Por: Claudio Fontana
(ZENIT Noticias – Oasis Center / Milán, 11.02.2023).- La devastación causada por los terremotos que sacudieron Turquía y Siria está a la vista de todos. Los dos seísmos, de magnitud 7,8 y 7,5 en la escala de Richter, se produjeron con nueve horas de diferencia. El epicentro del primer seísmo se sitúa en el sureste de Turquía, a unos 30 km de la ciudad de Gaziantep, a una profundidad de unos 20 km. El segundo seísmo, en cambio, se produjo justo al norte de Kahramanmaras, a 28 km de profundidad. Las zonas más afectadas son, por tanto, el sudeste de Turquía, una de las más pobres y menos desarrolladas del país, y el noroeste de Siria. Antioquía, leemos en el New York Times, prácticamente ha desaparecido. En el momento de escribir estas líneas, el recuento de muertos ha superado los 20.000, y desgraciadamente parece que va a aumentar. Los movimientos sísmicos fueron tan fuertes que provocaron un desplazamiento de más de 3 metros de la península de Anatolia. Según Joanna Faure Walker, directora del Instituto para la Reducción de Riesgos y Desastres de la Universidad de Londres, el primer terremoto que sacudió Turquía liberó 250 veces más energía que el terremoto de 2016 en el centro de Italia.
Mientras esperamos que la búsqueda y el rescate conduzcan al salvamento del mayor número posible de personas, queremos señalar dos realidades que están dando una primera respuesta a la emergencia y que están tratando de hacer llegar la ayuda allí donde es más difícil, como en Siria. Una es la ONG Avsi (puedes donar aquí) y la otra es Pro Terra Sancta (aquí para donar a la gente de Alepo). En el resto de la actualidad de hoy, tratamos de especular sobre las consecuencias políticas que puede tener esta tragedia, en particular para Turquía y su presidente.
Recep Tayyip Erdoğan declaró al menos tres meses de estado de emergencia en 10 provincias turcas (el máximo previsto en la Constitución turca es de seis meses para sucesos naturales) y viajó a las zonas afectadas por el terremoto. Al anunciar el estado de emergencia, el presidente turco declaró también que toma nota de todas las falsedades que circulan sobre las operaciones de socorro. Cuando llegue el momento, dijo en tono ominoso, se abrirá este cuaderno. Dadas las circunstancias, la decisión de aplicar el estado de emergencia es, por supuesto, bienvenida. Sin embargo, habrá que evaluar detenidamente las consecuencias de esta decisión. De hecho, algunos observadores han recordado que en 2016, tras el golpe fallido, Erdoğan decretó tres meses de estado de excepción, que luego se prorrogó dos años. La legislación especial que se aplica a períodos como éste le permitió purgar a gran parte de sus oponentes políticos, judiciales e intelectuales. Si tenemos en cuenta que el recién decretado estado de excepción se prolongará al menos hasta la antesala de las elecciones de mayo (suponiendo que se celebren en la fecha anunciada), el precedente no puede sino causar mayor inquietud.
El líder del Akp tendrá que gestionar eficazmente la maquinaria de socorro y reconstrucción inicial, o arriesgarse a ser castigado por los votantes, justo cuando se acerca la competición electoral, que incluso antes del terremoto se consideraba la más incierta de los últimos años. Pero también podría ocurrir lo contrario: una gestión eficaz de la respuesta de emergencia podría reforzar la posición de Erdoğan y fomentar un sentimiento de solidaridad y unidad nacional en torno al liderazgo del presidente.
Sin embargo, ya en estos días está surgiendo un primer hecho político importante en relación con los edificios, algunos construidos incluso hace sólo un año, que se han derrumbado como consecuencia del terremoto. Según muchos, entre ellos Kishor Jaiswal (US Geological Survey), se sabía desde hacía tiempo que muchos edificios de la zona sísmica no se habían diseñado de acuerdo con los requisitos de ingeniería exigidos cuando se construyen viviendas e infraestructuras en una zona de alto riesgo sísmico. De la misma opinión es el investigador Roger Musson, interrogado por el Japan Times, según el cual los edificios turcos «no eran apropiados para una zona susceptible de sufrir grandes seísmos» (como recordaba Ishaan Tharoor en el Washington Post, la historia de toda la región está salpicada de diversas catástrofes, y los primeros indicios de terremotos violentos se remontan a la época de los hititas y las ciudades-estado de Mesopotamia).
