(ZENIT Noticias / Roma, 11.12.2023).- En los últimos días, la Conferencia Episcopal Italiana y algunas diócesis, junto con sus párrocos, han sido puestas en tela de juicio de forma engañosa por algunos medios de comunicación. En el contexto de una investigación judicial de la Fiscalía de Ragusa contra «Mediterranea Saving Humans – APS» por presunta ayuda a la inmigración ilegal y supuesta violación del código de navegación, se han vertido acusaciones difamatorias contra personas e instituciones eclesiásticas, empezando por algunos chats utilizados de forma instrumental e impropia. Una práctica que, se utilice contra quien se utilice, merece indignación y desaprobación.
Con pleno respeto por el poder judicial y a pesar de que no existe ningún contencioso contra la comunidad eclesial, la Iglesia católica en Italia espera deliberadamente a que el proceso judicial siga su curso antes de intervenir en el asunto.
Por cuanto refieren desde la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), la CEI nunca ha apoyado directamente a ‘Mediterranea Saving Humans – APS’, pero aceptó una solicitud presentada por dos diócesis dentro de un amplio marco que prevé, según el Magisterio del Papa Francisco, la acogida, protección, promoción e integración de los migrantes y la atención y asistencia a los desplazados en la zona de guerra en Ucrania. Todo ello con muchas menos ayudas de las que informa la prensa: 100.000 euros a cada diócesis en 2022 y lo mismo en 2023.
Un comunicado de la CEI subraya que “En este surco se mueve y se moverá la acción eclesial con libertad y respeto a los papeles de cada uno, poniéndose del lado de quien sufre huyendo de la guerra, la violencia y la pobreza. El compromiso de la Iglesia es combatir la ilegalidad con la legalidad, evitando que el Mediterráneo se convierta cada vez más en un cementerio: ¡hay que salvar cada vida! La Iglesia es la única institución que actualmente financia proyectos de desarrollo en países pobres o en situaciones de especial dificultad con continuidad y recursos sustanciales: unos 80 millones de euros al año; apoyar y promover junto con las autoridades gubernamentales y otras instituciones los corredores humanitarios -están llegando tres ahora mismo-, única alternativa legal y segura a los viajes de la muerte; asegurar la acogida de refugiados: unos 50.000 sólo en el primer semestre de 2023 en nuestro país. Todo ello con la máxima transparencia”.
