(ZENIT Noticias / Andorra, 14.11.2026).- ZENIT informó el pasado 21 de agosto sobre el proceso de reforma del Código Penal del Principado de Andorra para despenalizar el aborto y sobre las discretas conversaciones mantenidas por la Santa Sede en defensa de la vida en este pequeño país situado entre España y Francia. El Gobierno andorrano aprobó el proyecto de ley el pasado 28 de octubre.
La nueva norma «exime a las mujeres de toda responsabilidad penal» en caso de interrupción voluntaria del embarazo. El texto deberá ser todavía aprobado por el Parlamento andorrano mediante el procedimiento de urgencia para modificar el artículo 117 del Código Penal y eliminar la pena de hasta seis meses de prisión para las mujeres que aborten. Sin embargo, la prohibición de practicar abortos en territorio andorrano se mantiene intacta «por imperativo constitucional», así como las sanciones contra los profesionales sanitarios que los practiquen, quienes se exponen a penas de hasta tres años de prisión y cinco años de inhabilitación.
La modificación legal se produce en uno de los pocos países europeos que aún mantienen una prohibición general del aborto. La eliminación de las sanciones contra la mujer que consienta, solicite o participe en su propio aborto, junto con el mantenimiento de las penas para quienes lo practiquen, parece responder a los contactos mantenidos por el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, para encontrar una fórmula que permita modificar la legislación sin comprometer la continuidad institucional del Coprincipado. En efecto, el obispo de Urgel comparte la jefatura del Estado andorrano con el presidente de Francia.
El ministro de Relaciones Institucionales, Educación y Universidades presentó la reforma tras su aprobación por el Consejo de Ministros. Durante su intervención, justificó el cambio legislativo al afirmar que la protección de la vida recogida en el artículo 8 de la Constitución andorrana «no puede comportar la criminalización de la mujer».
La reforma no contempla la financiación del aborto por parte de la Caja Andorrana de Seguridad Social, por lo que esta práctica seguirá excluida de las prestaciones sanitarias públicas.
El cardenal Pietro Parolin se reunió el pasado mes de julio de 2026 con el jefe de Gobierno, Xavier Espot, y con el ministro Ladislau Baró para abordar la cuestión de la despenalización. La fórmula aprobada posteriormente por el Consejo de Ministros coincide con la solución que, según informó La Veu Lliure, habría sido acordada con la Santa Sede: eliminar la responsabilidad penal de la mujer, mantener las sanciones contra los profesionales sanitarios y excluir cualquier forma de financiación pública del aborto.
Por su parte, Baró definió los contactos con Roma como un diálogo institucional y no como una negociación formal. La Santa Sede, sin embargo, no ha confirmado públicamente su respaldo al texto legislativo.
La reforma sitúa en una posición delicada al obispo de Urgel, Josep-Lluís Serrano Pentinat, quien, en su condición de copríncipe de Andorra, podría negarse a sancionar la ley, aun cuando el copríncipe francés autorizara su promulgación.
Durante la presentación del proyecto, Baró reconoció expresamente esta posibilidad. No obstante, explicó que una eventual negativa del obispo no impediría necesariamente la entrada en vigor de la norma, dado que el ordenamiento jurídico andorrano prevé mecanismos para que una ley pueda ser sancionada por uno solo de los copríncipes. De este modo, Serrano Pentinat podría mantener su oposición formal al texto sin bloquear su aplicación.
El Gobierno mantiene la prohibición de realizar abortos en territorio andorrano, aunque la reforma reduce el alcance de la protección penal que hasta ahora contemplaba la legislación del Principado frente al aborto provocado. Las organizaciones favorables a la legalización consideran insuficiente el proyecto, ya que mantiene la imposibilidad de practicar abortos en los centros sanitarios del país y excluye su financiación con fondos públicos.
El Ejecutivo presenta la iniciativa como una solución compatible tanto con la Constitución como con la continuidad del sistema del Coprincipado, a la espera de su debate y aprobación parlamentaria.
Gracias por leer nuestros contenidos. Si deseas recibir el mail diario con las noticias de ZENIT puedes suscribirte gratuitamente a través de este enlace.




