LONDRES, jueves, 26 de marzo de 2009 (ZENIT.org).- Los obispos católicos ingleses han advertido contra la enmienda que un grupo de diputados ha propuesto sobre la Coroners and Justice Bill, que actualmente se discute en el Parlamento británico, para despenalizar la «asistencia al suicidio» en algunos casos.
La ley (Coroners and Justice Bill) que se discute actualmente en el Parlamento, supone una reforma de la Ley del suicidio de 1961, y prevé el endurecimiento de las penas contra los sitios Internet que promueven o instigan al suicidio.
Sin embargo, un grupo de parlamentarios, liderados por Patricia Hewitt propuso el pasado martes una enmienda que, de aceptarse, despenalizaría el ayudar a otras personas a ir al extranjero para suicidarse, por motivos de «compasión» y no por «malicia».
La moción se ha propuesto a raíz del caso de un matrimonio de Bath, ambos con cáncer terminal, que acudió a la clínica suiza «Dignitas» para suicidarse, dado que esta práctica está prohibida en Inglaterra.
En este sentido, monseñor Peter Smith, arzobispo de Cardiff y responsable del Departamento de Ciudadanía Cristiana de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, ha escrito una nota publicada en el Times, en la que expresa el rechazo de los obispos ante lo que consideran que sería una «legalización encubierta de la eutanasia».
El prelado advierte sobre la incoherencia que supondría, por un lado, endurecer las penas contra la instigación al suicidio, y por otro despenalizarla, pues «¿hacer más fácil el suicidio asistido no equivale a fomentarlo?»
«Los defensores argumentan que hay una diferencia entre el estímulo malévolo al suicidio y la ayuda al mismo por motivos de compasión, entre los criminales que lo promueven y los filántropos que ayudan a aliviar el sufrimiento. Pero el mundo real no es exactamente así», afirma.
El arzobispo de Cardiff invita a considerar lo que supondría esta despenalización, por ejemplo, para «una persona gravemente enferma o un padre anciano discapacitado, que se siente culpable por la carga de cuidados que impone a una familia apremiada por la recesión, o el pariente rico y enfermo a quien sutilmente podrían se le podría animar para dejar este mundo antes de lo previsto».
«Gente como esta escucharía las sugerencias de un eminente defensor de la legalización de la eutanasia, que alegaría que están malgastando los recursos del NHS (Servicio Nacional de Salud) y la vida de otros, y que deberían considerar si tienen el deber de morir».
Por su parte, la plataforma Care not Killing, integrada por más de 50 asociaciones defensoras de los derechos humanos, de discapacitados y promotoras de los cuidados paliativos, entre otros fines, ha alertado también contra el peligro que supone una apertura legal en el suicidio asistido.
Su presidente, el doctor Peter Saunders, afirma que la actual ilegalidad de la asistencia al suicidio «tiene un importante efecto disuasorio» y que los casos de personas decididas a quitarse la vida ante una enfermedad son «poquísimas» de cara a lo que podría pasar si se aprueba la enmienda.
«No nos equivoquemos: esta enmienda no es más que el anticipo de una ley más general de la eutanasia. Sus defensores no han hecho ningún secreto de sus ambiciones. Sin embargo, han encontrado que el Parlamento desconfía de la legalización de la eutanasia. Así que ahora están tratando de obtenerla por la puerta de atrás», advierte.
Care not Killing tiene como objetivos «promover más y mejores cuidados paliativos; garantizar que las leyes vigentes en contra de la eutanasia y el suicidio asistido no sean debilitadas o derogadas durante el período de vigencia del actual Parlamento; e informar a la opinión pública en contra de cualquier debilitamiento de la ley».
La integran, entre otras, la Conferencia de Obispos Católicos de Inglaterra y Gales, la Iglesia de Inglaterra, la Asociación de Medicina Paliativa, el Consejo de las Personas con Discapacidad del Reino Unido, RADAR, la Christian Medical Fellowship, y la Medical Ethics Alliance.
Por Inma Álvarez
