ROMA, viernes 9 diciembre 2011 (ZENIT.org).- En su último informe, “Sanos y salvos: ¿cómo los refugiados viven las fronteras europeas?”, el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR) pone al descubierto que los gobiernos europeos dificultan activamente la llegada de refugiados. Las oficinas sobre el terreno de este servicio confirman que estas prácticas deplorables no se limitan a Europa, sino que se están convirtiendo rápidamente en una norma en toda Asia y África.
Con motivo de que el mundo conmemora este 10 de diciembre el aniversario del documento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Servicio Jesuita a Refugiados –en un comunicado hecho público este 7 de diciembre- pide a los estados que: respondan con urgencia a todos los inmigrantes y refugiados que se encuentren en peligro en el mar y permitan que todos los que sean capturados puedan acceder a los procesos de tramitación que determinen si necesitan protección internacional; y poner fin a la práctica de la expulsión forzosa de inmigrantes a terceros países donde sus derechos humanos no puedan ser protegidos eficazmente.
“Sesenta años después de la adopción formal de la Convención de la ONU de 1951 para los Refugiados, muchos gobiernos siguen todavía inventando excusas para justificar el cierre de sus fronteras a los solicitantes de asilo en vez de encontrar soluciones duraderas al desplazamiento forzoso. Este enfoque lleva a un terrible sufrimiento humano, a la vez que ignora la obligación universal de proteger los derechos humanos de los migrantes forzosos», dijo el director internacional del SJR, Peter Balleis SJ.
La experiencia de un refugiado eritreo, publicada en este informe, es muy familiar. El barco en el que huía fue interceptado por funcionarios del estado griego, que les confiscaron el motor y dejaron abandonados a la deriva a sus ocupantes. A él le rescataron unos pescadores, pero al menos otras quince mil personas perdieron la vida tratando de encontrar seguridad en Europa desde 1994. Son innumerables los que se enfrentan a otras graves violaciones de los derechos humanos, tal y como han mostrado los recientes acontecimientos en Libia.
Ni siquiera aquellos que han conseguido llegar a Europa pueden considerarse a salvo. La investigación demuestra que la política de la UE –retornar a los solicitantes de asilo al primer estado miembro por el que entraron- presenta amplias variaciones en las prácticas de asilo de cada país en términos de calidad, acceso y salvaguardas.
En consecuencia, muchos refugiados son vulnerables a abusos, y pueden ser devueltos, directa o indirectamente, a sus países de origen, violando la ley internacional para los refugiados y los derechos humanos.
Numerosos estados en la región de Asia Pacífico caen reiteradamente en la ilegalidad al negar a los inmigrantes forzosos el acceso a su territorio, expulsando a los recién llegados sin considerar sus solicitudes de asilo.
Las autoridades tailandesas interceptan la entrada de los solicitantes de asilo rohingyas (de Birmania) en alta mar. Camboya, Malasia y Tailandia han devuelto a los solicitantes de asilo uigures a China antes de que se puedan estudiar sus solicitudes de asilo, y Australia, recientemente, ha retornado a Malasia a los que llegaban por mar. Aunque esta política ya se ha abandonado, por el momento, la tendencia es cada vez más a excluir.
En los últimos años, muchos países africanos –que siguen soportando una carga de refugiados mucho mayor que los países desarrollados– intentan evitar que más desplazados crucen sus fronteras.
Por ejemplo, Kenia ha cerrado en repetidas ocasiones sus fronteras con Somalia a los refugiados que huyen del conflicto, a la vez que expone a los refugiados a arrestos arbitrarios, golpes y otras violaciones de los derechos humanos, incluida la deportación forzosa.
Tanto Angola como Sudáfrica impiden de forma arbitraria que los refugiados que ya han cruzado un país de tránsito, como la República Democrática del Congo, Mozambique o Zimbabue, entren en sus territorios, alegando que podrían haber solicitado asilo en aquellos países. Desgraciadamente, tal y como mostró recientemente un estudio de la ONG Lawyers for Human Rights (Juristas por los Derechos Humanos), la falta de mecanismos de protección en estos países deja a los refugiados a merced de la persecución y de la explotación.
«Hacemos un llamamiento a los países europeos y a las naciones industrializadas para que ayuden a las naciones en desarrollo que acogen una cifra desproporcionada de migrantes forzosos. Esto se podría resolver, al menos en parte, reasentando a más refugiados en las naciones más ricas y destinando más recursos técnicos y financieros a los países de acogida más pobres», añadió el padre Balleis.
El informe fue presentado el 8 de diciembre en Bruselas. Los conferenciantes fueron: Guy Goodwin Gill; arzobispo Marchetto; la europarlamentaria Barbara Lochbihler (Los Verdes /Alemania); y Andrea Vonkeman de la Oficina Europea de la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR). Tres refugiados aportaron sus testimonios.
El Servicio Jesuita a Refugiados es una organización católica internacional cuya misión es acompañar, servir y defender la causa de los refugiados. Trabaja en más de 50 países. Emplea a 1.200 trabajadores: laicos, jesuitas y a otros religiosos para responder, entre otras, a las necesidades educativas, sanitarias y sociales de más de 500.000 refugiados y desplazados, de los cuales más de la mitad son mujeres.
Sus servicios se ofrecen a los refugiados independientemente de su raza, origen étnico o creencias religiosas.
Las 14 oficinas del JRS en Europa ofrecen servicios directos a los migrantes forzosos y a sus familias, incluyendo ayuda material como comida, alojamiento, así como asesoría legal y apoyo social.
Para más información: www.jrs.net
