El Gobierno y los obispos de Ecuador concordaron en bajar los tonos de la polémica nacida tras la carta de protesta que el Gobierno del presidente Rafael Correa presentó a la Nunciatura en el país andino “por el involucramiento de uno de sus representantes en asuntos políticos, lo cual está prohibido por el derecho canónico y el acuerdo con la Santa Sede”, según la misiva enviada.
El anuncio se da en torno a las recientes declaraciones políticas del arzobispo de Guayaquil, monseñor Antonio Arregui, respecto al proceso de diálogo convocado por el Gobierno, informó la agencia pública de noticias Los ANDES.
El 1 de septiembre el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Fausto Trávez, y el canciller Ricardo Patiño, se reunieron en el edificio principal de la diplomacia ecuatoriana para “buscar una salida a los difíciles momentos entre el Gobierno y la Iglesia, luego de que el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, dijo que monseñor Antonio Arregui, arzobispo de Guayaquil, era un «recadero de la derecha» y que debería dialogar con «los homosexuales »”, según indicó el diario El Comercio.
Este jueves, los obispos de Ecuador publicaron un comunicado en el que califican de “desafortunadas declaraciones de exponentes del Ejecutivo”, y entienden “el deseo de superar la situación creada”.
Por su parte el embajador de Ecuador ante la Santa Sede, Luis La Torre, le indicó hoy en Roma a ZENIT, que “debido a lo delicado del tema, está siendo tratado directamente entre la Cancillería y la Nunciatura, si bien se ve que se están dando los pasos necesarios para solucionar el percance”.
A continuación el texto completo de la declaración de los obispos:
En la compleja situación presente del país, los obispos de la Conferencia Episcopal no pueden dejar de ofrecer su colaboración con el pueblo ecuatoriano para “afrontar los desafíos actuales, valorando las diferencias, fomentando el diálogo y la participación sin exclusiones” (Papa Francisco, Discurso en la ceremonia de bienvenida, 5 de julio de 2015).
Apreciamos mucho las recientes expresiones manifestadas por autorizados representantes gubernamentales, en las que reconocemos el deseo de superar la situación creada por las desafortunadas declaraciones de exponentes del Ejecutivo, ya que éstas implicaban una limitación del derecho de los pastores de la Iglesia a ejercer su misión propia de iluminar con el Evangelio las realidades y situaciones sociales.
La legitimidad con que los obispos actúan ejerciendo su magisterio social se corresponde con la libertad de todos los ciudadanos, solos o asociados, en participar, cada uno desde su ámbito específico, y bajo su propia responsabilidad, a la construcción del bien común. Es doctrina ordinaria de la Iglesia que una real justicia social implica siempre garantías de libertad.
Por otra parte, esperamos que se supere, por los mismos canales oficiales, la situación creada por la Nota Verbal de protesta entregada a la Nunciatura Apostólica por el Gobierno nacional, ya que no se compadece con el respeto a esta libertad propia de la Iglesia. Este paso favorecerá, de manera concreta, las condiciones de diálogo y de respeto.
