(ZENIT Noticias / Madrid, 23.04.2024).- El gobierno social-comunista de España anunció un plan de indemnización de víctimas de abusos sexuales pero sólo si han sido abusados en entornos de la Iglesia católica. El plan, que prevé actos de reconocimiento público, supone que sea la Iglesia quien pague las indemnizaciones. Así lo dio a conocer el ministro Félix Bolaños.
Por su parte la Iglesia católica en España adelantó al ministro Bolaños su valoración crítica sobre este plan al fijarse sólo en la Iglesia católica. También le manifestó su disposición a colaborar en los ámbitos de su responsabilidad y competencia, pero siempre en la medida en que aborde el problema en su conjunto.
En relación al Plan presentado el martes 23 de abril por el ministro de la Presidencia, la Conferencia Episcopal Española (CEE) señala que:
- La acción que la Iglesia viene desarrollando frente a los abusos sexuales coincide, en buena parte, con los cinco ejes de acción que ese plan propone. La Iglesia trabaja ya en la línea de la acogida, la atención y la reparación de las víctimas, la prevención de los abusos, la formación de las personas y la sensibilización de la sociedad.
- En relación al plan presentado, la CEE considera que, ciertamente, son valiosas aquellas medidas que se refieren a todas las víctimas y en ese aspecto trabaja y trabajará también la Iglesia, con la experiencia que ella misma puede aportar para acoger a todos los que han sufrido y sufren esta lacra.
- Por otra parte, no se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a 9 de cada diez víctimas. La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales.
- El texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado. Al centrarse sólo en la Iglesia católica, aborda únicamente una parte del problema. Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones.
- Además, esta regulación cuestiona el principio de igualdad y de universalidad que debe tener todo proceso que afecta a derechos fundamentales. La Iglesia va por delante en la acogida de las víctimas, en la formación para la prevención y en su reparación. Son los poderes públicos los que deben desarrollar medidas oportunas en esta labor de proteger a los menores en tantos ámbitos de su competencia.
En todo caso, la Iglesia mantiene su compromiso de continuar con la acogida a todas las víctimas de abusos sexuales, para acompañarlas y repararlas.
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