(ZENIT Noticias / Roma, 05.02.2026).- A principios de febrero de 2026, la Santa Sede confirmó que el cardenal Víctor Manuel Fernández, Prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, se reunirá la próxima semana con el padre Davide Pagliarani, Superior General de la FSSPX. Según el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, el encuentro pretende ser un «diálogo informal y personal», con el fin de identificar caminos concretos que puedan conducir a «resultados positivos».
La elección del momento no es casual.
Apenas unos días antes, el 2 de febrero, Pagliarani anunció que la Sociedad planea consagrar nuevos obispos el 1 de julio de 2026 en su Seminario Internacional de San Juan Vianney en Flavigny-sur-Ozerain, Francia, independientemente de si Roma otorga la autorización. Según el derecho canónico, dichas consagraciones sin mandato papal conllevarían automáticamente la excomunión tanto para el obispo consagrante como para los ordenados, como ocurrió en 1988 cuando el arzobispo Marcel Lefebvre llevó a cabo actos similares.
Para la FSSPX, sin embargo, esto no se presenta como una rebelión, sino como una necesidad.
En una extensa entrevista publicada ese mismo día, Pagliarani invocó una máxima clásica del derecho canónico —suprema lex, salus animarum (“la salvación de las almas es la ley suprema”)— para justificar la decisión. Argumenta que la Fraternidad se enfrenta a lo que él llama un “estado de grave necesidad” objetivo: el envejecimiento de los obispos, un apostolado global en crecimiento y lo que describe como el colapso generalizado de la claridad doctrinal y la vida sacramental en las parroquias comunes.
“Los fieles ya no encuentran los medios necesarios para su salvación eterna”, dijo, insistiendo en que los nuevos obispos deben garantizar las confirmaciones, las ordenaciones y la continuidad pastoral de los católicos apegados a la liturgia y la enseñanza tradicionales.
Según Pagliarani, escribió primero al Papa León XIV en el verano de 2025 solicitando una audiencia, y meses después envió una carta más detallada en la que describía los desacuerdos doctrinales de la FSSPX, pero también su deseo de servir a la Iglesia a pesar de su estatus canónico irregular. Una respuesta reciente del cardenal Fernández, según afirma, no abordó las propuestas concretas de la Fraternidad, entre ellas, un acuerdo temporal que permitiera a la FSSPX continuar su ministerio por el bien de las almas.
Esa respuesta parece haber acelerado la decisión de la Fraternidad.
En el centro del conflicto se encuentra una fractura teológica que se remonta a más de sesenta años: el legado del Concilio Vaticano II (1962-1965). Fundada en 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre, la FSSPX rechaza enseñanzas conciliares clave, en particular sobre la libertad religiosa, el ecumenismo, la colegialidad y la reforma litúrgica posconciliar. Lefebvre denunció famosamente lo que él veía como la “protestantización” del catolicismo y posicionó a su movimiento como guardián de la Tradición inalterada.
La ruptura se hizo pública en 1974 con el manifiesto de Lefebvre contra el Vaticano II. Dos años más tarde, tras ordenar sacerdotes en contra de las órdenes papales, fue suspendido a divinis. La ruptura decisiva llegó en 1988, cuando consagró a cuatro obispos sin la aprobación de Roma, lo que le acarreó la excomunión automática a él y a los ordenandos.
Sin embargo, incluso entonces, el Vaticano evitó declarar a la FSSPX formalmente cismática y continuó buscando la reconciliación.
Bajo Juan Pablo II, se hicieron concesiones limitadas, incluyendo el indulto de 1984 que permitía el uso restringido del Misal de 1962. Benedicto XVI fue más allá. En 2007, mediante Summorum Pontificum, liberalizó el acceso a la Misa tradicional como una «forma extraordinaria» del Rito Romano. Dos años más tarde, levantó las excomuniones de los cuatro obispos de la FSSPX, enfatizando que se trataba de un gesto hacia las personas, no de un reconocimiento institucional de la Sociedad, que aún carecía de estatus canónico. Benedicto XVI también dejó claro que el verdadero obstáculo era doctrinal, no litúrgico, con su famosa declaración de que «el magisterio de la Iglesia no puede congelarse en 1962».
Las conversaciones continuaron hasta 2011, cuando Roma ofreció una vía de regularización sujeta a la aceptación de un preámbulo doctrinal que reconociera el Vaticano II y la legitimidad de la liturgia reformada. La FSSPX se negó.
El papa Francisco adoptó un enfoque diferente, privilegiando los gestos pastorales sobre los acuerdos teológicos. Durante el Año Jubilar de la Misericordia de 2015, otorgó a los sacerdotes de la FSSPX la facultad de oír confesiones válidamente; posteriormente, les extendió el permiso para presenciar matrimonios. Sin embargo, no se produjo ningún avance doctrinal. En 2019, la Pontificia Comisión Ecclesia Dei se disolvió y su labor fue absorbida por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, lo que supuso un reconocimiento de que el impasse era, en esencia, teológico.
Pagliarani, elegido superior en 2018, ha adoptado una postura más firme. Ha criticado públicamente las canonizaciones de papas recientes, considerándolas un respaldo implícito al Vaticano II, y ha atacado duramente la sinodalidad, el enfoque kerigmático de la evangelización y decisiones pastorales recientes como las bendiciones para parejas del mismo sexo. También criticó la declaración de Abu Dabi de 2019 sobre el pluralismo religioso, calificándola de incompatible con la doctrina católica.
Las tensiones litúrgicas complican aún más el panorama. Mientras que Benedicto XVI previó la coexistencia entre los ritos antiguos y nuevos, Francisco cambió de postura en 2021 con Traditionis custodes, restringiendo severamente la misa tradicional. Pagliarani argumenta que la visión litúrgica actual del cardenal Arthur Roche —considerada ampliamente alineada con el papa León XIV— trata el rito tridentino como una concesión temporal en lugar de una expresión viva de la Tradición.
Para la FSSPX, esto confirma que su marginalidad no es accidental, sino estructural.
Mientras tanto, Roma parece decidida a evitar que se repita lo de 1988. La próxima reunión entre Fernández y Pagliarani indica al menos la voluntad de mantener los canales abiertos, incluso mientras ambas partes se preparan para la confrontación.
Pagliarani insiste en que la Fraternidad no tiene intención de crear una Iglesia paralela ni de otorgar jurisdicción a sus obispos. Señala las relaciones pragmáticas de Roma con China —donde los obispos nombrados por el gobierno han sido reconocidos retroactivamente— como prueba de que la flexibilidad es posible cuando las autoridades la consideran pastoralmente conveniente.
Si se podría extender una tolerancia similar a la FSSPX sigue siendo una incógnita.
Lo que está claro es que el 1 de julio de 2026 se vislumbra como un momento decisivo. Si las consagraciones siguen adelante, la Iglesia se enfrentará a otro doloroso capítulo en una disputa que ha perdurado durante más de medio siglo, arraigada no solo en preferencias litúrgicas, sino también en visiones fundamentalmente diferentes de la autoridad, la Tradición y el significado de la continuidad católica.
Por ahora, Roma habla de diálogo. Los lefebvrianos hablan de necesidad. Entre ambos se encuentra una Iglesia que aún lidia con los asuntos pendientes del Vaticano II.
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