Por: Patricia Gooding-Williams
(ZENIT Noticias – La Bussola Quotidiana / Londres, 09.03.2023).- Los ciudadanos del Reino Unido se fueron a la cama el pasado martes, 7 de marzo, en un país que había dado un paso importante para convertirse en un Estado policial, con la perspectiva de la amenaza de ser condenados por «delitos de pensamiento». Ya está claro que la controvertida y antidemocrática Ley de Orden Público (POB), votada por una clara mayoría en la Cámara de los Comunes, golpeará duramente las libertades democráticas.
Quizás la POB, que otorga a la policía «poderes adicionales para reprimir comportamientos» que causen «molestias, acoso, alarma o angustia» pueda parecer inofensivo. Pero en realidad, el proyecto de ley, destinado a endurecer las leyes contra las protestas violentas que han caracterizado recientemente al Reino Unido, también ha sido muy explotado por los políticos abortistas para reprimir al movimiento provida y censurar las libertades fundamentales y las opciones alternativas al aborto.
La parte más controvertida y debatida del POB es la cláusula 10, que introduce «zonas de seguridad» en un radio de 150 metros alrededor de cada centro abortista de Inglaterra y Gales. La draconiana legislación tipifica como delito -castigado con multas de cien a mil libras e inscripción en el registro de antecedentes penales- ejercer cualquier forma de influencia fuera de un centro abortista. Entre las acciones que podrían percibirse como «influyentes» se incluyen la participación en conversaciones relacionadas con el aborto, aunque sean consentidas, y las oraciones silenciosas. Irónicamente, los poderes otorgados por el POB son tan influyentes que no sólo sofocan el modesto apoyo provida que aún existe en el Reino Unido, sino que también deshacen los cimientos democráticos que una vez hicieron grande a Gran Bretaña: libertad religiosa, libertad de movimiento, libertad de expresión y libertad para protestar pacíficamente.
Las advertencias de que el proyecto de ley podría convertirse en una victoria pírrica de la que el Parlamento tendrá que arrepentirse se hicieron patentes durante el debate en la Cámara de los Lores. Algunos pares argumentaron que se trataba de un ataque a los derechos fundamentales de los ciudadanos y que oponerse a este tipo de censura no requería opiniones a favor de la vida. Sin embargo, una de las ponentes, la baronesa Claire Fox, aunque creía que las mujeres debían tener «el máximo acceso al derecho al aborto», declaró: «Una mujer que quizá no esté segura y que aún se lo esté pensando mientras acude a su cita para abortar puede recibir un folleto que le haga decir: «He cambiado de opinión, puede haber una posibilidad de apoyo real al embarazo». Sea cual sea el motivo, es su decisión. La cuestión es que estoy a favor de la libre elección. No quiero que socavemos el papel de las mujeres por nuestro entusiasmo en apoyar leyes que también se presentan para protegerlas».
De hecho, los Lores devolvieron el proyecto de ley a los Comunes con varias enmiendas recomendadas para su debate.
En el debate final en la Cámara de los Comunes, Sir John Hayes, diputado por South Holland y The Deepings, señaló: «La cuestión aquí es la libertad; (…) Se trata de la capacidad de pensar, hablar y rezar libremente».
En la misma línea se situó el diputado conservador Andrew Lewer (Northampton South), que intentó reducir la severidad de la ley proponiendo una enmienda para proteger la oración silenciosa y la conversación consentida. «La policía no debería tener que preguntar ‘¿En qué estás pensando?», dijo Lewer, y continuó: «La censura de este tipo es la clásica pendiente resbaladiza. Puede que hoy no se incriminen tus pensamientos, pero creo que todos deberíamos tener cuidado de no abrir la puerta a que mañana se vea afectada cualquier otra opinión que la gente pueda tener sobre otra cosa.» Su advertencia no fue escuchada: su enmienda fue rechazada por 299 votos a favor y 116 en contra.
Evidentemente, la mayoría de los actuales diputados del Reino Unido, votados democráticamente por el electorado por sus posiciones sobre determinados temas, no creen que el público británico deba permitirse el mismo lujo. Por primera vez en la historia moderna británica, precisamente para impedir que la gente participe en conversaciones consentidas sobre el delicado tema del aborto, el Parlamento ha otorgado a la policía amplios poderes legales para acusar y condenar a personas por sus pensamientos y el contenido de sus discursos en estos enclaves, pensamientos y discursos que en cualquier otra parte del país serían totalmente legítimos.
Por supuesto, es fácil apoyar la libertad de expresión cuando todo el mundo está de acuerdo con lo que se dice. Pero es cuando la conversación se vuelve difícil y divisoria cuando una democracia se pone a prueba. Y el Parlamento británico se ha encargado de decidir por las mujeres qué información pueden recibir, dónde y de quién, borrando más de mil años de legislación que protege los derechos individuales a las libertades fundamentales.
La votación se produjo justo un día después de que Isabel Vaughan-Spruce, católica y codirectora de March for Life UK, fuera detenida por segunda vez por rezar en silencio cerca de la clínica BPAS Robert en Kings Norton, Birmingham, en virtud de una orden de protección del espacio público. Isabel había sido absuelta apenas tres semanas antes por el Tribunal de Magistrados de Birmingham junto con el padre Sean Gough, un sacerdote de Wolverhampton que también había rezado en silencio ante la misma clínica, mostrando un cartel en el que se leía «Rezando por la libertad de expresión». A partir de ahora, los ciudadanos británicos tendrán que pagar un «impuesto» si quieren rezar en estas «zonas de seguridad».
Paradójicamente, en el Día Internacional de la Mujer de este año, las mujeres del Reino Unido son menos libres. A menudo, la decisión de abortar es la manifestación superficial de un problema mucho más profundo. Una encuesta realizada en 2022 por encargo de la BBC mostraba que el 15% de las mujeres de entre 18 y 44 años decían sentirse presionadas para abortar en contra de su voluntad. En 2021 se registró el mayor número de abortos de la historia, pero en lugar de dar a las mujeres más oportunidades de buscar alternativas, el Parlamento ha tomado medidas para reprimir a quienes ayudan a las mujeres en algunas de las situaciones más difíciles.
También hubo reacciones alarmadas a nivel internacional. Cinco relatores especiales de la ONU, entre ellos el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, expresaron su honda preocupación por la posibilidad de que el proyecto cercenara los derechos humanos. Amnistía Internacional hizo comparaciones con las políticas represivas de Rusia y Bielorrusia, mientras que un grupo de residentes en Hong Kong comparó las medidas con las utilizadas contra las protestas democráticas en Hong Kong. Human Rights Watch advirtió de que el Reino Unido corre el riesgo de pasar a engrosar la lista de países que violan los derechos humanos.
Traducción del original en lengua italiana realizada por el director editorial de ZENIT.
