(zenit – 18 junio 2020).- La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española ha emitido una nota sobre el Proyecto de Ley de Educación publicado por el Gobierno español durante el “estado de alarma” ocasionado por la pandemia del coronavirus.
Según informa la Confederación Española de Colegios Concertados (CECE), esta Ley elimina la demanda social como criterio de programación de plazas gratuitas y permite la distribución del alumnado por la administración educativa sin tener en cuenta la libertad de elección de los padres.
También habla de un derecho a la educación pública que difiere del mero derecho a la educación reconocido en la Constitución; introduce la figura de un comisario político en los centros concertados; y posterga la enseñanza de la Religión, imponiendo una nueva asignatura en valores éticos y cívicos que no se apoya en valores consensuados.
Del mismo modo, limita la autonomía de los centros, arremete contra la educación diferenciada y pone en duda la supervivencia de los centros específicos de Educación Especial.
Derecho a la educación y a la libertad
Dado que este Proyecto de Ley afecta a toda la sociedad española y al futuro de todos, la Comisión para la Educación y la Cultura, tras examinarlo, insiste “en la necesidad de proteger y promover el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, tal como se explicitan en la Constitución y en su interpretación jurisprudencial”.
Igualmente, el comunicado expresa la preocupación de que “se recojan plenamente las consecuencias de estos principios en la nueva Ley, y en primer lugar el respeto por la responsabilidad y los derechos de los padres en la educación de los hijos”.
“Si el Estado tiene una tarea principal en la defensa y la promoción del bien de la educación para todos, no es sin embargo el sujeto del derecho educativo”, aclara.
En este sentido, se expone como necesario que, a diferencia del actual Proyecto, “la futura Ley siga recogiendo la ‘demanda social’ en todas las etapas del proceso educativo, desde la libertad de elección de centro escolar, que incluye la gratuidad de la enseñanza sin discriminaciones, al trato en igualdad de condiciones de los diversos centros y a la libertad para su creación”.
Asignatura de Religión
Debido a que la formación integral es un principio educativo recogido también por la Constitución Española, la Comisión apunta que, en consecuencia, “no puede excluirse del ámbito escolar la educación de la dimensión moral y religiosa de la persona, de modo que ésta pueda crecer como sujeto responsable y libre”, recogida en la asignatura de Religión y reconocida en otros sistemas educativos europeos.
Del mismo modo, insiste en que dicha materia “no puede plantearse de manera ajena a la identidad cultural, moral y religiosa de la persona” y que el conocimiento de la sociedad actual “no se entendería sin conocer y comprender la fe cristiana”: “Conocer y comprender la propia realidad es el método adecuado para poder luego actuar con libertad”.
El texto clarifica también que la asignatura de Religión “puede ser integrada de varios modos en el área de conocimiento que le corresponda en el currículo, de modo que no se generen para nadie agravios comparativos y debe ser una asignatura comparable a otras asignaturas fundamentales” y, por tanto, evaluable de igual manera.
Disponibilidad para el diálogo
Además, el comunicado subraya que estos derechos y libertades, estos bienes relativos a la educación, recogidos en la Constitución, “han sido también confirmados en varias ocasiones por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional” y están contenidos en los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede.
Finalmente, la Conferencia Episcopal Española recuerda que no se puede ignorar el marco jurídico fundamental, que, “defendiendo los derechos y libertades fundamentales, constituye la base no solo de nuestro ‘pacto social’, sino también de un muy deseable ‘pacto escolar’” y ofrece su “plena disponibilidad” para dialogar y colaborar en el proceso de preparación de la nueva Ley de Educación.
