(ZENIT Noticias / Manila, 05.02.2024).- La Iglesia católica pide reflexión ante la propuesta del Gobierno filipino de cambiar la Constitución del país, aprobada en 1987, pues así habrá mejor discernimiento sobre las propuestas de revisión y se evitará una tendencia al autoritarismo.
La iniciativa popular de modificación a la Constitución de la nación, país de gran mayoría católica, propone las enmiendas directamente por la intervención del pueblo «a través de al menos el 12 por ciento del número total de votantes registrados» y que cada distrito legislativo tenga «al menos el 3 por ciento de los votantes registrados» como signatarios.
Aaron Pedrosa, líder de Sanlakas, organización multisectorial, declaró el 18 de enero: «No estoy a favor del cambio de estatutos, ya sea por iniciativa popular o por la Asamblea Constituyente. Un cambio de estatuto no es la respuesta a la inflación, al desempleo, a la crisis de vivienda y a la corrupción en el país». También resaltó que los cambios ofrecidos solo benefician a los políticos para alargar su mandato.
En aspectos económicos, se ha pedido a la Cámara de Representantes y al Senado modificar el artículo 12 de la Constitución, donde se establece que los servicios públicos deben ser propiedad exclusiva de los filipinos. La modificación se propone para atraer la inversión extranjera. Las voces contrarias avisan que aumentará la explotación de los recursos naturales y de los terrenos indígenas.
Los legisladores han buscado firmas para que la iniciativa popular facilite el cambio por un acuerdo de votación conjunta que favorecerá a la cámara baja contra los 24 miembros del Senado.
El obispo José Colin Bagaforo, de Kidapawan, presidente de la organización benéfica papal Caritas Filipinas, comentó que «cualquier intento de alterar la Constitución, especialmente cuando está envuelto en el secreto y carece de una participación pública genuina, plantea serias preocupaciones sobre sus verdaderos motivos». El mismo 11 de enero de 2024, el prelado hizo ver que «en lugar de perder tiempo y recursos en enmendar la Constitución, el gobierno debería priorizar medidas para erradicar la corrupción».
La modificación propuesta, según el obispo Bagaforo, «no es una bala de plata para los problemas económicos, en particular el problema generalizado de la corrupción (…). La Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas ha dicho que la Constitución debe ser revisada solo para promover los valores morales de la dignidad humana y los derechos humanos».
El Consejo Nacional de Iglesias de Filipinas, que reúne a las denominaciones no católicas romanas, ha subrayado que «la presente Constitución es capaz de proteger nuestro patrimonio natural y nuestra economía contra el saqueo y la dominación extranjeros. Jugar con la Carta Magna puede abrir las puertas para cambiar los límites de mandato de los funcionarios del gobierno».
La actual constitución de Filipinas se promulgó un año después de que Ferdinand E. Marcos, padre del actual presidente Ferdinand Marcos Jr., fue depuesto del cargo de presidente. Marcos (padre) redactó la constitución en 1973 y mantuvo el poder 21 años con ajustes, hasta que la Revolución del Poder Popular le llevó al exilio en 1986.
El obispo Bagafor señaló: «Centrémonos en construir una sociedad justa y equitativa, no en reescribir la Constitución para obtener beneficios personales».
