(ZENIT Noticias / San José, 07.11.2024).- Representantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica se presentaron el 31 de octubre en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica para tratar el proyecto de ley que sancionaría la inacción ante delitos sexuales conocidos en la confesión.
Uno de los artículos de la propuesta legislativa obliga a los sacerdotes a violar el secreto de confesión con la denuncia de abusos conocidos en el sacramento contra menores de edad o personas con discapacidad.
Los sacerdotes Mauricio Granados y Ricardo Cerdas expusieron ante la comisión que, si un sacerdote revela algo dicho en confesión, sería causal de excomunión y “pondría en juego su salvación eterna”. Además, desobedecerían el ordenamiento jurídico vigente al obligarles violar el secreto de confesión, por lo que no lo harán, aunque la ley lo exija, y afrontarán las consecuencias.
El padre Mauricio Granados aclaró: “No nos estamos excluyendo del deber de denunciar en otros ámbitos, pero el derecho del sigilo sacramental es un espacio sacrosanto que no podemos disponer a nuestra voluntad. No lo podríamos hacer”.
La Conferencia Episcopal se pronunció el miércoles 30 de octubre con un comunicado de prensa donde expuso las razones de rechazo a la iniciativa. La ley obligaría a los sacerdotes a «revelar la información confiada por un penitente, sea víctima, autor o testigo de un hecho de esta naturaleza».
“Bajo tan loable fin, se expone un ataque directo a la Doctrina y a la Liturgia de la Iglesia Católica en el tema del Sacramento de la Penitencia o de la Confesión, específicamente obligando al sacerdote confesor tanto a revelar la información confiada por un penitente, sea víctima, autor o testigo de un hecho de esta naturaleza”, argumenta el comunicado.
El Frente Amplio señaló que el proyecto no tiene que ver con la iglesia católica, sino con la protección de la niñez, sin aclarar por qué una autoridad civil obliga a los sacerdotes a denunciar un dato recibido en la confesión y responsabiliza a la Iglesia si sus ministros cumplen con el deber de mantener el sigilo sacramental.
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