Por: Stefano Gennarini
(ZENIT Noticias – Center for Family and Human Rights / Nueva York, 21.03.2023).- La administración Biden y los países occidentales empujaron el 17 de marzo a los países tradicionales al borde del abismo en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU. Al final, los países tradicionales repelieron todas las presiones para añadir la «educación sexual integral» y la agenda homosexual/trans en el acuerdo anual adoptado esa madrugada.
Las agresiones diplomáticas se sucedieron a lo largo de la última noche de la mayor reunión anual feminista del mundo. A las 8 de la tarde, Australia y Estados Unidos iniciaron un último intento desesperado de forzar la «educación sexual integral» en las Conclusiones Acordadas de la comisión, como se conoce el acuerdo. A las 2 de la madrugada aún no estaba claro si se llegaría a un acuerdo.
Los delegados, cansados y frustrados, adoptaron finalmente el acuerdo a las 4 de la mañana en una sala casi vacía. Las delegaciones oficiales de los gobiernos y las activistas feministas que asistieron a la comisión durante las dos últimas semanas abandonaron la sede de la ONU abatidas antes de que se produjera la adopción.
Los diplomáticos occidentales reconocieron su derrota y se quejaron de que el acuerdo no incluyera referencias a la «educación sexual integral», los «derechos sexuales» y la «orientación sexual e identidad de género». La punzante derrota fue tanto más significativa cuanto que el acuerdo de la comisión de este año se refería específicamente a la educación y la tecnología para mujeres y niñas.
La fuerte presión a favor de la «educación sexual integral» hasta bien entrada la noche del último día de la comisión recordó a las negociaciones cuando Obama estaba en la Casa Blanca. La comisión fue mucho menos controvertida durante la administración Trump. Este año, tanto la Unión Europea como el gobierno de Estados Unidos se alinearon una vez más para promover agresivamente la agenda sexual occidental.
La «educación sexual integral» es el apodo que los países occidentales utilizan para los programas que promueven la autonomía sexual de los niños y para socavar la autoridad de los padres. Se ha documentado que estos programas exponen a los niños a comportamientos sexuales de alto riesgo, incluida la promoción de la homosexualidad y los estilos de vida transgénero como saludables y morales. Los países occidentales quieren desesperadamente que las Naciones Unidas respalden este tipo específico de educación para acabar consagrando las cuestiones trans homosexuales como derechos humanos, pero los Estados miembros de la ONU han rechazado esta terminología durante más de una década.
Muchos delegados estaban tan agotados que no pudieron mostrar ninguna de las emociones positivas y excitantes habituales al cierre de la comisión. Pero todos expresaron la necesidad de llevar a cabo las negociaciones de forma más humana. Al final, los delegados tuvieron que negociar sin parar durante dos días, con sólo una breve pausa de cinco horas, antes de la adopción del acuerdo.
Varias delegaciones culparon a la mesa de la comisión, encabezada por Sudáfrica, por decidir unilateralmente cerrar las negociaciones sobre más de cuarenta párrafos extraídos de acuerdos anteriores de la comisión con lenguaje controvertido, incluidos términos relacionados con el aborto como salud sexual y reproductiva y lenguaje sobre diversidad e interseccionalidad vinculado a la agenda homosexual/trans.
La justificación que dio la mesa fue, aparentemente, evitar volver a tratar temas polémicos y ganar tiempo en las negociaciones. Sin embargo, las delegaciones progresistas y las activistas feministas describieron esta medida como un intento de consolidar los logros de años anteriores.
Delegados de muy diversos países se mostraron críticos a lo largo de todo el proceso y señalaron que, al final, no se había ahorrado tiempo en las negociaciones y que los temas controvertidos de los párrafos tenían que volver a tratarse, no obstante, en nuevos párrafos del acuerdo. Varias delegaciones expresaron también sus reservas sobre los términos controvertidos que permanecían en el acuerdo.
Así lo hicieron Camerún, Egipto, Etiopía, Guatemala, Guyana en nombre de los países del Caribe, Indonesia, Irán, Irak, Malasia, Nicaragua, Omán en nombre de los países del Golfo, Nigeria, Senegal, Sudán y la Santa Sede.
El delegado estadounidense trató de echar la culpa de las largas horas de trabajo a la delegación de Pakistán, que insistió hasta altas horas de la noche en que la comisión incluyera un lenguaje previamente acordado sobre las mujeres que viven bajo «ocupación extranjera», en referencia a la difícil situación de las mujeres palestinas. El delegado de Pakistán acusó al facilitador del acuerdo de utilizar un «doble rasero», al dar preferencia al lenguaje relacionado con cuestiones sociales controvertidas favorecidas por los países occidentales.
La Unión Europea celebró la adición de un lenguaje que reconoce cómo ciertos países están ilegalizando el «intercambio no consentido» de imágenes sexuales u otras imágenes explícitas. Muchos países tradicionales se sintieron confundidos por esta noción en la negociación porque sus leyes prohíben cualquier intercambio de material sexual u otro material explícito, independientemente de que se haya producido o compartido voluntariamente.
Traducción del original en lengua inglesa realizada por el director editorial de ZENIT.
