(ZENIT Noticias – Center for Family and Human Rights / Washington, 15.12.2022).- Un reciente informe de Reuters denuncia que el ejército nigeriano ha practicado más de 10.000 abortos ilegales desde 2013, algunos por la fuerza y otros por falta de consentimiento informado. Muchas de las mujeres y niñas quedaron embarazadas por violaciones cometidas por grupos militantes islamistas en el norte del país.
El ejército nigeriano niega rotundamente las acusaciones y ha argumentado que dicho programa no podría haberse llevado a cabo sin el conocimiento de los grupos de ayuda, incluidas las agencias de la ONU, que operan en la zona. Grupos como el Fondo de Población de la ONU, Marie Stopes International y docenas de otros grupos proabortistas han estado presentes en la zona durante décadas.
El Secretario General de la ONU, António Guterres, pidió a Nigeria que investigara las acusaciones de aborto forzado. En respuesta, el jefe de defensa nigeriano, Lucky Irabor, calificó de pérdida de tiempo dicha investigación y tachó la historia de falsa. Los funcionarios nigerianos señalaron que en la región trabajan numerosas organizaciones de ayuda internacionales y locales, quizá más de 200, así como organismos de la ONU, y que sería difícil ocultar un programa de abortos forzados de nueve años de duración.
Si la historia de Reuters resulta ser cierta, plantea muchas preguntas, entre ellas quién lo sabía y por qué no se informó antes. Se dice que el programa duró diez años.
No es la primera vez que se plantea la cuestión del aborto en relación con la situación en el norte de Nigeria, donde desde 2011 se suceden los conflictos con Boko Haram y otros grupos insurgentes. A medida que surgían informes de secuestros y violaciones de mujeres y niñas, los grupos abortistas internacionales vieron una oportunidad para promover su causa.
El aborto es ilegal en Nigeria, salvo para salvar la vida de la madre. Cuando el grupo insurgente Boko Haram secuestró a 276 estudiantes en el estado de Borno, los activistas abortistas escribieron artículos de opinión en Cosmopolitan y Ms. Magazine pidiendo que Nigeria cambiara sus leyes y que las ONG internacionales practicaran abortos en Nigeria. Grupos abortistas como el Global Justice Center, con sede en Estados Unidos, hicieron campaña por la derogación o redefinición de la Enmienda Helms, que prohíbe la financiación estadounidense de abortos internacionales.
Aunque estas campañas se centraron en el aborto como opción, que dista mucho de lo que supuestamente hicieron los militares nigerianos, el artículo de Reuters señala que el fármaco abortivo misoprostol está disponible «a través de redes no oficiales de distribución de fármacos abortivos» en las ciudades nigerianas. Al parecer, las mujeres recibieron misoprostol y otros fármacos abortivos sin su consentimiento y sin explicación alguna.
En 2020, el Centro de Derechos Reproductivos publicó un documento de investigación sobre el conflicto del noreste de Nigeria y sus efectos sobre los «derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas.» La organización legal proaborto entrevistó a cientos de mujeres y niñas, así como a representantes de agencias de la ONU, funcionarios del gobierno y trabajadores de la sociedad civil. La cuestión del aborto forzado sólo aparece una vez en el documento, en una lista de actos prohibidos por el derecho internacional humanitario consuetudinario. No se menciona en ninguna de las entrevistas y el documento se centra, en cambio, en la denegación del aborto por parte de las organizaciones de ayuda que operan de acuerdo con la legislación nigeriana y en las restricciones de financiación en torno a la ayuda exterior estadounidense para abortos.
Una importante fuerza impulsora de la supuesta campaña del aborto forzado es el estigma que recae sobre los niños nacidos de violaciones en tiempos de guerra en muchos entornos. Los esfuerzos para plantear la difícil situación de estos niños en la ONU y en otros lugares se han visto complicados por el poderoso lobby internacional del aborto, que pretende promover el aborto como solución a las violaciones en tiempos de guerra y como forma de presionar a los países para que liberalicen sus leyes sobre el aborto de forma más general.