La cuestión, subrayada por Alexander Clarkson (King’s College), entre otros, es que muchos de estos edificios «se levantaron durante el boom de la construcción en las décadas posteriores al terremoto de 1999», que se cobró más de 17.000 vidas. Es importante señalar, como hizo Clarkson, que «la base de poder y la estructura de clientes del Akp están fuertemente entrelazadas con el sector de la construcción». Cuando Turquía se vio afectada por el terremoto de 1999, la culpa del elevado número de víctimas recayó en «los contratistas que utilizaron materiales de mala calidad, los funcionarios que no hicieron cumplir los anodinos códigos de construcción y, por supuesto, el gobierno de entonces, que no elaboró una estrategia nacional de respuesta», escribió Asli Aydintasbas en el Washington Post. Fue precisamente el enfado por esta gestión y el consiguiente deseo de cambio lo que inició la parábola del Akp, un partido que ha hecho de la inversión en infraestructuras un punto central de su programa de gobierno.
Desde entonces, Turquía ha tenido que esperar hasta 2018 para que se apruebe una legislación específica sobre la construcción en zonas propensas a los terremotos, pero, según Aydintasbas, se ha ignorado en gran medida. El mantra que repiten los sismólogos es que no son los terremotos los que matan, sino los edificios. Por lo tanto, es obvio, y normal, que la atención se centre en quién construyó, y cómo, los miles de edificios derrumbados. Es precisamente aquí donde empiezan los puntos dolorosos para las autoridades turcas. Según una investigación publicada por la BBC, incluso se han derrumbado edificios construidos hace sólo un año, cuya venta se anunciaba con carteles que indicaban su resistencia a los seísmos. Al dolor de la pérdida de vidas se añade un elemento psicológico que ha descrito muy bien Monica Marks (Universidad de Nueva York – Abu Dhabi): en Turquía, todo el mundo sabe que el riesgo de grandes terremotos es constante, pero ahora es evidente que «no importa lo selectivo que seas en la elección de tu piso. Existía la esperanza de que vivir en un edificio construido después del terremoto del 99 sería una buena garantía de estar preparados si llegaba «el grande». Muchos, explica Marks, «no se mudaron a estos edificios más nuevos, bien porque no están en el centro de Estambul, bien simplemente porque no pueden permitírselo». Pero todos agradecimos la «tranquilidad psicológica» de que algún día estaríamos a salvo de los terremotos. No es así: «básicamente somos impotentes ante el destino», concluyó Marks.
Pero, ¿por qué, a pesar de la legislación especial, se han derrumbado tantos edificios? Parte del problema, por supuesto, afecta a los edificios construidos antes del terremoto de 1999. Pero a esto se suman las numerosas amnistías constructivas (la última en 2018) aprobadas por el Gobierno turco para legalizar casos de construcciones recientes que no cumplían las normas legales (¡¿os suena?!). Según la BBC, 75.000 edificios de la zona del seísmo se beneficiaron de estas amnistías y, pocos días antes de la catástrofe, los medios de comunicación turcos anunciaron la inminente formalización de una nueva amnistía.
El seísmo tiene efectos devastadores también porque es cierto, como señalaba Zvi Bar’el en Haaretz, que Turquía está hoy mucho mejor preparada para gestionar emergencias que durante el terremoto de 1999, pero no es menos cierto que la mayor parte de los recursos (económicos y organizativos) se han dirigido a las zonas del norte del país, en detrimento de ciudades como Gaziantep, Kahramanmaras y Diyarbakir. En estas zonas, que también albergan a más de medio millón de refugiados sirios, el número de hospitales y equipos médicos es mucho menor que en el norte de Turquía. Además, «algunas ciudades carecen de ambulancias y equipos de rescate». Así, a las críticas por la gestión de los esfuerzos de socorro se sumaron las críticas por las deficientes normas de construcción. La reacción de las autoridades turcas fue fulminante y condujo a la restricción del acceso a Twitter en Turquía.
