(ZENIT Noticias / Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, 19-20.02.2022).- Un nuevo caso de una persona arrepentida de haberse sometido a un tratamiento de transición de género cuestiona la licitud de estas prácticas. Según informa el diario The Federalist, Adrian (nombre ficticio) sería una nueva víctima que busca justicia y pretende destapar las mentiras de la ideología de género junto con el especialista y ex transexual Walt Heyer.
Según afirma Adrian, de sexo biológico masculino, «médicos y terapeutas le dijeron que su desorden mental se debía a la disforia de género, promovieron su transición a género femenino y le recetaron hormonas femeninas». Con poco más de 20 años, Adrian comenzó el tratamiento en marzo de 2021. Pero cambiar el comportamiento y administrar terapia hormonal no fue suficiente: «dio el siguiente paso, sin preocuparse por abordar sus múltiples y graves trastornos. Tras una breve consulta le aseguraron que extirpar sus órganos y sustituirlos por genitales de aspecto femenino resolvería su angustia mental». Según afirma el diario, «no se dijo nada sobre su esterilidad inminente y permanente, sobre la carga e impacto de tener que tomar hormonas cruzadas el resto de su vida, ni se hizo ningún esfuerzo por tratar los problemas mentales detectados y diagnosticados por el personal médico antes de autorizar su cirugía».
Keira Bell
El caso de Adrian es uno más de los que recientemente han trascendido a los medios de comunicación, como el de Keira Bell, la trans arrepentida que logró que un tribunal británico le diera la razón y que afirmó que «cambiar de sexo a los 16 años es una receta para el desastre».
La tendencia de algunos países pioneros en la instauración de terapias de transición de género de replantear estos procesos, frenándolos en muchos casos y exigiendo diagnósticos previos que descarten trastornos asociados a la disforia de género, tiene su origen en la falta de evidencia científica suficiente acerca de la relación beneficio/riesgo de estos procesos, que parecen empeorar las cosas en muchos de los casos en vez de contribuir a superar los cuadros de disforia. Resulta, pues, contradictoria la pretensión de, por un lado promover estos procesos de transición de género desde la adolescencia temprana, sin exigir diagnósticos médicos pluiridisciplinares que permitan identificar la existencia de trastornos psiquiátricos o metabólicos relacionados con los procesos de disforia, y por otro que se trate de prohibir y penalizar por parte de algunos gobiernos, como el español o el francés recientemente, terapias destinadas a tratar la disforia evitando promover la transición de género, incluso cuando cuenten con el consentimiento de la persona afectada o de sus representantes legales, tal y como se recoge en el anteproyecto de ley para la igualdad de las personas trans, conocida como ley trans.
Cada caso de disforia de género debería ser estudiado por especialistas pluridisciplinares y ningún diagnóstico debe ser definitivo si existen dudas sobre su origen o la existencia de patologías previas o influencias de determinados entornos, generalmente relacionados con redes sociales promotoras de la transexualidad, tal y como se denuncia desde la organización “Amanda”, organización formada por un grupo de madres que cuestionan la transexualidad de sus hijos.
Desde el Observatorio de Bioética, apelan a la necesidad de incorporar en el abordaje de estos procesos las evidencias científicas disponibles y actualizadas, que, aunque limitadas, orientan hacia la adopción de posturas prudentes y no intervencionistas, que están provocando graves efectos secundarios asociados a los procesos de bloqueo y transición hormonal y cirugías subsiguientes, muchos de ellos irreversibles, como ocurre en el caso de Adrian (ver más).
