(ZENIT Noticias / Washignton, 27.03.2025).- La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) ha vuelto a criticar las políticas represivas de China, acusando al Partido Comunista de librar una campaña agresiva contra las comunidades religiosas. En su informe anual de 2025, publicado el 25 de marzo, la comisión destaca la persecución, la vigilancia estatal y el control ideológico constantes, describiendo las condiciones de la libertad religiosa en China como «entre las peores del mundo».
Legisladores y defensores de los derechos humanos participaron en la presentación del informe, entre ellos el representante John Moolenaar, presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino (PCCh). Moolenaar condenó los esfuerzos sistemáticos del partido por reformular las tradiciones religiosas, calificando la llamada sinización de la religión como un intento de erradicar la fe independiente e imponer la lealtad a la ideología comunista.
Moolenaar no se anduvo con rodeos: “Durante décadas, el PCCh ha reescrito textos sagrados, no para aclararlos, sino para corromperlos, convirtiendo la verdad espiritual en propaganda comunista. La persecución de creyentes, las esterilizaciones forzadas, la destrucción de lugares de culto y los campos de internamiento son horrores que el mundo no debe ignorar”.
Una guerra de alta tecnología contra la religión
El informe describe cómo el gobierno chino utiliza la vigilancia avanzada, que incluye inteligencia artificial, reconocimiento facial y de voz, y análisis de macrodatos, para vigilar a grupos religiosos. Las autoridades rastrean a miembros de religiones específicas, como musulmanes uigures, budistas tibetanos, cristianos y practicantes de Falun Gong, considerando la creencia religiosa como una amenaza para el control estatal.
Un caso destacado en el informe es el del pastor protestante Kan Xiaoyong, condenado a 14 años de prisión a principios de 2024 por lo que la comisión describe como cargos infundados. Otro caso es el practicante de Falun Gong, Xu Na, quien fue condenado a ocho años de prisión en 2022 por compartir información con The Epoch Times sobre la gestión del gobierno chino ante la COVID-19.
Falun Gong, una práctica espiritual basada en la meditación y las enseñanzas morales, ha sido brutalmente reprimida desde 1999, cuando el PCCh, temiendo su rápido crecimiento, la declaró enemiga del Estado. En aquel momento, las estimaciones oficiales sugerían que más de 70 millones de personas practicaban Falun Gong, una cifra superior a la del propio Partido Comunista. La represión condujo a arrestos masivos, campos de trabajos forzados y denuncias de tortura y ejecuciones extrajudiciales, con un gran número de practicantes desaparecidos.
Casos en EE. UU. ponen de relieve la influencia de China en el extranjero
El informe también arroja luz sobre cómo la represión china se extiende más allá de sus fronteras. Detalla dos casos penales en EE. UU. que involucran a personas acusadas de colaborar con el PCCh en sus ataques contra grupos religiosos.
En noviembre de 2024, Li Ping, ingeniero residente en Florida y ciudadano estadounidense naturalizado, fue condenado a cuatro años de prisión por espiar a disidentes chinos, incluyendo practicantes de Falun Gong, y por proporcionar información de inteligencia al Ministerio de Seguridad del Estado de China. Ese mismo mes, otro estadounidense, John Chen, fue condenado a 20 meses de prisión por intentar sobornar a funcionarios estadounidenses para que revocaran la condición de organización sin fines de lucro de Shen Yun Performing Arts, una compañía de danza con sede en Nueva York conocida por exponer las violaciones de derechos humanos en Pekín.
La comisión también hizo referencia a un caso en curso contra Linda Sun, exasesora de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien presuntamente actuó como intermediaria del gobierno chino, bloqueando el debate público sobre la detención masiva de uigures en China.
Un llamado a la acción
Las recomendaciones de la USCIRF instan al gobierno estadounidense a tomar medidas más enérgicas contra la represión religiosa en China. Estas incluyen la reclasificación de China como «País de Particular Preocupación» en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional de 1998, la imposición de sanciones específicas a funcionarios del PCCh y el fortalecimiento de las restricciones a las exportaciones de tecnología que podrían contribuir al estado de vigilancia de Pekín.
El senador James Lankford, en su intervención en el evento de presentación del informe, enfatizó que la libertad religiosa debe seguir siendo un tema central en las relaciones entre Estados Unidos y China. «El PCCh insiste en que no hay problema, que los uigures están contentos, que nadie es perseguido. Todos sabemos que eso es falso. Defender el derecho a creer, o a no creer, es un derecho humano fundamental», declaró.
El representante Brad Sherman se hizo eco de estas preocupaciones y pidió un mayor escrutinio de las acciones de Pekín. «Nunca debemos ignorar la persecución religiosa de China», declaró.
Meir Soloveichik, vicepresidente de la USCIRF, expresó un optimismo cauteloso. “A pesar de las crecientes amenazas, aún existe una oportunidad real de prevenir un mayor retroceso en la libertad religiosa. Con determinación, incluso podemos impulsarla”, afirmó.
El presidente de la USCIRF, Stephen Schneck, reforzó el mensaje: “El gobierno estadounidense debe mantenerse firme en la defensa de este derecho universal”.
Dado que la represión de China no muestra signos de desaceleración, el informe de la comisión sirve como un duro recordatorio de que la persecución religiosa sigue siendo un campo de batalla central en la lucha por los derechos humanos.
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