Sin embargo, no se trata sólo de ignorar las normas de construcción: parte de las críticas que van surgiendo poco a poco se dirigen a las opciones y prioridades del gobierno de Akp. Emblemático es el caso del presupuesto reservado a la AFAD (más o menos el equivalente a la defensa civil italiana), que ha bajado de 2.850 millones de liras turcas en 2021 a 2.300 millones en 2023. En cambio, el presupuesto reservado a la Dirección de Asuntos Religiosos (Diyanet) ha pasado de 12.900 millones de liras en 2021 a los 35.900 millones actuales. Como señala Hetav Rojan, estas cifras indican cuál es la prioridad política del gobierno turco.
Luego está la cuestión de si las elecciones se celebrarán realmente y si será físicamente posible instalar colegios electorales en las zonas afectadas por el terremoto. La cuestión, sin embargo, es si la celebración de las elecciones en el periodo predeterminado será vista o no como una ventaja por Erdoğan. De no ser así, es probable la prórroga del estado de emergencia y el consiguiente aplazamiento de las elecciones.
En el plano internacional, el pragmatismo que según Amberin Zaman caracteriza a Erdoğan ha llevado al presidente turco a aceptar de inmediato la ayuda exterior, incluso de rivales como Israel y, sobre todo, Grecia.
Además de Gaziantep (donde también se ha derrumbado el castillo construido entre los siglos II y III por el Imperio Romano), entre las zonas más afectadas se encuentran la ciudad de Alepo, en Siria, y la zona de Iblib, último reducto de la rebelión anti-Assad. En las zonas bajo control del gobierno de Damasco, el socorro y la ayuda empezaron a llegar inmediatamente, lo que, sin embargo, se complica por las sanciones a las que está sometida Siria. Precisamente sobre esta cuestión se ha desarrollado un debate.
Según algunos, son las sanciones las que impiden que la ayuda llegue a las víctimas del terremoto, mientras que otros señalan con el dedo al régimen de Assad. El Wall Street Journal informó de una nota de la oficina de prensa del Departamento de Estado estadounidense, en la que se especifica que el régimen de sanciones prevé exenciones para las intervenciones humanitarias. Entrevistado por Associated Press, el investigador sueco Aron Lund explicó, sin embargo, que estas exenciones sólo funcionan en teoría, porque «los bancos podrían bloquear las transferencias de dinero para pagar a los proveedores o al personal local de las organizaciones de ayuda por miedo a violar las sanciones».
La cuestión tiene una importante implicación política, porque es evidente que Assad intenta aprovechar la «oportunidad» del terremoto para lograr su reintegración en el sistema internacional, empezando por las relaciones con los países árabes. En este sentido, también en el Wall Street Journal, el politólogo emiratí Abdulkhaleq Abdulla predijo que «la diplomacia de la ayuda allanará el camino a la diplomacia política». Un discurso aparte merece la situación en Idlib, una zona que vivía una situación catastrófica incluso antes del terremoto porque era blanco constante de las fuerzas gubernamentales sirias y sus aliados rusos. Según informa Middle East Eye, Assad habría tomado represalias bombardeando la zona pocas horas después del terremoto. Conseguir ayuda aquí se ha vuelto aún más difícil, porque inmediatamente después del terremoto Turquía cerró el paso fronterizo de Bab al-Hawa, el único por el que podían pasar los suministros humanitarios, y sólo un convoy de ayuda de la ONU consiguió llegar a la zona. Según Sharvan Ibesh, director de la organización humanitaria turca Bahar, hasta ahora, cuando las cosas iban mal en Idlib, la ayuda podía llegar desde la frontera turca. Ahora, sin embargo, al otro lado de la frontera la situación es aún peor.
Traducción del original en lengua italiana realizada por el director editorial de ZENIT
