España tiene un grave problema de pobreza infantil. Lo dice Cáritas, lo ratifican otras ONG y lo confirma también un informe del propio Gobierno. Todos ellos desmienten al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que el pasado viernes aseguró que los estudios de la organización socio caritativa de la Iglesia «no se corresponden con la realidad» porque sólo se basan en «mediciones estadísticas».
Se da la circunstancia de que estas cifras proceden de las mismas fuentes que usan tanto el Ejecutivo como las ONG: Cáritas utilizó en su estudio datos del INE, dependiente del Ministerio de Economía, y del ente europeo Eurostat. Así que, cuando Montoro desautorizó a Cáritas, desacreditó también al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, del que depende el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016.
El informe oficial de este plan, centrado en la lucha contra la pobreza infantil y la protección de las personas vulnerables y presentado en el mes de octubre, señala: «La pobreza infantil afecta a algo más de 2,2 millones de menores en España, 300.000 más que en 2008. […] En la UE, el aumento de la tasa de pobreza infantil entre 2008 y 2012 ha sido la mitad que el de España».
Estas «mediciones estadísticas», publicadas en 2013 por Eurostat, son las mismas que maneja Cáritas, que el pasado jueves informó de que España es el segundo país de la Unión Europea (UE) con el mayor índice de pobreza infantil, superado sólo por Rumanía. En ese informe se añadía también que las medidas de austeridad han generado más pobreza y que hay un millón y medio de hogares españoles en los que hay exclusión social severa.
Al día siguiente, el ministro pidió a esta entidad eclesial que no «provoque» debates en este sentido, y señaló que los informes «sistemáticos» que elabora Cáritas «son de contenido puramente estadístico».
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montoro explicó que «cuando se habla en términos estadísticos, se está hablando de otro umbral de renta que lleva a la pobreza» y que sitúa a España en peor lugar que a otros países de la UE con rentas per cápita muy inferiores. Y añadió que en las presentaciones públicas de los citados informes «se mezclan conceptos».
El titular de Hacienda se refirió también a la propuesta realizada por Cáritas de destinar a erradicar la pobreza parte de lo que el Gobierno va a utilizar para «rescatar las autopistas». En este sentido, indicó que la pobreza se reduce con crecimiento económico, empleo y políticas de cohesión social.
Por último, aseguró que esta explicación se la ha trasladado a los representantes de Cáritas y que, pese a estar «de los más razonable, escuchar y coincidir» con sus tesis, «luego siguen haciéndolos [los informes]».
Tras las críticas recibidas desde diferentes instancias por dudar de los informes de esta organización de la Iglesia católica, Montoro intentó este lunes huir de la «polémica» y reconoció que va a buscar «coincidencias en los planteamientos».
Pero lejos de apagarse la controversia, el grupo parlamentario de Unión Progreso y Democracia (UPyD) exigió al Gobierno que pida «excusas» a Cáritas por «poner en duda» sus estadísticas sobre la pobreza en España.
En un comunicado difundido ayer, esta formación política considera que el ministro de Hacienda hizo afirmaciones «injustificadas» al afirmar que sus conclusiones no se corresponden con la realidad.
«El informe FOESSA, promovido por Cáritas, es un documento serio, con metodología homologada, que debería merecer del Gobierno mayor respeto y atención», subraya UPyD.
Por su parte, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril lo tiene claro: «Estoy al lado de Cáritas».
