(ZENIT Noticias / Barcelona, 08.02.2024).- Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, decidió no presentarse ante la Comisión de investigación sobre la pederastia en la Iglesia del Parlamento catalán.
En una carta a la presidente, Anna Erra, justificó su no comparecencia a la comisión por decisión “unánime y expresa” de los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense, que agrupa a los prelados de Cataluña. El prelado también se acogió a una sentencia del Tribunal Constitucional que amparaba las ausencias en este tipo de comisiones.
El reglamento de la Cámara del Parlament puede denunciar las incomparecencias a la Fiscalía por si hay alguna responsabilidad penal, aunque el Ministerio Público suele archivar todas las causas.
La comisión recogió testimonios desde hace un año y varias víctimas de abusos sexuales han hecho sus declaraciones. Como en otras ocasiones, esos abusos no han sido confirmados ni condenados por un tribunal, por lo que son sólo acusaciones, aunque los testimonios enardecen los sentimientos de rechazo ante los abusos. El prior de la Abadía de Monserrat, situada a pocos kilómetros de Barcelona, explicó ante la Comisión su actuación ante los abusos de pederastia en su comunidad.
Además de Omella, la Cámara también denunció a Enric Termes, vicesecretario de la Conferencia Episcopal Tarraconense, y a Santiago Bueno, presidente del Tribunal Eclesiástico de Barcelona, por no presentarse a la convocatoria del Parlament. Dado que la respuesta del cardenal Omella está fundada en disposiciones oficiales y legales sólidas, parece que la insistencia de las autoridades políticas catalanas busca desacreditar a la Iglesia en vez de impartir justicia.
Segovia manifestó irritación ante la respuesta del cardenal y declaró en la red: “No se entiende esa falta de voluntad. No tendría nada que esconder. Su comparecencia es obligatoria, no voluntaria”.
En el caso de no responder por dos convocatorias del Parlament, entra la denuncia a la Fiscalía por reglamento. Pero ya sucedió en julio pasado que el Ministerio Público desestimó la incomparecencia de cargos públicos por la Comisión que investigaba los posibles espionajes políticos: entre los citados estaban el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Pablo Lucas, juez del Tribunal Supremo.
