(ZENIT Noticias / Washington, 28.04.2025).- Un nuevo informe del Instituto Guttmacher revela que el número de abortos en Estados Unidos aumentó ligeramente en 2024, a pesar de la disminución de los viajes interestatales para este procedimiento. Los hallazgos apuntan a un cambio en la estrategia de la industria del aborto: de depender de clínicas físicas a distribuir píldoras abortivas a través de las fronteras estatales, a menudo sorteando por completo las barreras legales.
Según el análisis de Guttmacher, se realizaron más de un millón de abortos en estados sin prohibiciones totales, lo que representa un aumento marginal pero significativo con respecto al año anterior. Si bien el número de personas que viajaron fuera del estado para abortar disminuyó a aproximadamente 155,000, un 9% menos que en 2023, esta disminución no necesariamente sugiere una mejora del acceso en los estados con restricciones. Más bien, subraya el creciente papel de los abortos químicos realizados en domicilios particulares, a menudo facilitados por correo.
El informe identifica estados como Illinois, Carolina del Norte, Kansas y Nuevo México como destinos clave para quienes aún viajan para abortar, pero su punto más impactante reside en el impacto del acceso remoto. En lugares como Virginia, donde recientemente se registró un aumento en el número de solicitantes de aborto, los analistas atribuyen este aumento no a la demanda local, sino a las consecuencias de la prohibición del aborto a las seis semanas de embarazo en Florida, que entró en vigor en mayo de 2024. La condición de Virginia como estado cercano sin período de espera la convierte en una alternativa viable, aunque distante.
Pero las clínicas físicas ya no son la primera línea de defensa. La creciente facilidad para obtener pastillas abortivas (mifepristona y misoprostol) en línea y por correo ha revolucionado silenciosamente la forma en que se realizan los abortos, y muchas mujeres ahora evitan por completo las consultas presenciales. Si bien 13 estados aplican actualmente prohibiciones generalizadas del aborto, el movimiento para normalizar y expandir los abortos químicos por correo ha vuelto permeables muchas de estas leyes.
El lobby proaborto se ha apropiado de este nuevo panorama, impulsando estados «santuario del aborto», escudos legales para la distribución de píldoras y la rápida construcción de instalaciones cerca de fronteras estatales hostiles. Muchos de estos nuevos centros se especializan exclusivamente en abortos químicos, que ahora dominan la industria. De hecho, el 64% de los nuevos proveedores de abortos que abrieron el año pasado dispensan píldoras en lugar de realizar procedimientos quirúrgicos.
Este aumento se ha producido a pesar de las importantes preocupaciones sobre la seguridad. Un estudio de 2021 publicado en «Health Services Research and Managerial Epidemiology» reveló que las visitas a urgencias tras abortos químicos aumentaron más del 500% entre 2002 y 2015. Cabe destacar que estas píldoras se asociaron con más complicaciones de las que se reconocían previamente, algo que a menudo queda eclipsado por la falta de notificación de eventos adversos. Desde 2016, la FDA solo exige que los fabricantes informen sobre las muertes maternas, no sobre otros efectos secundarios.
Los defensores de la vida señalan estos riesgos al exigir una regulación nacional más estricta. Operación Rescate, un destacado grupo provida, ha documentado una marcada disminución de las instalaciones de aborto físico (una pérdida neta de 36 en 2022), pero argumenta que esta aparente victoria se ve contrarrestada por el aumento del acceso no regulado a la píldora.
Mientras tanto, la respuesta política sigue estando fragmentada. Si bien el presidente Donald Trump tiene un historial provida desde su mandato anterior, recientemente declaró que no aplicaría la ley federal que prohíbe el envío de píldoras abortivas por correo, una postura que frustra a los grupos antiaborto. Aun así, su secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., ha insinuado una revisión científica de la seguridad de las píldoras abortivas, un posible precursor de medidas regulatorias.
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