HUELVA, viernes 26 de agosto de 2011 (ZENIT.org).- “La dignidad de la vida humana no puede venir ligada al estado de conciencia o de inconciencia del enfermo”, recordó este viernes el obispo de Huelva, monseñor José Vilaplana, ante un caso de eutanasia en su diócesis.
El prelado publicó una nota tras conocer la noticia de la retirada, a petición de los familiares, de la sonda nasogástrica que alimentaba e hidrataba a Ramona Estévez, enferma en coma como consecuencia de un infarto cerebral irreversible, ingresada en el Hospital Blanca Paloma de Huelva.
“Acompañamos en silencio y con la oración los últimos días de Ramona Estévez”, aseguró. Y añadió: “Con gran humildad, pido al Señor de corazón por los familiares y las personas que la rodean, para que puedan descubrir en ella la fuerza misteriosa de la vida, perceptible también en un cuerpo anciano, en coma y débil, y puedan así repensar sus decisiones, pues la muerte buscada o inducida, como tantas veces ha repetido Benedicto XVI, no es la respuesta al drama del sufrimiento”.
La anciana sufrió el 26 de julio un infarto cerebral y los médicos le colocaron una sonda nasogástrica el 4 de agosto, que le fue retirada este miércoles a petición de su hijo, quien explicó que así cumplía la voluntad de su madre.
Monseñor Vilaplana destacó en su nota que “toda acción dirigida a interrumpir la alimentación o la hidratación constituye un acto de eutanasia, en el que la muerte se produce no por la enfermedad, sino por la sed y el hambre provocada”.
En referencia a la presentación del caso como un acto de humanidad y de liberación, recordó que “el único deber que tiene la sociedad, en relación a la enferma, es ayudarla a vivir”.
Como los médicos del Hospital Blanca Paloma se negaban a retirar el instrumento que alimentaba a la paciente, la Junta de Andalucía intervino para que así se hiciera, en aplicación de la Ley de Muerte Digna de esa comunidad autónoma española.
“No es deber de un médico suspender la alimentación y la hidratación a una persona que se encuentra en un coma vegetativo, enfermedad crónica que no será la causa de la muerte –indicó el obispo-. Ante esto, es necesario reconocer el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios”.
Monseñor Vilaplana declaró que hay que estar siempre de parte de la vida humana, cualquiera que sea su desarrollo o su situación existencial.
“Debemos estar a favor de los últimos, de los débiles, de los incapacitados, para hacer valer sus derechos y, sobre todo, el derecho a la vida”, concluyó.
El obispo destacó que se ha sentido “como pastor de la diócesis, y en comunión con la Conferencia Episcopal Española y con la Asamblea de los Obispos del Sur, que se han pronunciado en varias ocasiones sobre el proceso de la muerte, en la obligación de iluminar las conciencias y de recordar el Magisterio de la Iglesia sobre el debido respeto a la dignidad y a la vida de todas las personas”.
Vía judicial
Por otra parte, la asociación Derecho a Vivir (DAV) presentó una petición para obtener la tutela judicial urgente del derecho a la vida de Ramona Estévez, este viernes en los juzgados de Huelva.
La entidad explica en un comunicado que solicitó así la intervención de la Administración de Justicia “para garantizar que Ramona Estévez, de 90 años, reciba los cuidados indicados por los médicos que la atienden”.
Además, DAV anunció que presentará en los próximos días una denuncia contra la consejera de Salud de Andalucía, María Jesús Montero, por ordenar una práctica eutanásica presuntamente contraria al ordenamiento jurídico español y por una posible vulneración del derecho fundamental a la objeción de conciencia.
La portavoz de Derecho a Vivir Gádor Joya advirtió que la sonda de alimentación “no es un tratamiento médico, sino un cuidado básico, como es la alimentación de toda persona; si dejan de alimentarla, morirá, y no de una forma precisamente digna”.
Joya declaró que “muchos médicos y ciudadanos preocupados por el empecinamiento del Gobierno en legalizar subrepticiamente la eutanasia, ya advertimos que con la Ley andaluza de Muerte Digna y con el proyecto de la Ley nacional empezaríamos a ver muy pronto en España casos como éste”.
Para la entidad, se trata de “prácticas eutanásicas disfrazadas de decisiones compasivas, así como desatención de los cuidados paliativos a los que todo paciente tiene derecho y vulnerabilidad cada vez mayor del médico en el ejercicio de su libertad de ciencia y de conciencia”.
