(ZENIT Noticias / Hong Kong, 07.04.2024).- ¿Obliga la legislatura de Hong Kong, con la nueva y estricta ley de seguridad nacional, a violar el sigilo sacramental o no?
Hong Kong posee un régimen propio diferente al resto de la República de China. Sus legisladores aprobaron por unanimidad, el pasado 19 de marzo de 2024, una ley de seguridad nacional que introdujo penas como la cadena perpetua para delitos relacionados con la traición, la sedición y la insurrección, y hasta 20 años de cárcel por el robo de secretos de Estado.
Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea han comentado que la nueva ley puede restringir todavía más las libertades en Hong Kong. Y opinan que se aceleró el proceso legislativo. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, también calificó de «apresurada» la redacción de la ley y la criticó por ser «un paso regresivo en la protección de los derechos humanos».
La aprobación de esta Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, con más de 200 páginas, se produjo en una sola sesión, tras una segunda y tercera lectura en el Consejo Legislativo, como se denomina el congreso de la ciudad. Parece que la urgencia busca «proteger» a Hong Kong de «interferencia externa» y evitar lo ocurrido en 2003, cuando debate abierto ante la sociedad civil derivó en manifestaciones con cientos de miles de personas y obligó al gobierno a retirar una disposición que impedía en la práctica la disidencia, según el modelo del resto de China.
El artículo 23 de la Ley Básica establece que Hong Kong tiene legislación de seguridad nacional propia y fue aprobada con 89 votos a favor y ninguno en contra. Además, no se convocó a poder judicial en las audiencias del Consejo Legislativo como corresponde.
Urgía una aprobación rápida de la ley. Los 88 miembros del Consejo intervinieron en el debate para apoyar la ley. Y el presidente de la asamblea, Andrew Leung, sumó su voto, aunque no suele votar.
John Lee, dirigente de la ciudad, calificó de «un momento histórico para Hong Kong» la aprobación de la ley, que entró en vigor el 23 de marzo.
La nueva ley castiga decenas de delitos en cinco categorías: traición, insurrección, robo de secretos de Estado, espionaje y sabotaje que ponga en peligro la seguridad nacional, así como la injerencia externa.
John Lee ve la ley como «un candado efectivo para evitar ladrones», aunque más bien parece que las autoridades quieren evitar «amenazas planteadas por fuerzas externas».
David Cameron, ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, señaló que la nueva ley «dañaría aún más los derechos y libertades de los que se disfruta» en Hong Kong y tendrá «implicaciones de gran alcance» al estado de derecho y a la independencia de las instituciones.
Vedant Patel, el portavoz del Departamento de Estado, declaró el 19 de marzo a periodistas que Estados Unidos estaba «alarmado por las disposiciones amplias y lo que interpretamos como disposiciones vagamente definidas» en la ley.
Dado que los católicos chinos pueden cometer delitos durante las manifestaciones o acciones relacionadas con la autoridad de Hong Kong y confesarlo en el sacramento de la penitencia, los sacerdotes podrían ser acusados de criminales contra la ley por sedición, si no revelan el conocimiento de estas acciones que les impide la violación al secreto del sacramento. Bajo la bandera de «seguridad nacional», la policía de Hong Kong podrá realizar cualquier intervención contra un sacerdote a partir de ahora.
La referencia de Lee, durante el 19 de marzo, a que la ley «permitirá a Hong Kong prevenir, reprimir y castigar eficazmente las actividades de espionaje, las conspiraciones y trampas de las agencias de inteligencia extranjeras, y la infiltración y el sabotaje llevados a cabo por fuerzas hostiles», ¿se abre la puerta para coaccionar o condenar a sacerdotes católicos que se nieguen a revelar hechos de los fieles conocidos en la confesión?
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