arzobispo de Montreal, Christian Lépine Foto: CBC

Canadá: valiente obispo impugna ley a favor de la eutanasia

La enmienda a la ley canadiense de muerte asistida por un médico incluye el suicidio como eutanasia: ha sido impugnada por un arzobispo católico por sus posibles implicaciones sobre la libertad religiosa, los derechos de conciencia, los derechos de propiedad y el desempeño de las asociaciones público-privadas.

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(ZENIT Noticias / Montreal, 29.02.2024).- La Ley canadiense para los cuidados al final de la vida realizó una enmienda en junio de 2023 donde establece que «los hospitales de cuidados paliativos no pueden excluir la ayuda médica para morir entre los cuidados que ofrecen.» El arzobispo de Montreal, Christian Lépine, presentó el 5 de febrero un recurso ante el Tribunal Superior de Quebec, solicitando la suspensión inmediata de la aplicación de enmienda.

La archidiócesis de Montreal declaró el 6 de febrero en su sitio web que «La Iglesia católica reconoce la necesidad de los cuidados paliativos de alta calidad que defiendan la dignidad de la vida humana y proporcionan un tratamiento eficaz contra el dolor y atienden al mismo tiempo las necesidades emocionales, afectivas y espirituales de las personas».

El mismo documento aclara que «según la doctrina católica, la vida humana se considera sagrada e inviolable y se extiende desde la concepción hasta la muerte natural. Los cuidados paliativos acompañan a las personas y a sus seres queridos en el proceso del final de la vida, con el objetivo de aliviar el dolor sin prolongar ni acelerar la muerte.»

La arquidiócesis señala que la ley canadiense para los cuidados al final de la vida «provoca la muerte prematura del individuo. En consecuencia, la Iglesia católica lo considera un acto de eutanasia, considerándolo moralmente inaceptable como respuesta al sufrimiento y la angustia que experimentan las personas al final de la vida».

Entre las intenciones del arzobispo Lépine, está la protección de la Casa de Cuidados Paliativos y Centro de Día St. Raphael de Montreal que da atención gratuita independientemente de la etnia, la condición social, las creencias religiosas, la orientación sexual o la identidad de género sin ánimo de lucro con las 12 camas de sus instalaciones.

El periódico católico The Catholic Register, con sede en Toronto, informó que la archidiócesis de Montreal transfirió el edificio y los terrenos a Maison St-Raphael, organización comunitaria creada para dirigir el hogar, tras el cierre de la parroquia de San Rafael Arcángel, con un contrato de arrendamiento de 75 años. Estableció que el centro nunca administraría la eutanasia.

Maison St. Raphael manifestó en su página web que «el enfoque de los cuidados paliativos apoya la vida y considera la muerte como una parte natural de la vida». También sostuvo que la misión del centro «pretende aliviar el sufrimiento físico, psicológico y espiritual, y mejorar la calidad de vida de los pacientes, así como la de sus seres queridos. El objetivo es ofrecer un camino hacia el final de la vida con compasión y humanidad, respetando las necesidades y los límites de cada persona».

La demanda de la archidiócesis señala que la misión del centro Maison St. Raphael, como ejemplo de la debilidad de la ley, se imposibilita con la enmienda, pues sus principios están aprobados en un acuerdo con la agencia de salud y servicios sociales de Montreal, donde se reconoce que St. Raphael no proporciona la eutanasia, estableciendo protocolos de traslado al paciente que la demandara.

La ministra de Sanidad de Quebec, Sonia Bélanger, rechazó en noviembre la petición de St. Raphael de la exención a los requisitos de eutanasia, calificándola «parte del continuo de cuidados paliativos y al final de la vida» que debe estar disponible a cualquier paciente en «todos los entornos que ofrezcan cuidados al final de la vida».

The Catholic Register comenta que la demanda de la archidiócesis defiende los derechos de propiedad que entran en juego con la enmienda. Y explica que St. Raphael es un centro privado libre para «definir sus orientaciones, políticas y enfoques, aunque reciba financiación pública». Imponerle la enmienda supondría que el Estado se apropia de un edificio religioso en aras de la eutanasia. La demanda afirma que la enmienda puede paralizar los esfuerzos de los grupos religiosos en el servicio a la sociedad por no respetar sus creencias y convicciones sinceras.

El arzobispo Lépine dijo a The Catholic Register que el caso «no es sólo una cuestión de cuidados paliativos, es una cuestión de libertad de conciencia.»

«Hablamos de cuidados paliativos y de MAiD porque es en torno a esas cuestiones que se hace la ley. Pero en realidad se trata de la libertad de conciencia, no sólo de los individuos, sino también de las instituciones», dijo el arzobispo. «Eso es lo que esperamos promover. Seamos quienes seamos, necesitamos una sociedad en la que haya libertad de conciencia para las personas y las instituciones.»

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Rafael Manuel Tovar

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