(ZENIT Noticias / Washington, 25.10.2026).- Miles de clérigos estadounidenses que en su momento optaron por no participar en la Seguridad Social y Medicare tendrán una oportunidad limitada para reconsiderar esa decisión gracias a una nueva ley firmada por el presidente Donald Trump el 20 de octubre. La legislación, respaldada por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), reabre una vía para la jubilación y la cobertura médica para líderes religiosos que tomaron su decisión original hace décadas.
La medida, H.R. 227, establece un plazo de dos años durante el cual los clérigos elegibles pueden optar por reanudar el pago de las contribuciones a la Seguridad Social y Medicare sobre sus ingresos ministeriales. Esta oportunidad se aplica a los años fiscales 2029 y 2030. Reincorporarse al sistema no garantiza automáticamente los beneficios: los sacerdotes, pastores y otros trabajadores religiosos aún deben cumplir con los requisitos de cotización ordinaria.
Este cambio aborda una práctica arraigada en la legislación tributaria estadounidense. Los ministros religiosos generalmente pueden solicitar una exención de los impuestos de la Seguridad Social y Medicare sobre los ingresos obtenidos a través de su ministerio, sujeto a las condiciones legales. Sin embargo, quienes optan por no acogerse a esta exención renuncian a los beneficios correspondientes sobre dichos ingresos. Revertir esta decisión suele ser difícil, incluso cuando la situación financiera de la persona o su comprensión de la planificación de la jubilación cambian sustancialmente.
Según el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, aproximadamente 2000 personas optaron previamente por no acogerse a esta exención. La nueva ley marca la tercera vez que el Congreso establece una oportunidad temporal para que el clero revierta esta decisión; la anterior se abrió en 1999.
La legislación contó con un amplio apoyo bipartidista. La Cámara de Representantes la aprobó por 350 votos a favor y 5 en contra el 27 de abril, mientras que el Senado la aprobó por unanimidad el 30 de septiembre, antes de que la firma de Trump completara el proceso.
El representante Jason Smith, republicano de Missouri y presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, afirmó que muchos líderes religiosos habían optado por no acogerse a esta exención cuando eran jóvenes y comenzaban sus ministerios. Según argumentó, una decisión tomada con escaso asesoramiento financiero no debería necesariamente determinar su seguridad financiera para la jubilación décadas después.
Para los obispos católicos, la medida es una cuestión tanto de prudencia financiera como de preocupación por el bienestar a largo plazo del clero que ha dedicado su vida al servicio de los demás.
En una carta del 14 de abril en apoyo del proyecto de ley, el arzobispo Shelton Fabre, presidente del Comité de Justicia Doméstica y Desarrollo Humano de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB), y el arzobispo Ronald Hicks, presidente de su Comité de Clero, Vida Consagrada y Vocaciones, describieron la legislación como una ayuda muy necesaria para los sacerdotes y religiosos que previamente habían rechazado la cobertura de la Seguridad Social y Medicare.
Los obispos señalaron que algunos habían optado por no participar muchos años antes, en algunos casos tras recibir un asesoramiento financiero inadecuado. Argumentaron que permitirles reanudar las contribuciones les ayudaría a afrontar la jubilación con mayor seguridad financiera y acceso a beneficios de atención médica, facilitando así la transición tras su retiro del ministerio activo.
Este asunto reviste especial importancia para el clero católico, cuya labor a menudo se extiende a lo largo de décadas y cuyos planes de jubilación varían según sus circunstancias y el apoyo disponible a través de sus diócesis o comunidades religiosas. Si bien el ministerio se entiende como una vocación y no simplemente como una carrera, este compromiso no elimina las necesidades prácticas asociadas con el envejecimiento, la enfermedad y la jubilación.
La ley no elimina la necesidad de una planificación financiera cuidadosa, ni establece un derecho inmediato a las prestaciones gubernamentales: crea una oportunidad, limitada, para que quienes previamente optaron por no recibirlas puedan reconsiderar su situación conforme a las normas aplicables.
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