La decisión de la Audiencia de Barcelona de absolver al empresario del aborto Carlos Morín y a todo su equipo “es un escándalo judicial sin precedentes que ayuda a la impunidad del negocio abortista en España”, dijo la plataforma Derecho a Vivir este jueves 31, cuando se conoció la noticia de la absolución de Carlos Morín,propietario de clínicas abortistas, su esposa y su equipo.

En su momento (ver:http://www.zenit.org/article-25651?l=spanish), los abortos practicados en España, que se conocieron por un trabajo de investigación de periodistas de fuera del país, conmovieron a la opinión pública internacional por la crueldad de los métodos utilizados y la práctica de abortos completamente ilegales y en avanzado estado de gestación. El caso es que España se convirtió, mediante las clínicas de Morín, en el “coladero” de Europa en cuanto a aborto se refiere. Después del escándalo, se esperaba una sentencia justa, en cambio esto es lo que hay.

La portavoz de la plataforma Derecho a Vivir, Gádor Joya, denunció ayer, nada más conocer la sentencia, que “la grave injusticia cometida por la Audiencia de Barcelona es una patente de corso para la práctica del aborto ilegal” y exige al Gobierno que “deje de mirar para otro lado y acabe con una ley que permite que cientos de morines actúen de forma impune”.

“Es lamentable que delincuentes como Carlos Morín se hayan beneficiado de una ley permisiva que ha llevado a la eliminación en serie de miles de seres humanos”, subrayaba Joya.

Mientras, el Gobierno –añade Joya- “sigue sin dar un paso al frente para frenar la sangría del aborto. Es urgente que el Gobierno actúe. Cada día que pasa un número creciente de abortos y sufrimiento pesa en su gestión”, concluye.

Por su parte, el presidente de la Federación Internacional de Asociaciones de Médicos Católicos (FIAMC), Miguel Castellví, afirmaba también ayer que este fallos judicial “significa, en la práctica, que el aborto provocado no se castiga ni se castigará nunca en España. Pase lo que pase. Sean cientos o miles. Sean cuales sean los supuestos legales”.

“No importa –añade- la minuciosa investigación periodística europea de años, ni las pruebas aportadas ante los jueces, ni las trituradoras con ADN humano halladas en sus clínicas, ni los casos minuciosamente seleccionados para que fueran realmente ajustados a la ley, ni los fetos de 7, 8 ó 9 meses de gestación, ni los 300 años que pedía el fiscal. Nada. No hay en España ningún juez que tenga la hombría de castigar lo poco castigable que permite la laxa legislación española”.

“Ya sabíamos lo de la relativa aceptación social del aborto --subraya--. Ya sabíamos que los fiscales casi nunca acusan de estos crímenes. Que la policía científica apenas investiga en los abortorios. Que los legisladores han siempre tomado el pelo a los defensores de la vida. Que el ejecutivo mira hacia otro lado cuando se trata de los abortos. Que la maternidad se protege casi nada en España. El caso Morín fue un escándalo tan grande, que hasta la prensa, el colegio de médicos y la opinión pública se conmovieron en su momento: ¡no se podían tolerar unos crímenes como aquellos! Pero, nada, no pasa nada”.

Y concluye: “Me muerdo la lengua y no suelto exabruptos porque represento a todos los médicos católicos del mundo y la Iglesia no se merece que exprese lo que desearía. Como cristiano no puedo maldecir a los jueces que han visto este caso: se han maldecido solos. Solo espero que el Señor de la Vida ponga cordura en este país nuestro”.