(ZENIT Noticias / Bruselas, 30.07.2025).- El 26 de junio, en los pasillos del Parlamento Europeo, se presentó un informe con un título que sonaba a advertencia: “La Próxima Ola: Cómo el Extremismo Religioso Está Reclamando Poder”. Su lenguaje, atrevido y alarmista, pretende sonar como una alarma en las democracias europeas. Sin embargo, para muchos observadores, en particular en las comunidades religiosas y académicas, también resulta falso.
Elaborado por el Foro Parlamentario Europeo para los Derechos Sexuales y Reproductivos (EPF) y respaldado por importantes donantes progresistas como la Fundación Gates, Open Society y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el informe intenta cartografiar lo que describe como un “esfuerzo coordinado” de actores cristianos —principalmente católicos, evangélicos y ortodoxos— para infiltrarse en las instituciones democráticas, socavar los derechos reproductivos y sexuales y reducir la igualdad de género.
Lo que hace que esta iniciativa sea aún más notable no son solo sus conclusiones, sino el consenso político que apoyó su publicación. Miembros de cuatro grupos principales del Parlamento Europeo, desde la centroderecha hasta los progresistas verdes, copatrocinaron el evento, dando la impresión de una alarma unificada en Bruselas.
Sin embargo, bajo la retórica y las estadísticas, emerge una historia diferente: una de definiciones difusas, acusaciones generalizadas y lo que los críticos llaman un intento ideológico de desacreditar las voces cristianas tradicionales en la vida pública.
En el centro de la controversia reside una pregunta fundamental: ¿cuándo la defensa pública de los valores religiosos se convierte en «extremismo»? Durante siglos, las comunidades cristianas en Europa han participado en debates sociales y políticos, a menudo desde posturas morales arraigadas en la defensa de la vida, la integridad de la familia y el papel de la conciencia en la educación. Estas opiniones pueden ser impopulares en círculos seculares, pero no son violentas ni antidemocráticas.
El informe, sin embargo, no establece tales distinciones. Etiqueta como «antiderechos» o «antigénero» a una amplia variedad de organizaciones, desde instituciones académicas hasta fundaciones humanitarias. En España, la lista incluye la Universidad de Navarra, la Universidad Francisco de Vitoria, la Fundación Universitaria San Pablo CEU, CitizenGO e incluso centros de apoyo al embarazo financiados con fondos públicos. ¿Su «delito»? Promover la planificación familiar natural, apoyar eventos provida, fomentar los derechos de los padres en la educación y defender la bioinvestigación ética basada en la teología moral católica.
Esta clasificación tan amplia genera dudas. Ninguno de estos grupos aboga por la violencia. Ninguno rechaza la participación democrática. Sus declaraciones de misión se centran en el diálogo, la educación, la investigación y la labor humanitaria. Al agruparlos con supuestos agentes del radicalismo religioso, el informe parece menos un análisis serio y más una polémica.
Y no se trata solo de etiquetas. «The Next Wave» va más allá, señalando casi 1.200 millones de dólares presuntamente canalizados a estos grupos entre 2019 y 2023 por donantes de Europa (73%), Rusia (18%) y Estados Unidos (9%). Esto implica que estos fondos responden a una agenda oculta y coordinada. Sin embargo, el informe ofrece poca evidencia de orquestación. De hecho, la mayoría de las donaciones citadas provienen de fundaciones independientes con motivos divergentes, muchas de ellas centradas en preocupaciones demográficas, educación o ética pública.
Aún más preocupante es el silencio del informe sobre su propia financiación e ideología. No reconoce que sus principales partidarios —algunos de los actores filantrópicos más ricos del mundo— también promueven agendas específicas, como el acceso al aborto, la teoría de género en las escuelas y las restricciones a la disidencia religiosa. Si bien advierte sobre la «captura institucional» por parte de los conservadores religiosos, el informe pasa por alto la posibilidad de una extralimitación progresista.
Irónicamente, es el propio informe el que corre el riesgo de socavar la democracia. Al equiparar la legítima defensa religiosa con el extremismo, se sofoca el pluralismo y se envenena el debate público. Se transmite un mensaje peligroso: que cuestionar ciertas narrativas progresistas no solo es retrógrado, sino subversivo.
Los críticos de las instituciones religiosas de toda Europa han respondido rápidamente. Insisten en que defender la vida no nacida, defender la familia natural o apoyar alternativas éticas a la controvertida educación sexual no son signos de extremismo, sino expresiones de conciencia moral. Y advierten que si se excluyen estas voces del diálogo democrático, el resultado no será la armonía, sino una polarización más profunda.
En su afán por denunciar una creciente ola de radicalismo religioso, The Next Wave podría haber pasado por alto el verdadero riesgo: confundir el desacuerdo con el peligro y la disidencia con la deslealtad. La democracia europea prospera no cuando se silencian las voces, sino cuando se escuchan, incluso, y especialmente, cuando desafían las corrientes dominantes.
En definitiva, el informe cumple un propósito: obliga a la sociedad a confrontar sus propias definiciones. ¿Qué tipo de pluralismo estamos construyendo? ¿Uno donde se invita a las personas de fe a la mesa, o uno donde se las etiqueta y se las descarta incluso antes de hablar?
Esa es la próxima ola que debemos observar.
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