MADRID, viernes, 13 de febrero de 2009 (ZENIT.org).- Mientras siguen produciéndose sentencias que contradicen al Tribunal Supremo sobre el derecho a objetar la asignatura «Educación para la Ciudadanía» en España, hay asociaciones de padres que continúan dispuestas a defender este derecho y presentando centenares de nuevas objeciones.
Los magistrados del Tribunal Supremo emplearon dos días en debatir sobre la objeción a la asignatura «Educación para la Ciudadanía». Pero la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el 28 de enero, dictó que una familia de Granada tenía derecho «a ejercer la objeción de conciencia frente» a esta asignatura. Era el mismo 28 de enero en que los magistrados del Supremo llegaban a la conclusión de que «no existe el derecho a la objeción de conciencia», según se ha conocido ahora.
La Sala Tercera del TSJA no aguardó al pronunciamiento del Supremo. Los expertos constitucionalistas no se ponen de acuerdo sobre lo que ocurrirá a partir de ahora. El TSJA podría seguir dictando sentencias a favor de la objeción, que teóricamente podrían ser anuladas una a una por el Supremo, que ya ha fijado su posición, aunque todavía no ha hecho pública su sentencia.
Por su parte, el diario en internet Europasur.es indica que en Andalucía la objeción partió de un grupo de padres y madres de alumnos de Sevilla y Málaga que interpusieron un recurso «contra el curriculum y los criterios de evaluación de la asignatura», explicó el abogado sevillano Carlos Seco. Seco, que defiende a varios progenitores ante la polémica asignatura, insistió en «la clara intromisión» que la materia supone para la «concepción que nuestros hijos tienen que asumir sobre dilemas morales».
La decisión del Supremo de examinar la cuestión de ilegalidad que planteó el TSJA supone, según Seco, «un nuevo elemento a debate» tras el fallo a finales del pasado mes en el que se desestimaba la objeción a Ciudadanía.
Ante estas dos últimas cuestiones sobre la asignatura derivadas del mismo tribunal, el abogado aclaró que «no se puede hablar de contradicciones» puesto que son asuntos distintos.
Por un lado, el Supremo declaró el 28 de enero que la materia no vulneraba el derecho de las cuatro familias –una de ellas andaluza- que presentaron el recurso de casación, de educar a sus hijos en la formación religiosa y moral de acuerdo a sus convicciones. Por otro, esta última admisión a trámite «supone un examen de la legalidad del curriculum» ya que «una cosa es la objeción y otra el propio contenido de la asignatura», explicó el letrado. Por ello, destacó que este examen «es un paso fundamental y de mayor trascendencia que la propia objeción».
Tras esta decisión no se han resuelto nuevas causas en el TSJA, aunque el pasado martes se conoció una sentencia de este tribunal en la que se reconocía «el derecho del demandante a ejercer la objeción de conciencia» frente a la materia y dejando exentos a los niños «de ser evaluados». Esta sentencia es anterior al fallo del Supremo.
Pendientes de conocer la sentencia del Supremo, algunos de los objetores riojanos a Educación para la Ciudadanía (EpC) siguen sin entrar en clase, informa Larioja.com, a pesar del fallo del Supremo que confirmaría la obligatoriedad de la asignatura.
A la espera de conocer los detalles del fallo judicial -que se hará público a finales de febrero o principios de marzo, según informó la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA)-, algunas de las familias que se han opuesto a la materia desde su implantación en la región mantienen su postura, desoyendo las recomendaciones de la Consejería de Educación y de la propia CONCAPA.
Fuentes consultadas por Diario La Rioja confirmaron que mientras algunos de los objetores han optado por comenzar a cursar la materia este segundo trimestre, un número «indeterminado» se ha decantado por no acudir a clase hasta conocer la sentencia del alto tribunal.
«Es muy precipitado hablar de qué pasará. Hay que tener en cuenta que la sentencia no hace referencia a La Rioja, aún no se conoce el texto y ni siquiera el fallo al completo: cualquier reacción es imprudente y prematura», sostiene el secretario general de la CONCAPA en La Rioja, Enrique Domingo Oslé, quien recomendó en su día volver a las aulas.
«Nuestra recomendación no fue contundente, no sobrepasando incluso el consejo a título personal: hagan ustedes lo que les parezca bien porque, de momento, no tienen ninguna obligación; ahora, yo volvería», recuerda Oslé que dijeron desde la confederación de padres católicos.
Mientras se conoce sentencia, reconocen desde la CONCAPA que «ha habido un poco de todo: muchos aguardan en casa a la publicación de su contenido y otros tantos han vuelto a clase por lo que pueda pasar». Madie tiene datos oficiales.
Por su parte, el diario valenciano «Las Provincias» informa hoy que, a la espera de la sentencia del Supremo, la asociación «Valencia Educa en Libertad» (Vael) ha tramitado otras 127 objeciones ante la Consejería de Educación de la comunidad autónoma. Son familias que tienen hijos escolarizados en centros públicos y concertados de las poblaciones de Godella, Cullera, Massanassa, Alcàcer, Catarroja, Mislata, Burjassot, Torrent y en la misma Valencia. La mayoría de las objeciones corresponden a alumnos que están cursando Primaria o Secundaria, aunque también hay estudiantes de Bachillerato. Pese al fallo del Supremo, los valencianos han seguido presentando objeciones «convencidos del carácter adoctrinador de los contenidos de la asignatura», indicó el asesor jurídico de Vael, José María Llanos. El abogado de la asociación anunció que Vael está organizando para el próximo 28 de marzo el I Encuentro de Objetores a Educación para la Ciudadanía de la provincia de Valencia y animó a las familias valencianas a participar en él y en el que se celebrará el 28 de febrero en Madrid.
Por Nieves San Martín
