BOGOTÁ, miércoles 8 febrero 2012 (ZENIT.org).- La Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) trabaja para reestructurarse y renovar la manera de evangelizar a los colombianos, en un momento de muchas dificultades pero también de esperanza. Así lo planteó su presidente, monseñor Rubén Salazar Gómez, en la alocución inaugural de la XCII Asamblea Plenaria del Episcopado.
Del 6 al 10 de febrero, aproximadamente 90 obispos católicos se reúnen en Asamblea en Bogotá, para analizar la realidad eclesial y nacional y promover alternativas de acción y de mejoramiento.
Monseñor Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, aseguró que vivimos en una sociedad con un conflicto “crónico que hunde sus raíces en muchos acontecimientos y situaciones que a lo largo de nuestra ya larga historia han ido creando una sociedad inequitativa, desigual, con elementos altamente preocupantes de injusticia estructural”.
Afirmó que el Estado “ha sido débil, sin presencia efectiva en todo el territorio nacional, lo cual ha permitido que fuerzas al margen de la ley se tomen vastas zonas del país en donde imponen a sangre y fuego su propia ley. La implementación incipiente de las leyes de reparación de víctimas y de restitución de las tierras a los despojados nos ha revelado el mapa aterrador de millones de personas que, por diversos motivos, han sido víctimas de atropellos que han violado profundamente sus derechos fundamentales.
Nos ha mostrado también cuántas fuerzas han “capturado” al Estado colombiano y le impiden cumplir su tarea primordial de salvaguardar los derechos ciudadanos y promover el cumplimiento de los deberes correspondientes.
El conflicto armado –el elemento más visible y destructor del conflicto social imperante- continúa segando vidas, destruyendo comunidades, impidiendo la convivencia pacífica de los ciudadanos”, subrayó el presidente de los obispos colombianos.
Precisó sin embargo que esta misma situación “empieza a cambiar y nos ofrece elementos altamente esperanzadores. Hemos tomado conciencia clara de que todos –Estado y sociedad civil, con el compromiso de todos los ciudadanos- estamos invitados a participar en la reparación de los daños causados por la injusticia y a poner el piso legal adecuado para la consolidación de un auténtico estado de derecho”.
“Estamos experimentando una recuperación económica que ha permitido mejorar lentamente los niveles de bienestar de la población, al favorecer que un número creciente de personas participen de las condiciones que les permitan una vida digna. El Estado empieza a tomar la decisión de implementar los mecanismos para que la riqueza llegue a los millones de colombianos que continúan viviendo en condiciones deplorables de pobreza y de miseria que los excluye y los margina de la vida ciudadana. Se trata de una toma de conciencia creciente que abre horizontes nuevos para que Colombia deje definitivamente atrás lo que ha impedido la paz y consolide procesos claros de búsqueda de la justicia y la solidaridad que garanticen una verdadera convivencia de todos los colombianos”, dijo.
Manifestó que se trata de buscar entre todos “los caminos que permitan superar el conflicto social y encontrar también caminos de negociación con la insurgencia armada para que cesen su guerra sin sentido y aporten a la construcción conjunta de una sociedad más justa, más fraterna, más solidaria”.
Para ello se hace urgente encontrar “un marco jurídico nuevo que permita a la justicia restablecer el orden perturbado para que podamos vivir en un estado en el que todos los derechos humanos sean respetados y promovidos y se castigue con prontitud las violaciones que impiden una auténtica convivencia ciudadana y la promoción certera de la dignidad humana”, añadió en su alocución inaugural.
Monseñor Salazar Gómez aseguró que, con el trabajo perseverante de evangelización en Colombia, “en un momento dado de nuestra historia parecía evidente que el Evangelio había penetrado en las estructuras sociales y en la conciencia de las personas. Llegamos a hablar de una sociedad cristiana en nuestra Patria. El bautismo era el sacramento común a todos los colombianos. Todos, con raras excepciones, se declaraban miembros de la Iglesia. Todo en el entorno favorecía la profesión de la fe”.
Sin embargo esa realidad “fue cambiando poco a poco”. En vez “de un ambiente propicio a la fe, hoy lo evidente es poner en tela de juicio el Evangelio y sus valores, la Iglesia y su enseñanza; lo válido es prescindir totalmente de la referencia a Dios en la vida personal y comunitaria. Se tiende espontáneamente a vivir “como si Dios no existiera”.
Agregó que para muchos cristianos “la práctica de la fe se ha vuelto monótona y sin ningún dinamismo. Viven su vida cristiana por obligación…”.
El presidente del Episcopado recordó una encuesta publicada el 24 de diciembre de 2011 por el diario El Tiempo, según la cual ocho de cada diez colombianos “se declaran católicos, pero ni siquiera la mitad de ellos lee la Palabra de Dios o participa en la celebración de la Eucaristía. Un porcentaje altísimo –más del 90% de los encuestados- no acepta la moral sexual y matrimonial proclamada por la Iglesia. Una lectura crítica de estos datos nos habla claramente de un divorcio entre la fe pretendida y la vida real”.
Por ello esta Asamblea Plenaria se desarrolla en un momento “en el que el contraste de las luces y las sombras se hace más impactante, en el que la lucha del bien contra un mal fuerte y generalizado adquiere características nuevas que requieren armas nuevas tanto en el campo ético como moral…de grandes dificultades pero también de preciosas oportunidades para la Iglesia…”.
Recordó que la Conferencia Episcopal, con su Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano (SPEC), “trata de apoyar de la mejor manera el trabajo evangelizador en cada una de las jurisdicciones eclesiásticas, de tal manera que el Evangelio pueda incidir en la construcción de una sociedad más justa y fraterna”.
Y concluyó afirmando que, con el análisis de la realidad y sus retos, con un Plan Global para los próximos nueve años comprendidos entre el 2012 y el 2021, se espera “llevar adelante un verdadero proceso de trabajo”, que permita una acción continuada y coherente de apoyo para “prestar un servicio cada vez mejor a los procesos de evangelización que se llevan a cabo en las diferentes jurisdicciones eclesiásticas”.
