, los estados con peor desempeño en el índice suelen imponer barreras legales o burocráticas a las organizaciones sin fines de lucro religiosas. Michigan, por ejemplo, no ofrece exenciones claras para empleadores religiosos bajo las leyes estatales antidiscriminación y restringe su elegibilidad para subvenciones públicas. Maryland exige que las organizaciones benéficas religiosas se sometan a auditorías complejas para mantener su estatus de exención de impuestos, mientras que Washington y Delaware presentan un acceso desigual a los programas públicos y a las fuentes de financiación.
«Estas leyes corren el riesgo de excluir a las instituciones religiosas del sector benéfico y reducir el acceso a servicios esenciales para las poblaciones vulnerables», advierte el informe.
Aun así, el Índice de Napa no se limita a criticar, sino que también ofrece una hoja de ruta para la reforma. Kansas, Misisipi, Georgia y Florida fueron destacados como estados que, si bien imperfectos, han desarrollado entornos relativamente favorables para los grupos religiosos. Misisipi y Georgia obtuvieron un 67% cada uno, lo que demuestra un progreso significativo en el equilibrio entre la protección de los derechos civiles y las convicciones religiosas.
Incluso en estados con tradiciones religiosas relativamente arraigadas, el informe insta a la vigilancia. «Siempre hay margen de mejora», señala, enfatizando que proteger el trabajo religioso implica garantizar que las políticas públicas acojan —y no marginen— el papel de la religión en la vida cívica.
Estos hallazgos se producen en medio de un debate nacional sobre los límites de la libertad religiosa, en particular mientras tribunales, legislaturas y grupos de defensa lidian con la tensión entre la ampliación de los derechos civiles y el respeto a la libertad de conciencia. Para muchas organizaciones religiosas, el informe subraya lo que ya experimentan: que la libertad de servir según la fe está cada vez más condicionada no solo por la ley federal, sino también por la política y las prioridades de cada estado.
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