(ZENIT Noticias / Washington, 19.12.2023).- Kristen Clarke, fiscal general adjunta para los Derechos Civiles de Estados Unidos, es acusada por presuntas prácticas discriminatorias al proteger a clínicas abortivas y defender menos a los centros que apoyan los embarazos o a los lugares de culto.
«La justicia es ciega y debemos seguir los hechos dondequiera que nos lleven», manifestó Chip Roy, republicano por Texas, ex fiscal federal. «Al igual que todos los componentes del Departamento de Justicia, se espera que la División de Derechos Civiles haga lo mismo: hacer cumplir la ley por igual».
Los legisladores confrontaron a Kristen Clarke en la audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes el 5 de diciembre por la mañana. Kristen manifestó: «Mi trabajo era hacer cumplir la ley por igual». A la cabeza de la acusación estaba Chip Roy, quien declaró: “Desafortunadamente, bajo la administración Biden, este no siempre ha sido el caso».
Roy puso en duda la interpretación de Clarke y de la administración Biden sobre la controvertida Ley de Libertad de Acceso a las Entradas a las Clínicas (FACE, por sus siglas en inglés), pues esta ley «protege tanto a las clínicas de aborto, como a los centros de recursos para el embarazo y a los lugares de culto. Sin embargo, la división de enjuiciamiento bajo la Ley FACE muestra un sesgo significativo hacia el enjuiciamiento de las violaciones de la Ley FACE que involucran a las clínicas de aborto».
Roy hizo una referencia concreta al activista pro-vida Mark Houck, que fue absuelto en febrero de 2023 por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Este de Pensilvania por el violento arresto en su casa a manos del FBI, tras un altercado con un voluntario de Planned Parenthood. Chip Roy interrogó sutilmente a Kristen: «¿Le ha pedido disculpas [a Houck] en nombre del Departamento de Justicia por esa grave violación de sus derechos civiles?».
Clarke respondió a Roy: «Seguimos los hechos y aplicamos la ley. Ese es nuestro trabajo». Roy concluyó: «Así que la respuesta a eso es no».
Chip Roy también señaló que la filtración del borrador de la decisión Dobbs de la Corte Suprema «dio lugar a manifestaciones generalizadas y ataques a instalaciones provida. De hecho, después de la filtración, más de un centenar de instalaciones provida fueron vandalizadas o dañadas, incluso con incendios provocados”. Y «218 iglesias católicas fueron atacadas».
«Frente a este aumento, se esperaría que la División de Derechos Civiles diera un paso adelante y protegiera los derechos civiles de estos estadounidenses». Pero no lo hicieron. De hecho, en 2022, el Departamento inició 26 enjuiciamientos en virtud de la Ley FACE por incidentes en clínicas de aborto. El Departamento identificó a cuatro personas en Florida para enjuiciar por pintar con aerosol amenazas en centros de apoyo al embarazo. Esta fue la primera vez en la historia de Estados Unidos que la Ley FACE se utilizó contra manifestantes a favor del aborto.
La fiscal general Clarke, ante la pregunta «¿Puede decirnos cuántos casos de la Ley FACE se han presentado desde que se promulgó en 1994?», dudó en la respuesta y soslayó la pregunta. «La [Ley FACE] es una ley importante. La aplicamos de manera imparcial», aunque reconoció que «no hay estadísticas sobre el número de casos».
Sobre cuántos casos se han presentado para defensa de los proveedores de abortos o en defensa de los activistas pro-aborto, frente a los casos de defensa a elementos pro-vida o de iglesias que han sido atacadas, Roy señaló a Clarke: «Los números que tengo son que de 130 usos de la Ley FACE desde 1994, 126 fueron… en defensa de los proveedores de abortos y cuatro han sido para estadounidenses y/o iglesias pro-vida».
Clarke volvió a afirmar que su división está «comprometida con la aplicación plena e imparcial de esta importante ley federal».
El representante Tom McClintock, republicano por California, desafió a Clarke: «La preocupación de muchos de nosotros aquí tiene que ver con la aplicación desigual de las leyes en función de la identidad política o étnica de los involucrados. [Roy] dio muchos ejemplos que involucran todo, desde actos de violencia contra clínicas pro-vida hasta crímenes de odio anti-semitas».
Clarke rechazó de nuevo dar pruebas estadísticas concretas para respaldar su afirmación.
