(ZENIT Noticias / Phoenix, 06.02.2023).- En un esfuerzo por evitar que los niños sean abortados simplemente por tener una discapacidad, los abogados de Alliance Defending Freedom están representando al presidente del Senado del Estado de Arizona y al presidente de la Cámara de Representantes de Arizona en una moción presentada el viernes 3 de enero que pide a un tribunal federal de distrito que permita a los legisladores intervenir en defensa de una ley estatal que impide que tal acto ocurra.
Dos abortistas y tres organizaciones que se oponen a las protecciones para los bebés con anomalías genéticas presentaron una demanda, Isaacson contra Mayes, con la que pretenden que se anule la ley SB 1457, que contiene esas protecciones. El portavoz Ben Toma y el presidente Warren Petersen piden al tribunal que les permita entrar en el caso para poder defender la ley.
«Cada vida no nacida es valiosa, preciosa y digna de protección», dijo Denise Harle, consejera principal de la ADF y directora del Centro para la Vida de la ADF «.Entre otras cosas, esta ley garantiza que los bebés, incluidos los que tienen síndrome de Down, no sean objeto de muerte debido a su composición genética. Mientras que el sentido común dice que esta ley merece el apoyo de todos, los abortistas y otros con intereses creados en ver que tales abortos continúan han demandado para derribarla. El presidente de la Cámara y el presidente del Senado tienen un interés directo en defender el proyecto de ley que la Legislatura aprobó y trabajar para asegurar que los objetivos inhumanos de esta demanda no tengan éxito».
Desde 2011, el estado de Arizona prohíbe a las personas «practicar un aborto a sabiendas de que el aborto se solicita en función del sexo o la raza del niño o de la raza de uno de sus progenitores». En 2021, Arizona añadió a sus protecciones contra los abortos discriminatorios la prohibición de abortos basados en anomalías genéticas, como el síndrome de Down.
La moción presentada ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Arizona afirma que el Portavoz Toma y el Presidente Petersen «buscan intervenir para defender sus intereses, que incluyen el ejercicio de los derechos estatutarios para defender la constitucionalidad de los estatutos estatales, y abogar por la vida y la igualdad de dignidad de los niños vulnerables no nacidos». Los Líderes tienen derecho a intervenir como cuestión de derecho estatutario, y ninguna otra parte representará sus intereses o defenderá adecuadamente las leyes impugnadas».
La moción explica que la nueva fiscal general de Arizona, Kris Mayes, «ha expresado públicamente que no defenderá ni hará cumplir las leyes sobre el aborto de Arizona, incluidas las leyes en cuestión aquí… Debido a que la fiscal general Mayes no defenderá enérgicamente la constitucionalidad de las leyes impugnadas, las partes existentes no representan adecuadamente los intereses de los Líderes, y el Tribunal debe conceder su moción para intervenir».
