(ZENIT Noticias / Ciudad del Vaticano, 23.11.2025).- Durante años, la dirección del aparato administrativo de la Ciudad del Vaticano siguió un guion tácito: el gobernador del estado más pequeño del mundo siempre era un cardenal, intrínsecamente arraigado en la tradición jerárquica romana. Ese guion ha sido ahora revisado decisivamente. Con un Motu Proprio publicado el 21 de noviembre, el Papa León XIV eliminó el último obstáculo legal que impedía a personas no cardenales —y en particular a laicos, hombres y mujeres— presidir la Comisión que supervisa la vida legislativa y administrativa del Vaticano.
La corrección puede parecer una revisión técnica, pero su alcance va mucho más allá de las páginas de la Ley Fundamental. Aclara, regulariza y, en última instancia, estabiliza una de las decisiones más simbólicamente significativas de los últimos años del Papa Francisco en el cargo: el nombramiento de Sor Raffaella Petrini como Presidenta de la administración del Estado de la Ciudad del Vaticano. Su nombramiento, el 1 de marzo de 2025, hizo historia, pero también reveló una tensión estructural que la ley vaticana nunca había tenido que abordar. Todos sus predecesores habían sido cardenales; En el caso de Petrini, las antiguas normas simplemente no encajaban.
Esta incompatibilidad se hizo evidente casi de inmediato. Si bien el gobernador tradicionalmente informaba a los cardenales sobre la situación financiera y logística de la Ciudad del Vaticano durante reuniones a puerta cerrada previas a un cónclave, estas reuniones están estrictamente limitadas a los miembros del Colegio Cardenalicio. Petrini, al no ser uno de ellos, fue excluida. Lo que antes era una consulta rutinaria se convirtió de repente en un dilema de procedimiento, no creado por ella, sino inherente al marco heredado de gobierno.
La intervención de León XIV ha resuelto ese problema. Al eliminar de la Ley de 2023 el requisito de que el presidente de la Comisión sea cardenal, ha dejado claro lo que la práctica reciente ya comenzaba a sugerir: el gobierno de la Ciudad del Vaticano no es una prerrogativa ligada al rango, sino una responsabilidad confiada a personas cualificadas elegidas por el Papa, según las necesidades cambiantes de la comunidad a la que sirven.
En el Motu Proprio, León XIV enmarcó su decisión no como una ruptura con la tradición, sino como la maduración de un principio largamente defendido por Francisco: la responsabilidad compartida. Citando la constitución apostólica Praedicate Evangelium, presentó el cambio como parte de una reorientación más amplia de la Curia, que valora la comunión, la colaboración y una apertura disciplinada a nuevas formas de servicio. El gobierno del Estado de la Ciudad del Vaticano, escribió, debe responder a demandas cada vez más complejas y apremiantes. En ese contexto, restringir los roles de liderazgo a los cardenales ya no reflejaba la diversidad de competencias que la tarea requiere ahora.
Este cambio es particularmente visible en el rol de Petrini. Como jefa de la Gobernación, supervisa todo, desde la infraestructura, la sanidad y las telecomunicaciones hasta los Museos Vaticanos, cuyos ingresos siguen siendo esenciales para la financiación de la Santa Sede. También preside la Comisión responsable de autorizar leyes, aprobar presupuestos y revisar los resultados financieros del estado. En otras palabras, ocupa uno de los puestos operativamente más exigentes en la arquitectura institucional del Vaticano: uno que no depende de la autoridad sacramental sino de la experiencia administrativa.
Al confirmar que la Comisión podrá ser dirigida por cardenales y otros miembros, la nueva legislación no solo resuelve el caso específico de Petrini, sino que abre la puerta a futuros nombramientos de figuras laicas cuya trayectoria profesional podría fortalecer la capacidad del Estado para responder a los desafíos modernos. El Vaticano rara vez anuncia estrategias de reforma a largo plazo, pero esta actualización legal sugiere que el enfoque de Francisco —favorecer a las personas capaces por encima de la antigüedad clerical automática— dista mucho de ser un experimento aislado.
La ley revisada también refleja una visión teológica más profunda. El texto de León XIV describe el gobierno como una forma de servicio al Sucesor de Pedro, que requiere rendición de cuentas y cooperación. En este sentido, el cambio no se centra tanto en disminuir el papel de los cardenales como en ampliar el alcance de quienes están llamados a compartir las cargas del liderazgo. Reconoce que administrar un Estado soberano, por pequeño que sea, exige un conjunto de habilidades que pueden ir mucho más allá del Colegio Cardenalicio.
Aunque publicado discretamente, el Motu Proprio marca un momento de recalibración institucional. En una época en la que la Iglesia a menudo se encuentra lidiando con sistemas financieros complejos, un escrutinio global y rápidos desarrollos jurídicos, la administración central del Vaticano no puede permitirse el lujo de limitarse a suposiciones heredadas de otra época. La precisión jurídica ya no es un detalle procesal; es el andamiaje que permite la perduración de la innovación.
Está por verse si los futuros líderes de la Gobernación seguirán el perfil de Petrini. Lo cierto es que el camino se ha abierto, y el marco ahora respalda lo que la historia reciente ya ha comenzado a revelar: que a veces el estado más pequeño del mundo sienta precedentes con consecuencias globales.
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