BARCELONA, viernes 27 de febrero de 2009 (ZENIT.org).- «Para la Generalitat los menores no tienen derecho a la vida, pero las menores partir de los 16 años sí que pueden abortar libremente», afirman los Profesionales por la Ética de Cataluña, España, al anunciar que han presentado alegaciones al Anteproyecto de Ley de Infancia, redactado por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña (gobierno autonómico).
Este jueves la asociación Profesionales por la Ética de Cataluña presentó alegaciones al Anteproyecto de Ley de los Derechos y las Oportunidades de la Infancia y la Adolescencia, redactado por el Departamento de Acción Social y Ciudadanía, según ha informado a ZENIT Ignacio Pascual Aguirre de Carcer, de la citada asociación.
Ramón Novella, portavoz de Profesionales por la Ética, declaró que «con estas alegaciones queremos defender los derechos de los menores ante una iniciativa que les niega derechos fundamentales, como sucede con el derecho a la vida. También queremos defender los derechos de los padres para con sus hijos, y especialmente el derecho a educarlos de acuerdo con sus convicciones».
En el escrito remitido a la Generalidad de Cataluña se denuncia que este Gobierno permita abortar libremente a las menores a partir de los 16 años, sin ningún requisito ni condición, y sin necesidad de comunicarlo previamente a sus padres. Parece -dijo el portavoz- que la principal preocupación de la Generalidad sea facilitar el incremento de abortos y garantizar el enriquecimiento y la impunidad de los que se dedican a este «negocio».
También criticó la imposición de los planteamientos de la ideología de género en el lenguaje utilizado a lo largo del Anteproyecto y destacó otros aspectos negativos.
En primer lugar, la norma no garantiza el derecho de los menores a vivir en una familia ni favorece su protección y estabilidad; permite el acogimiento y la adopción de los menores por parejas del mismo sexo, pese a que esto perjudica a los menores; establece de manera indiscriminada el principio de confidencialidad de los menores respecto de sus padres, que de esta manera ven recortadas sus facultades y potestades; no garantiza el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones, ni su derecho a escoger libremente el centro educativo para ellos. Finalmente, no aborda seriamente la lucha contra la indisciplina y el fracaso escolar en el sistema educativo, ni garantiza una educación de calidad.
En el documento, se hacen diferentes propuestas para mejorar el texto. Por ejemplo, «que se reconozca y garantice la totalidad de los derechos fundamentales de los menores, comenzando por el derecho a la vida, desde su inicio hasta su final, y establecer medidas de apoyo a las chicas en dificultades que estén embarazadas para poder tener a su hijo y poder optar por mantenerlo o darlo en adopción».
Otras medidas que los profesionales proponen introducir son: garantizar el derecho de los menores a vivir dentro de su familia, siempre que sea posible y no atente gravemente contra sus derechos e intereses: aumentar las ayudas a las familias con hijos, especialmente si son numerosas, y favorecer las medidas de conciliación entre la vida laboral y familiar; garantizar el derecho de los padres a que sus hijos puedan recibir la educación que esté de acuerdo con sus convicciones morales o religiosas, así como su derecho a escoger libremente el centro educativo para ellos; establecer medidas para hacer frente al fracaso escolar y a la indisciplina y violencia en el mundo educativo; garantizar la no discriminación en el ámbito educativo de las dos lenguas oficiales en Cataluña; reconocer el derecho a la objeción de conciencia ante los contenidos educativos que sean contrarios a sus convicciones y a las de sus familias.
Finalmente los Profesionales por la Ética hacen un llamamiento a los padres y a las entidades que defienden sus derechos y los de los menores para que luchen para modificar el anteproyecto y conseguir mejoras sustanciales, porque «nuestros niños y adolescentes se lo merecen».
