(ZENIT Noticias / Ciudad del Vaticano, 25.08.2024).- El martes 20 de agosto el Parlamento Ucraniano votó a favor de ilegalizar a la “Iglesia Ortodoxa Ucraniana”, una confesión cristiana muy extendida entre la población pero que mantiene una dependencia del Patriarcado Ortodoxo de Moscú. La medida fue apoyada por el arzobispo mayor de los greco-católicos ucranianos, Su Beatitud Sviatoslav Shevchuk. Como se ha mencionado en ZENIT, se trata de la iglesia oriental católica en comunión con el Papa más grande numéricamente hablando.
Sin embargo, la resolución del parlamento ucraniano ha sido contestada de forma pública por el Papa Francisco durante la alocución del domingo 25 de agosto desde la Plaza de San Pedro. El Papa ha dicho de forma clara:
“(…) pensando en las normas de ley adoptadas recientemente en Ucrania me asalta un temor por la libertad de quien reza, porque quien reza de verdad reza siempre por todos. No se hace mal por rezar. Si alguien hace mal a su pueblo, será culpable de esto, pero no puede haber hecho mal por haber rezado. Y entonces que se deje rezar a quien quiere rezar en la que considera su Iglesia. Por favor, que ninguna Iglesia Cristiana sea abolida, directa o indirectamente. ¡Las Iglesias no se tocan!”.
La declaración del Papa se produce justamente un día después de que Ucrania celebró el “día de la independencia”.
Ofrecemos a continuación el comunicado emitido por el Patriarcado de Moscú como respuesta a la medida del Parlamento Ucrania. En él identifican como partidaria del proyecto a la iglesia greco-católica (en comunión con Roma) y también menciona de la petición de ayuda ante la medida, a líderes religiosos. En este segundo ámbito se pueden colocar las palabras del Papa.
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El 20 de agosto de 2024, la Rada Suprema de Ucrania aprobó en segunda lectura el proyecto de ley «Sobre la protección del orden constitucional en la esfera de las organizaciones religiosas», que permite prohibir judicialmente la actividad de cualquier comunidad religiosa en el territorio de Ucrania si están «afiliadas» a alguna organización religiosa en Rusia. Para la correspondiente decisión judicial, bastará con la conclusión de una «pericia religiosa», que en condiciones de «caza de brujas» podría ser falsificada.
Los iniciadores y partidarios del proyecto de ley en Ucrania –funcionarios estatales de alto nivel, diputados de la Rada Suprema, políticos y figuras públicas de extrema derecha, representantes de organizaciones cismáticas y de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana– no ocultan que el proyecto de ley está dirigido directamente contra la Iglesia Ortodoxa Ucraniana; que el objetivo de esta ley es la liquidación de ella y de todas sus comunidades o su conversión forzosa a otras organizaciones religiosas. Cientos de monasterios, miles de comunidades y millones de creyentes ortodoxos en Ucrania quedarán fuera del marco legal, perderán su propiedad y su lugar de oración.
Durante los años 2014-2023, el Santo Sínodo de la Iglesia Rusa destacó repetidamente la presión sobre la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, que tiene indudables características de una política estatal antirreligiosa. La aprobación de la ley de hoy es testimonio de la impotencia del régimen, que a lo largo de su existencia política ha buscado sistemáticamente, paso a paso, debilitar, dividir y destruir la Iglesia Ortodoxa Ucraniana.
El Primado de la Iglesia Ortodoxa Rusa se ha dirigido repetidamente a organizaciones del sistema de la ONU, la OSCE y el Consejo de Europa, así como a líderes de comunidades religiosas mundiales, testificando sobre la persecución de los creyentes en Ucrania. A pesar de que muchos expertos y organizaciones de derechos humanos en Occidente han reconocido las violaciones de los derechos de los creyentes de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, esto no ha impedido la aprobación del proyecto de ley, que destruye el propio concepto de libertad de conciencia y los derechos humanos básicos.
