El ente de la Unión Europea contra el reciclaje, la Moneyval aprobó hoy en Estrasburgo el Informe de Progreso (Progress Report) del Estado Ciudad del Vaticano, una nueva certificación positiva después del Informe de Mutua Evaluación (Mutual Evaluation Report) aprobado el 4 de julio del año pasado.
Lo indicó hoy por la noche, la Oficina de Prensa de la Santa Sede, en un comunicado en el que se precisa que la evaluación ha sido aprobada por el plenario de la Moneyval.
La nueva certificación no significa una revisión del “rating” que es formulado en el Informe de Mutua Evaluación, sino un control en el que la Moneyval definió “bienvenidas” las mejoras y clarificaciones aportadas a las estructuras legales de la Santa Sede y al Estado de la Ciudad del Vaticano, confirmando que “se realizaron progresos significativos”.
A pedido del Vaticano, la Moneyval aceptó realizar una evaluación sobre los progresos obtenidos, y por ello informe contiene un análisis confrontando la actual situación según los parámetros internacionales.
“La certificación del Progress Report confirma los esfuerzos importantes que la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano han obtenido para reforzar sus instrumentos legales e institucionales” afirmó el subsecretario para las Relaciones con los Estados, Mons. Antoine Camilleri, a cargo de la delegación de la Santa Sede en la plenaria de la Moneyval. El Progress Report será publicado integralmente el próximo jueves en el sito de la Moneyval.
Los resultados claves a nivel legislativo
A partir del 4 de julio, tres Motu Proprio del papa Francisco, junto a una serie de nuevas leyes reforzaron el trabajo de la Autoridad de Información Financiera (AIF) del Vaticano y volvieron más preciso el marco legal sobre la legislación penal, la transparencia e información financiera, las tareas de vigilancia y los requisitos para combatir con eficacia el reciclaje de dinero.
Se realizaron para ello enmiendas contra el reciclaje, con la ley del 14 de diciembre de 2012 que mejoraban las dos enmiendas ya realizadas a la del 2011.
El papa Francisco escribió además el 11 julio de 2013 un nuevo Motu Proprio sobre las leyes en materia penal que encaran de una manera más rígida las responsabilidades administrativas de las personas jurídicas ante los delitos, así como medidas eficaces para confiscar y congelar los bienes o secuestrarlos. Extendió además la jurisdicción del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano en materia de actos criminales, cometidos por oficiales públicos de la Santa Sede en sus funciones, también afuera del Vaticano. Además se creó el cuadro jurídico para delitos administrativos.
Se suma a todo esto, el Motu Proprio del papa Francisco del 8 de agosto de 2013 y el Decreto sobre normas en materias de transparencia, vigilancia e información financiera en el que se refuerza la función de vigilancia de la AIF y se establece la función de ‘vigilancia prudencial’ de los entes que realizan actividad financiera. Crea además el Comité de Seguridad Financiera, para coordinar las autoridades de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, en el sector de prevención y lucha al reciclaje y financiamiento del terrorismo. Esto de acuerdo con los parámetros internacionales.
Se añade el último Motu Proprio del 18 de noviembre de 2013, en el que el papa Francisco establece una nueva estructura organizativa del AIF, con roles y responsabilidades propias de sus órganos, lo que le permite a la AIF ejercitar sus funciones institucionales en plena autonomía e independencia.
Los resultados claves a nivel operativo
Los principales resultados son una fuerte cooperación internacional del órgano de vigilancia financiera, que además fue admitido en el Egmont Group y firmó en los últimos meses protocolos de entendimiento con Alemania, Bélgica, España, Estados Unidos, Esolvenia y Países Bajos y seguirá haciéndolo con otros países, indica el comunicado.
Se revisó además en el 2012 el database que contiene los datos de los clientes del Instituto para las Obras de Religión (IOR) y se inició un control profundo de los clientes basados en la documentación y el análisis de las transacciones, procedimiento todavía en curso. Se definió quiénes son los clientes que pueden acceder a los servicios del IOR.
Desde que fue adoptado el Informe de Mutua Evaluación se observa un aumento continuo de la información sobre actividades sospechosas, sobre las cuales se iniciaron intercambios de informaciones con unidades de información financiera de diversos países.
