Por: Enrique Villegas
Políticos del Estado de México, uno de los estados que componen México como país, están promoviendo una iniciativa de reforma del Código Civil para redefinir el matrimonio de modo que se considere tal la unión entre personas del mismo sexo.
Ante esta iniciativa los obispos de las diócesis del Estado de México (Toluca, Tlalnepantla, Atlacomulco, Tanancingo, Chalco, Ciudad Neza, Ecatepec, Izcalli, Teotihuacán y Texcoco) han dado a conocer un comunicado en el que constatan que están viendo surgir propuestas de este tipo en todo el país y llaman a unirse y oponerse a ellas: “Les pedimos que juntos levantemos nuestra voz, nos organicemos y defendamos en todos los foros la verdad sobre la dignidad del ser humano, la sacralidad de la vida y el matrimonio entre un varón y mujer de donde nace la familia, célula fundamental de la sociedad”.
Concretamente se dirigen también a los legisladores a quienes invitan a “que respeten nuestro derecho a la libertad religiosa, y a que cobren consciencia de que su propuesta es insostenible y atenta contra el bien social. No es cuestión de discriminación sino de distinción: es una realidad innegable que el verdadero matrimonio natural se fundamenta en la esencial complementariedad y capacidad procreadora de los sexos masculino y femenino, y es un hecho que no existe fundamento alguno para asimilarlo a las uniones de personas del mismo sexo, que además supondría una actividad sexual que está en contraste con la ley natural y es intrínsecamente desordenada ante Dios. Además, es un hecho que quienes difieren de esta verdad y prefieren otra opción, son una minoría frente a una mayoría y, en nuestra cultura democrática, la legislación debe proteger en primer lugar al interés de la mayoría, sin que eso signifique una discriminación, ataque o menosprecio a nadie o a alguna minoría, pues a ley protege a todos”.
Por otra parte, invitan a los legisladores católicos a que consideren “que los matrimonios naturales entre varón y mujer, al garantizar el orden de las generaciones, son de innegable interés público por lo que los legisladores que creen en Dios tienen el deber moral de expresar su desacuerdo, clara y públicamente, votando en contra de un proyecto de reconocer como “matrimonio” las uniones entre personas del mismo sexo, pues el voto favorable será un acto gravemente inmoral. Recuerden: sus principios de fe y moral deben estar siempre por encima de consignas de ideologías o de movimiento. Y esto no es desamparar jurídicamente a esas personas pues evidentemente existen otras figuras en el derecho común para recurrir a ellas en situación. Es un hecho que no tienen ni necesidad ni “derecho” a reclamar esta equiparación en lo jurídico. Por tanto, exigimos que respeten la realidad del matrimonio entre varón y mujer, al cual eligen privadamente renunciar. Insistimos: no está en nuestro ánimo discriminar sino distinguir elementalmente lo uno del lo otro, en orden al bien social y esto no es promover una injusticia”.
Los obispos mexiquenses insisten en que no debe imponérsele a la mayoría lo que una minoría pide se establezca: “Un hecho fundamental en la democracia es que las minorías respeten la verdad en la que la mayoría cree y no pretendan, injustamente, modificar legalmente a favor de su posición lo que dicha mayoría cree. Es de justicia, objeto de la perspectiva jurídica, que si algunas personas o grupos de minoría exigen que se respeten y garanticen los derechos de la mayoría, que cree y valora el matrimonio natural entre hombre y mujer como el bien que garantiza el buen desarrollo social, y no se pretenda que la mayoría tenga que ajustarse a los deseos de la minoría, porque es injusto y arbitrario”.
