(ZENIT Noticias / Madrid, 29.03.2023).- En España los alumnos o papás deciden si los estudiantes de los niveles básicos educativos reciben clase de formación religiosa o si pasan a otra aula para recibir formación ciudadana laica durante el mismo horario. La Conferencia Episcopal reconoce que el registro de alumnos en la clase de religión está por debajo del 60% de todos los estudiantes en el país, señal de que pierde alumnos.
Si se considera solo este dato como el índice de vida cristiana, pareciera que hay disminución de sentido religioso en la sociedad española. Sin embargo, ha aumentado la cantidad de españoles que han asignado sus impuestos destinados a servicios asistenciales a la Iglesia católica, los cuales han llegado a 115,9 millones de euros, la mayor cantidad en los últimos años.
Alfredo Aranda Platero, vicepresidente de PIDE, sindicato cuyo objetivo es representar y defender los intereses de los trabajadores de la enseñanza pública no universitaria en la región de Extremadura, y que fue fundado en 1999, considera que el personal que imparte las clases de religión respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad.
El dirigente sindical opina que estas enseñanzas deberían impartirse fuera de los centros educativos, en las iglesias, centros parroquiales y edificios consagrados. Refleja así el criterio antieclesial difundido por todo el mundo de reducir la actividad de la Iglesia a los templos, con la intención de quitarle influjo social. Curiosamente, esta opinión acepta que los promotores del ateísmo o el agnosticismo sí impartan educación en las escuelas públicas con clases de valores ciudadanos arreligiosos.
Loa alumnos de bachillerato tienen la mayor disminución de registro en las escuelas públicas y bajan al 30%. La ley LOMLOE trajo la pérdida de peso de estas clases en el currículo, al señalarlas como no computables para la nota media en el Bachillerato.
Trasladar el lugar de enseñanza de la formación religiosa a un edificio eclesiástico, en horario vespertino y con profesores pagados por la iglesia, es defendido por los adversarios a la Iglesia y lo subrayan como un respeto al principio de laicidad del Estado que marca la Constitución, aunque realmente es una medida contraria a la mayoría de los padres que desean esta formación para sus hijos.
Como ha sucedido en muchos casos, la intención de fondo busca imponer una ideología atea, con la fachada de neutralidad laica, pues prevalece el interés del Estado sobre el respeto a la mayoría de las familias, que son el cimiento de la sociedad.
