(ZENIT Noticias / Roma, 21.01.2026).- Una nueva encuesta realizada entre empleados de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano presenta un panorama de frustración generalizada, fatiga institucional y una creciente demanda de transparencia y una gobernanza basada en el mérito en uno de los lugares de trabajo más singulares del mundo.
La encuesta, realizada entre mediados de septiembre de 2025 y principios de enero de 2026, es la primera encuesta representativa realizada hasta la fecha entre el personal del Vaticano. Fue organizada por la Associazione Dipendenti Laici Vaticani (ADLV), una asociación interna de empleados que funciona de facto como sindicato, aunque sin reconocimiento formal. Sus resultados confirman, con precisión estadística, las quejas que la ADLV ha expresado durante años, a menudo con escaso éxito, especialmente durante la última fase del pontificado del Papa Francisco.
Un total de 250 empleados respondieron al cuestionario, de los cuales aproximadamente el 80 % son miembros de la ADLV. Esta cifra es sorprendente si se compara con el contexto más amplio: el Vaticano emplea a aproximadamente 4200 personas, la mayoría de las cuales permanecen fuera de la asociación. El miedo a las represalias se cita ampliamente como la razón principal. En el sistema vaticano, no existen sindicatos tradicionales ni se permite el derecho de huelga, ya que todos los empleados participan en la misión común del Papa y la Iglesia.
La encuesta se centra en una profunda sensación de desconexión entre los empleados y la dirección. Casi tres cuartas partes de los encuestados (el 73,9 %) describen una clara brecha entre los trabajadores y sus superiores, generalmente jefes de oficina, prefectos o clérigos de alto rango, que a menudo son cardenales u obispos. Solo el 12,8 % se muestra satisfecho con esta relación. Aún más reveladora es la percepción sobre cómo se elige a los líderes: el 71,6 % cree que los responsables no fueron seleccionados mediante procedimientos transparentes ni con base en una trayectoria profesional clara.
Esta desconexión se refleja en la realidad laboral cotidiana. Más del 75 % de los encuestados afirma que los recursos humanos están mal asignados, infravalorados y poco motivados. Una proporción similar (el 75,8 %) argumenta que no se recompensa la iniciativa, el mérito ni la experiencia acumulada. Para muchos, el problema no es solo la ineficiencia, sino también la injusticia. Más del 56 % declara haber sufrido trato injusto o comportamiento humillante por parte de sus superiores, una cifra especialmente preocupante dado que la ley vaticana no reconoce formalmente el acoso psicológico ni el acoso laboral como un delito específico.
La sensación de vulnerabilidad se extiende a los derechos y la seguridad a largo plazo. Aproximadamente el 73,4 % de los encuestados percibe favoritismo, trato desigual e incertidumbre sobre la protección de sus derechos, incluyendo el derecho a pensión. Estas inquietudes se ven agudizadas por las decisiones estructurales adoptadas en los últimos años. Una de las quejas más frecuentes es la suspensión del incremento salarial bienal, abolido en 2021 como parte de las medidas de austeridad destinadas a abordar el déficit presupuestario de la Santa Sede. Si bien se concibió como una medida de ahorro, la medida ha tenido consecuencias duraderas para las pensiones de los empleados y las prestaciones por fin de servicio (TFR), alimentando el resentimiento y la inseguridad.
Al solicitar la evaluación del impacto de las reformas laborales introducidas en la última década, el veredicto es mayoritariamente negativo. El 68 % de los encuestados afirma que los cambios no han aportado beneficios concretos a los empleados, sino que se han traducido en controles y restricciones más estrictos. Más del 79 % cree que se invierte muy poco en la formación del personal, una deficiencia que contrasta marcadamente con el frecuente énfasis retórico del Vaticano en la dignidad humana y el valor del trabajo.
Sin embargo, la encuesta no es un mero ejercicio de quejas. También señala posibles caminos a seguir. Una gran mayoría de los encuestados expresa confianza en la ADLV: más del 71 % afirma que recurriría a la asociación en caso de conflicto laboral, en comparación con solo el 10 % que se dirigiría a la Oficina de Trabajo del Vaticano (ULSA). Casi tres cuartas partes consideran el diálogo directo entre la ADLV y la dirección del dicasterio como la vía más eficaz para resolver conflictos, lo que sugiere un deseo de mediación en lugar de confrontación.
La llegada del Papa León XIV ha traído una cautelosa nota de esperanza. Según la ADLV, los primeros gestos del nuevo pontificado han sido recibidos positivamente: la pronta atención al Tribunal Laboral, el restablecimiento de la prima del cónclave, previamente abolida, y las señales de apertura a una vía de diálogo común. Para muchos empleados, estas medidas son modestas pero simbólicamente significativas, insinuando un posible cambio de tono tras años de relaciones tensas.
Quizás la sección más reveladora de la encuesta sea la dirigida directa, aunque indirectamente, al Papa. Más allá de las peticiones de ajustes salariales, apoyo familiar o bonificaciones justas por productividad, los empleados expresan una demanda ética más profunda. Piden ser tratados no como números prescindibles, sino como personas, ser escuchados, respetados y protegidos con dignidad. Frases como «dar voz a los trabajadores», «proteger con dignidad» e incluso «amar al personal como al prójimo» son recurrentes en las respuestas, haciendo eco de la propia doctrina social de la Iglesia en su esencia institucional.
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