(ZENIT Noticias – NOTIVIDA / Madrid, 21.12.2023).- Alberto Fernández, gobernante saliente de Argentina, aprovechó hasta último momento para consolidar y dejar plasmadas sus políticas abortistas. En la última semana de gobierno el Ministerio de Salud que encabezaba Carla Vizzotti publicó varios documentos, entre ellos:
1) Nota técnica Nº 10 subida a la web el 5/12/2023, sobre el Rol de la enfermería en la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva (aborto incluido). Días antes habían publicado una nota técnica para ampliar -con el mismo objetivo- el Rol de las parteras. Ambas notas tienen “por objetivo presentar las recomendaciones internacionales sobre el rol de las personas obstétricas -o de la enfermería- en la atención de la salud sexual y reproductiva, con foco en el acceso a IVE-ILE, y en el acceso a métodos anticonceptivos, incluidos los métodos anticonceptivos de larga duración (LARC)”. Las recomendaciones para hacer abortos medicamentosos se extienden al personal auxiliar (auxiliares de enfermería y auxiliares de partera), no así la aspiración al vacío (AMEU), que según las indicaciones podrían hacer parteras y enfermeras.
2) Nota técnica Nº 11 que hace una Interpretación de las normas para el acceso de las personas con discapacidad al aborto, subida el 7/12/2023. La nota resalta que “el Comité sobre los Derechos de las personas con discapacidad recomendó al Estado argentino revisar la legislación, incluyendo la Ley 27.610 (artículo 9), su reglamentación y su Protocolo, para garantizar que todas las mujeres con discapacidad puedan otorgar de manera autónoma su consentimiento previo e informado” para acceder a un aborto. “La persona podrá ser asistida por una persona allegada de su elección, u otrosmecanismos de apoyo (por ejemplo, una consejería sobre derechos sexuales) si así lo quisiera”. En el último párrafo se “reafirma la regla de la no judicialización que incluye la Ley 27.610 y que aplica también para la atención de las personas con discapacidad”.
Los documentos mencionados fueron elaborados por el Ministerio de Salud en colaboración con el Centro de Estudios de Sociedad y Estado (CEDES) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).
En la misma semana se dio a conocer el Informe de gestión anual (enero a octubre 2023) de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR). Allí constan, por ejemplo, los 75.581 abortosreportados hasta octubre por las instituciones públicas de salud del país. Destaquemos que “reportados” no es lo mismo que “registrados”, por eso la cifra se va actualizando. En los años previos se reportaron 73.487 (2021) y 96.664 (2022).
Simultáneamente se difundió un catálogo con informes de implementación, gestión y monitoreo de la DNSSR y el Plan ENIA.
El 7 de diciembre (último día hábil de la gestión de Fernández) se publicó otro Catálogo que, a modo de legado, recopila materiales de capacitación, notas técnicas, guías, protocolos, fascículos, folletos y videos, elaborados por los abortistas en los últimos años.
A última hora se hicieron públicos incluso los videos destinados a la capacitación de los profesionales de la salud, configurados en su momento como ocultos. Tienen indicaciones como:
- “La ecografía no está considerada como un estudio de rutina” antes de un aborto. Si por algún motivo fuera necesaria sólo se compartirá la imagen y sonido con la gestante, si ella expresamente lo solicita;si no lo pide se puede considerar tortura.
- No ofrecer la posibilidad de abortar a una niña menor de 15 años es “violencia institucional” que puede acarrear responsabilidad administrativa, civil y/o penal.
Es de esperar que el gobierno que acaba de asumir revierta a la brevedad esta pesada herencia de “la cultura de la muerte”.
