Las formaciones políticas partidarias de la independencia obtuvieron en las elecciones catalanas del 27 de septiembre la mayoría absoluta en escaños: Junts pel Sí sumó 62 y la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), otros diez. Entre ambas agrupaciones alcanzaron 72 asientos en el Parlamento de Cataluña, cuatro más de los 68 necesarios para asegurarse la hegemonía. Sin embargo, no superaron el 50 por ciento de los votos.
Estas dos formaciones obtuvieron sus mejores resultados en las provincias menos pobladas, sobre todo en Girona y Lleida, que relativamente eligen más diputados. En cambio, los partidos no secesionistas –que lograron en total 63 representantes– se impusieron con claridad en Barcelona, provincia que concentra el 75 por ciento de los sufragios pero solo reparte el 60 por ciento de los escaños. En este sentido, la victoria del nacionalismo catalán se debe a que un voto en Lleida vale 2,4 veces más que uno en Barcelona.
La situación que ha dibujado el 27-S es compleja. Si la CUP se abstiene, como ha anunciado, el resto de las fuerzas con representación parlamentaria podrían sumar sus votos en contra e impedir la investidura del actual presidente de la Generalitat. Ciertamente, el resultado de los comicios ha puesto de manifiesto que la ciudadanía catalana esta fracturada en dos bloques, de distinta aunque similar dimensión.
Ante esta posibilidad, el cardenal arzobispo de Valencia, Mons. Antonio Cañizares, llamó a “orar por España y su unidad” en una carta pastoral difundida cinco días antes de la cita con las urnas. Así, el purpurado valenciano convocó a una vigilia el pasado viernes en la catedral, citando un texto de la Conferencia Episcopal de 2002: “Poner en peligro la convivencia de los españoles, negando unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que esta negación podría acarrear, no sería prudente ni moralmente aceptable”, dijo.
La posición de los obispos sobre este particular sigue siendo la misma desde que en 2006 aprobaran la Instrucción Pastoral Orientaciones morales ante la situación actual de España. En esta, solicitan “elevar oraciones a Dios en favor de la convivencia pacífica y la mayor solidaridad entre los pueblos de España (…) salvaguardando los bienes comunes y reconociendo los derechos propios de los diferentes pueblos integrados en la unidad histórica y cultural que llamamos España”.
Por su parte, la Conferencia Episcopal Tarraconense, en la que están representadas las dos provincias eclesiásticas de Cataluña, emitió un comunicado fechado el 7 de septiembre declarando que “no le toca a la Iglesia proponer una opción concreta, pero sí que defendemos la legitimidad moral de todas las opciones políticas que se basen en el respeto a la dignidad inalienable de las personas y de los pueblos, y que busquen con constancia la paz y la justicia”.
A raíz del previsible escenario que se presenta en la Comunidad Autónoma de Cataluña después del domingo, las llamadas al diálogo centran la atención política, empresarial y mediática.