El trasfondo constante de la política de persecución contra la Iglesia es una campaña anticlerical calumniosa de los medios ucranianos que lleva años, dirigida a difamar al Ortodoxismo canónico, provocando y justificando los masivos asaltos a templos, llamados «transiciones voluntarias». Estos asaltos son organizados por partidarios del cisma y nacionalistas radicales con el apoyo de las autoridades locales, los servicios de seguridad y las fuerzas del orden. Por lo general, van acompañados de violencia, palizas masivas al clero y a los creyentes. También se han llevado a cabo asaltos y tentativas de asalto a los mayores monasterios de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, con el desalojo forzoso de sus habitantes.
Continúa la presión directa sobre la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, su episcopado y su clero por parte de los servicios de seguridad ucranianos. Además de las amenazas y el chantaje, esta presión se ha manifestado en la apertura de decenas de casos penales fabricados y en sentencias injustas por motivos políticos. Varios jerarcas y pastores de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana han sido arrestados, encarcelados o condenados injustamente.
En varias regiones y localidades de Ucrania, las autoridades locales han «prohibido» directamente la actividad de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, cierran sus templos por la fuerza, impiden los servicios religiosos y confiscan ilegalmente los terrenos bajo sus monasterios, iglesias y santuarios.
Al no lograr debilitar a la Iglesia canónica en Ucrania, ni socavar su unidad, las autoridades locales han dado un paso hacia su prohibición directa.
Por su escala y carácter centralizado, esta medida podría superar todas las represiones históricas anteriores contra la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, incluyendo las persecuciones durante la unión greco-católica de Brest, y es comparable con precedentes históricos tan tristes como las persecuciones en el Imperio Romano bajo Nerón y Diocleciano, la llamada descristianización de Francia durante la Revolución Francesa del siglo XVIII, las represiones ateístas en la Unión Soviética y la destrucción de la Iglesia Ortodoxa Albanesa en los años 60 bajo el régimen de Enver Hoxha.
El proyecto de ley aprobado es incompatible con las nociones de estado de derecho, es una declaración política destinada a legalizar la destrucción de la comunidad religiosa mayoritaria. La ley establece criterios que permiten identificar un grupo de personas relacionadas por su pertenencia a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana y aplicarles represalias políticas.
Con especial amargura, es necesario señalar el papel negativo del Patriarca de Constantinopla Bartolomé y de los jerarcas afines a él. Con sus acciones unilaterales, apresuradas y contrarias al espíritu de los sagrados cánones, no han hecho más que agravar el cisma eclesiástico en Ucrania, sin sanarlo. Los líderes de los cismáticos reconocidos por el Fanar han exigido con especial ferocidad la aprobación de la ley que prohíbe de facto a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana. Y el Patriarca Bartolomé, quien anteriormente aprobó públicamente la persecución penal y los arrestos de sus jerarcas y clérigos, ahora, al igual que los sumos sacerdotes Anás y Caifás, apoya abiertamente las acciones del gobierno, cuyo objetivo es crucificar y destruir a la Iglesia canónica en Ucrania. De este modo, el Patriarca de Constantinopla asume una responsabilidad personal por la organización de la persecución de los creyentes de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana.
Expresando nuestra firme convicción de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia de Cristo (Mateo 16:18), como no prevalecieron antes las más duras persecuciones; y de que los cristianos ortodoxos de Ucrania enfrentarán con valentía y firmeza las nuevas pruebas que les esperan y las superarán con la fuerza de Aquel que nos amó (Romanos 8:37), –hacemos un llamado a la plenitud de toda la Ortodoxia mundial para que intensifiquen sus oraciones por la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, que sufre por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo (Apocalipsis 1:9).
Nos dirigimos a las organizaciones internacionales de derechos humanos con un llamado urgente para que reaccionen inmediata y objetivamente a la flagrante opresión de los creyentes en Ucrania.
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