Por: Enrique Villegas.
Fue en 2017 que la ex presidenta socialista de Chile, la sra. Michelle Bachelet, envió al Congreso del país una iniciativa para legislar en torno al así llamado “matrimonio igualitario”. La iniciativa estuvo congelada desde entonces. Cuatro años más tarde, y sin ninguna presión de sectores de la sociedad, un presidente de derecha, Sebastián Piñera, impulsa por voluntad propia el que durante su administración ese proyecto original de la izquierda de su país se haga realidad: “Hoy pienso que debemos profundizar sobre el valor de la libertad, incluyendo la libertad de amar y formar familia con el ser amado. Y también en el valor de la dignidad de todas las relaciones de amor y afecto entre dos personas. Pienso que ha llegado el tiempo de garantizar esa libertad y esa dignidad a todas las personas. Pienso que ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario en nuestro país”, declaró a inicios de junio el presidente.
Está previsto que el trámite tarde un mes y reciba la aprobación parlamentaria, no sin algunas pocas oposiciones. En síntesis se trata de la supresión de la definición del matrimonio entre hombre y mujer del artículo 102 del Código Civil para pasar a recogerlo como la unión entre dos personas. Esto también abre la puerta a la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo.
Queriendo iluminar la situación, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal Chilena se han posicionado. En un comunicado del 2 de junio inician ponderando la actual situación de crisis sanitaria que sigue enfrentando el país y contrastando la desproporción entre una propuesta de esta naturaleza y una iniciativa de este tipo. A continuación recuerdan la consideración de lo que la Iglesia ha defendido acerca del matrimonio para después referir: “desde el punto de vista de los derechos de las personas que deciden vivir juntos, la legislación nacional ha establecido un régimen que ampara jurídicamente su decisión y le otorga un reconocimiento”. Con esto último, los obispos aluden a una figura jurídica que otorga no sólo seguridad ante la ley a parejas del mismo sexo sino también otros privilegio. Se trata del “acuerdo de unión civil” que desde 2015 gozan las parejas del mismo sexo en Chile.
Sin embargo, tanto grupos LGBT+ como de otras sensibilidades acusaron a Sebastián Piñeira de usar este proyecto como una simple cortina de humo ante la crisis social que enfrenta Chile desde 2019 y que llevó a que se redacte una nueva Constitución. La redacción de este nuevo documento de importancia trascendental para un país está mayoritariamente en manos de grupos de izquierda. El presidente actual de Chile agota su periodo de gobierno en 2022.
