Rebecca Oas
(ZENIT Noticias – Center for Family and Human Rights / Washington, 13.02.2024).- Miembros del Congreso y líderes de la sociedad civil se reunieron con la prensa la semana pasada para advertir al país sobre un tratado pandémico que está redactando la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sus preocupaciones incluyen las implicaciones del tratado para la soberanía estadounidense y también el silenciamiento de los críticos.
“La censura está en el centro de todo este documento”, dijo Tony Perkins, del Family Research Council, advirtiendo que el tratado se utilizaría para reprimir la disidencia. “El borrador del acuerdo presenta al lector este concepto orwelliano de “infodemia”, dijo Perkins, señalando el mandato del borrador de que los países “combatan la información falsa, engañosa, errónea o desinformada”, añadió.
El congresista Chris Smith (R-NJ) estuvo de acuerdo y se preguntó si esta norma debería aplicarse retroactivamente a la OMS por difundir información errónea china sobre el COVID-19 al inicio de esa pandemia.
Al congresista Smith también le preocupaba que “se haya realizado muy poco escrutinio y se hayan formulado muy pocas preguntas sobre lo que significa este acuerdo o tratado jurídicamente vinculante para la política sanitaria en Estados Unidos y otros lugares”.
Al considerar una mayor financiación en torno al tratado, Smith recordó la insistencia de la OMS en que el aborto es un servicio de salud esencial durante la pandemia de COVID-19. Mencionó la propuesta de la OMS de entablar una relación formal con el radical pro-aborto Centro de Derechos Reproductivos (CRR), que ya colabora con la Federación Internacional de Planificación de la Familia.
El congresista Brad Wenstrup (R-OH), médico, lamentó que la OMS “no sea la institución de salud global preeminente que alguna vez fue” y criticó la politización de la ciencia por parte de la agencia.
Varios participantes señalaron la falta de mecanismos de transparencia y supervisión. Hablaron sobre las formas en que la OMS se hizo eco de los puntos de conversación del gobierno chino al principio de la pandemia de COVID-19, la continua falta de transparencia de China con respecto a los orígenes de la COVID-19 y el hecho de que el director general de la OMS recibió un fuerte apoyo de China. en su apuesta por el liderazgo.
Smith agradeció a C-Fam, editor del Friday Fax, tanto por su trabajo para dar la alarma sobre el tratado pandémico como por hacer circular una carta instando a la OMS a no celebrar un acuerdo formal con el CRR. Esa decisión se pospuso hasta mayo, que es también cuando se supone que se completará el tratado final de preparación para una pandemia.
El apresurado cronograma del tratado también fue un área de preocupación planteada en la conferencia de prensa. El proyecto de tratado contiene referencias al Reglamento Sanitario Internacional (RSI), con el que debe ser coherente, pero también se encuentra en un proceso de enmienda. Reggie Littlejohn, hablando en nombre de la Alianza Antiglobalista, advirtió que aprobar el texto final de un tratado sin tener primero los RSI finalizados sería como escribir un “cheque en blanco”.
El tratado tendría implicaciones importantes para la soberanía nacional. Littlejohn mencionó la renuencia de la OMS a utilizar la palabra “tratado” al discutir el acuerdo propuesto, y varios oradores pidieron a Estados Unidos que insista en un proceso de ratificación que requiera la aprobación en el Senado por una mayoría de dos tercios y no por una acción del ejecutivo.
También se plantearon más preocupaciones por la soberanía. Estados Unidos y otros países frecuentemente emiten reservas al ratificar tratados, pero el borrador del tratado contra la pandemia incluye un lenguaje que excluye las reservas. Sin embargo, el borrador permitiría que una conferencia de estados parte en el tratado lo enmendara sin el requisito de una nueva ratificación.
Frank J. Gaffney Jr., del Centro para Políticas de Seguridad, señaló que el gobierno federal no tiene responsabilidad constitucional sobre la salud global, pero esos poderes los tienen los estados individuales de Estados Unidos. Advirtió que al ratificar el tratado, el gobierno federal podría “ceder poderes que en realidad no ejerce”.
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