ROMA, jueves 22 diciembre 2011 (ZENIT.org).- Por iniciativa de un grupo de mujeres que sufrieron esterilizaciones forzadas, el actual presidente Ollanta Humala ha pedido al fiscal de la nación que reabra la investigación sobre las esterilizaciones forzadas realizadas por el gobierno del expresidente Alberto Fujimori, en los años 90.
El diario católico francés La Croix publica este miércoles un artículo basado en reportajes e informaciones recogidas por un enviado especial del matutino en la zona andina del Cuzco.
Fujimori, al gobierno del 1990 al 2000, fue condenado a 25 años de prisión por violación de los derechos humanos, en dos masacres de civiles perpetradas por un “escuadrón de la muerte”, en la guerra sucia contra el grupo terrorista Sendero Luminoso.
En dicha condena no entran los casos de esterilizaciones forzadas o realizadas con engaño a más de trescientas mil mujeres y veinte mil hombres, a través de un programa de esterilización nacional.
La motivación de la campaña del expresidente ahora preso, era la de bajar la tasa de natalidad como un medio para bajara la pobreza. O sea, ironiza La Croix, bajar la pobreza eliminando a los pobres.
Entre las víctimas está Yony Qquellón, de una aldea cercana a la ciudad de Cuzco, que junto a otras doce mujeres levantó su voz contra el abuso sufrido.
En 1997 Yony tenía 23 años y estaba encinta de su cuarto niño. En el centro de Salud, le dijeron que le iban a hacer una limpieza y al despertar se enteró que le habían esterilizado. “Tendrías que agradecerle a Fujimori –le dijo la enfermera- pues aquí las mujeres hacen niños como los conejos”. La campaña fue lanzada en 1995 por el gobierno de Fujimori, llegando a trescientas esterilizaciones al día con el objetivo de llegar a ciento cincuenta mil al año.
La abogada del Instituto de defensa legal, Silvia Romero indicó que “se habla de una política de Estado que ha transformado la esterilización quirúrgica supuestamente voluntaria en una técnica única de control de la natalidad”, y añadió que “los informes hablan de chantajes, raptos, amenazas a las mujeres en particular en el interior del país”. Y les amenazaban que “serían llevadas a la cárcel, no recibirían ayuda alimentaria si tenían más de dos niños”.
La futura diputada Hilaria Supa, que en esa época organizaba clubes de deporte para las mujeres locales, explicó: “He descubierto un día que varias de mis jugadoras habían sido esterilizadas y tenían vergüenza de decírmelo”. Ella invita a las doce mujeres llamadas “heroínas de Anta” a sostener la demanda.
Otra de las mujeres es Hilaria Huaman, fue esterilizada a los 42 años, después de 12 partos. “Mi marido no lo ha aceptado nunca” reporta La Croix, pues “me dice que quería salir con otros hombres y me pega”. Maximiliana Quillayaman, otra de las víctimas fue al puesto sanitario de su pueblo, el personal le hizo firmar un papel cuyo contenido no entendía y le hicieron la ligadura.
El presidente de la Asociación nacional de los médicos del Ministerio de la Salud, Jesús Bonilla, indicó: “ Si no se alcanzaban las cuotas de esterilización, el personal era sancionado”. A tal punto que “una enfermera, para llenar su cuota de dos o tres esterilizaciones por meses y conservar su trabajo, se presentó como voluntaria para esterilizarse”.
<p>Eugenia Fernán, especialista de los derechos de la mujer, indicó “Las autoridades han fijado objetivos precisos de esterilizaciones para cada hospital, cada centro de curación. Han creado un tipo de competición para saber quien iba a esterilizar más”. Y la publicidad incluso se realizaba en las ferias populares.
El ministro de Salud del gobierno de entonces Alejandro Aguinaga sostiene todavía que “no han existido esterilizaciones forzosas” si bien reconoce errores aislados, donde efectivamente no se no han encontrado los documentos de aceptación de las mujeres operadas”.
Otro caso fue el de Victoria Vigo que perdió a su bebé prematuro durante un parto difícil. “He caído en depresión –dijo–, y el doctor intentaba consolarme indicándome: “Eres todavía joven, puedes tener otro niño”, cuando otro operador me dijo que no era posible porque había sido esterilizada”.
Después de siete años de batalla legal, Victoria Vigo es la única mujer que logró obtener una condena contra el médico que la había esterilizado sin informarla.
La justicia no llega tampoco a las familias de las diecisiete mujeres que murieron por complicaciones postoperatorias. Solamente la familia de una de ellas, Mamérita Mestanza, ha obtenido una compensación estatal peruana gracias a la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos los demás casos de muertes por complicaciones postoperatorias fueron archivados.
