Mons. Arizmendi (Foto ZENIT cc)

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De Constitución a Constitución

Sobre la nueva carta magna de la Ciudad de México,

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VER

El 5 de febrero se cumplieron cien años de que fue aprobada la actual Constitución Política de nuestro país, en 1917, con sus 136 artículos. Sin embargo, se le han hecho tantas modificaciones, que sólo 22 de sus artículos originales se conservan intactos. Según expertos, con las 695 reformas que ha recibido, sólo queda el 1.7 por ciento del texto original. Esto plantea la discusión si es necesaria la redacción de un nuevo texto. Con todo, lo más importante no es tanto una ley escrita, sino su observancia en todo aquello que sea justo y legítimo, así como la lucha por cambiar lo que no corresponda a unos derechos humanos que no fueran del todo reconocidos. Las leyes humanas dependen mucho de quienes las elaboran y, por tanto, están sujetas a revisión y a cambios.

En la primera redacción de ese cuerpo legislativo, hubo el anhelo de dar a nuestra patria un marco más estable y orgánico. Se defendieron más los derechos de los trabajadores. Se promovía la distribución y la posesión comunitaria de la tierra. Sin embargo, se marcaban las pautas para una educación controlada por el Estado. Se desconoció, jurídicamente, la existencia de la Iglesia, como una forma de quitarle el poder político y económico que, por razones históricas comprensibles de aquel tiempo, había tenido en el pasado. Como no había gobiernos estables, la Iglesia suplió al Estado en todos los servicios que éste no proporcionaba, como escuelas, hospitales, panteones, registro civil, etc. En la Constitución de 1917, se violó el derecho a la libertad religiosa; por ello, cuando se quiso poner en práctica en su radicalidad, se levantaron muchos católicos en lo que se llamó la persecución religiosa y la guerra “cristera”. Fue hasta 1992 que esos artículos cambiaron, para reconocer algunos derechos de las diversas iglesias a una mayor libertad, que, hasta la fecha, no es la suficiente para cumplir nuestra identidad y misión. Pero a nuestros legisladores actuales no les interesa en lo más mínimo mejorar esas leyes, aunque se declaren creyentes, pues son otras sus miras y sus inquietudes.

Recientemente, se ha aprobado otra Constitución, la de la Ciudad de México, dizque para poner a esta capital en la avanzada no sólo del país, sino del mundo. Habría que conocer quiénes fueron sus redactores, para apreciar ciertamente sus avances, pero también para lamentar sus ideologías contra la vida humana y contra la familia. Si fueron elegidos en su mayoría mañosamente los de una tendencia, nada extraño que sus leyes reflejen no los anhelos de los ciudadanos, sino una línea ideológica. Ya se aprobó sin consulta ni aprobación por los habitantes de la capital. ¿Eso es democracia?

PENSAR

El Papa Francisco, en La alegría del Evangelio, proclama “la libertad religiosa como un derecho humano fundamental. Incluye la libertad de elegir la religión que se estima verdadera y de manifestar públicamente la propia creencia. Un sano pluralismo, que de verdad respete a los diferentes y los valore como tales, no implica una privatización de las religiones, con la pretensión de reducirlas al silencio y la oscuridad de la conciencia de cada uno, o a la marginalidad del recinto cerrado de los templos, sinagogas o mezquitas. Se trataría, en definitiva, de una nueva forma de discriminación y de autoritarismo. El debido respeto a las minorías de agnósticos o no creyentes no debe imponerse de un modo arbitrario que silencie las convicciones de mayorías creyentes o ignore la riqueza de las tradiciones religiosas. Eso a la larga fomentaría más el resentimiento que la tolerancia y la paz” (255). A la hora de preguntarse por la incidencia pública de la religión, hay que distinguir diversas formas de vivirla. Tanto los intelectuales como las notas periodísticas frecuentemente caen en groseras y poco académicas generalizaciones cuando hablan de los defectos de las religiones y muchas veces no son capaces de distinguir que no todos los creyentes –ni todas las autoridades religiosas– son iguales. Algunos políticos aprovechan esta confusión para justificar acciones discriminatorias” (256).

ACTUAR

Conozcamos nuestra Constitución; valoremos tantas cosas buenas que tiene; pero también seamos críticos en sus limitaciones. Vayamos pensando en qué diputados y autoridades federales elegiremos en próximos comicios, para que impulsen los cambios que nosotros consideremos necesarios.

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Felipe Arizmendi Esquivel

Nació en Chiltepec el 1 de mayo de 1940. Estudió Humanidades y Filosofía en el Seminario de Toluca, de 1952 a 1959. Cursó la Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca, España, de 1959 a 1963, obteniendo la licenciatura en Teología Dogmática. Por su cuenta, se especializó en Liturgia. Fue ordenado sacerdote el 25 de agosto de 1963 en Toluca. Sirvió como Vicario Parroquial en tres parroquias por tres años y medio y fue párroco de una comunidad indígena otomí, de 1967 a 1970. Fue Director Espiritual del Seminario de Toluca por diez años, y Rector del mismo de 1981 a 1991. El 7 de marzo de 1991, fue ordenado obispo de la diócesis de Tapachula, donde estuvo hasta el 30 de abril del año 2000. El 1 de mayo del 2000, inició su ministerio episcopal como XLVI obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, una de las diócesis más antiguas de México, erigida en 1539; allí sirvió por casi 18 años. Ha ocupado diversos cargos en la Conferencia del Episcopado Mexicano y en el CELAM. El 3 de noviembre de 2017, el Papa Francisco le aceptó, por edad, su renuncia al servicio episcopal en esta diócesis, que entregó a su sucesor el 3 de enero de 2018. Desde entonces, reside en la ciudad de Toluca. Desde 1979, escribe artículos de actualidad en varios medios religiosos y civiles. Es autor de varias publicaciones.

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