(zenit – 9 junio 2020).- Esta semana comenzó el juicio contra los responsables de los asesinatos de los jesuitas españoles en El Salvador, un proceso iniciado hace más de diez años e impulsado por los jesuitas y por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE).
Dicha asociación presentó hace un año la acusación contra el coronel Inocente Montano Morales y el teniente René Mendoza Vallecillos, del Ejército de la República de El Salvador, por el asesinato, en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, de los sacerdotes jesuitas españoles Ignacio Ellacuría Beascoechea, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo, y del también sacerdote jesuita Joaquín López López, la empleada Julia Elba Ramos y la hija de ésta Celina Mariceth Ramos, los tres últimos de nacionalidad salvadoreña.
El juicio comenzó el lunes, 8 de junio de 2020, en Madrid, y es transmitido en directo, para de esta forma dar cumplimiento -en tiempos de COVID 19- al principio de publicidad y oralidad de los debates de la justicia penal.
Prescripción de delitos
Las sesiones se han iniciado con el planteamiento y resolución de la reciente solicitud del acusado Mendoza de que se excluya su responsabilidad penal por la prescripción de los delitos que se le imputan, señala la Asociación Pro Derechos Humanos.
Yushi René Mendoza Valdecillos era un joven oficial del Ejército Salvadoreño cuando los hechos tuvieron lugar, indica APDHE y “ha mantenido desde entonces una posición procesal de colaboración con la justicia y reparación de las víctimas, para el completo esclarecimiento de los hechos, la instrucción de la causa y la celebración de este juicio”.
Operativo militar del ejército
El director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad José Simeón Cañas (UCA), padre José María Tojeira, ex provincial de los jesuitas centroamericanos, narra en Vatican News memoria de lo sucedido aquel 16 de noviembre relata: “Cuando a las 6:30 de la mañana del 16 de noviembre de 1989 fuimos a ver los cadáveres de nuestros compañeros y de la que varios años fue cercana colaboradora y su hija, nos dimos cuenta de que se trataba de un operativo militar dirigido desde el Estado Mayor del ejército salvadoreño”.
Tal y como describe la asociación española, dichas estructuras paralelas del ejército salvadoreño emplearon “procedimientos clandestinos de guerra sucia y terrorismo de estado durante el conflicto armado interno en el país centroamericano” con la finalidad de alterar la paz pública e infundir terror en la población mediante acciones tales.
Ejecuciones extrajudiciales de opositores, ataques indiscriminados contra la población, desapariciones forzadas, torturas y otros atentados contra la vida y la integridad física y moral de las personas… entre los que cabe destacar el asesinato en 1980 de monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, y sucesivos ataques con bombas contra la sede de la Universidad Centro Americana, UCA, que en ningún caso podía ser considerada un objetivo militar.
Asesinato de Ignacio Ellacuría
Ignacio Ellacuría S.J. (C) Vatican News
Esa cadena de agresiones manifiestamente violatorias del Derecho Internacional Humanitario, culminó en 1989 con el asesinato de Ignacio Ellacuría y sus compañeros, decidido por el Estado Mayor del Ejército Salvadoreño, y ejecutado de manera premeditada y alevosa por el Batallón Atlacatl que acabó con la vida de todas las víctimas por heridas múltiples de arma de fuego.
Treinta años después del asesinato de los jesuitas en El Salvador, la APDHE reitera su compromiso de seguir acompañando a las víctimas en esas causas por la justicia, y defendiendo el ejercicio de la jurisdicción universal en nuestros tribunales al tiempo que propugna la recuperación del marco legislativo por dos veces indebidamente restringido por nuestros legisladores con incumplimiento de las obligaciones previamente contraídas por España.
Un plan pensado y ejecutado
Los jesuitas de Centro América y de la Universidad José Simeón Cañas, por su parte, anunciaron en un comunicado publicado el 8 de junio que quienes decidieron el asesinato de los jesuitas de la UCA, de Julia Elba y su hija Celina, saben perfectamente que no perpetraron “simples asesinatos”.
Los religiosos aseguran que la masacre “fue el resultado de un plan pensado y ejecutado, en la lógica del terrorismo de Estado, calificado como un crimen de lesa humanidad y crimen de guerra” e indican que “mataron a personas inocentes, personas de bien, que dedicaron su vida a defender a los pobres, a impulsar la justicia social y promover el bien común desde la razón y el conocimiento académico”.
