Tribunal Supremo de Apelaciones de Kenia reafirma la protección constitucional de la vida no nacida en un fallo histórico

(ZENIT Noticias / Nairobi, 02.05.2026).- En una decisión con profundas implicaciones legales y culturales, el Tribunal de Apelaciones de Kenia, el 24 de abril de 2026, revocó un controvertido fallo del Tribunal Superior de 2022 que había declarado el acceso al aborto como un derecho constitucional. El nuevo fallo restablece una interpretación estricta de la Constitución del país, reafirmando que el derecho a la vida se aplica desde la concepción y que el aborto sigue estando prohibido salvo en circunstancias muy específicas.

El fallo representa una intervención decisiva en un debate jurídico que comenzó con un solo caso, pero que rápidamente se convirtió en una prueba nacional —e incluso continental— sobre cómo se interpretan las protecciones constitucionales en relación con la vida no nacida. En el centro del caso original se encontraba una adolescente que buscó atención médica en 2019 tras sufrir graves complicaciones después de un aborto, incluyendo dolor intenso y hemorragia. Un médico le proporcionó tratamiento postaborto, y ambos fueron posteriormente acusados ​​en virtud del código penal de Kenia.

En lugar de limitar su juicio a los hechos del caso, el juez del Tribunal Superior no solo absolvió a los acusados, sino que fue más allá, afirmando que el aborto constituía un derecho constitucional. Esta interpretación entraba en aparente contradicción con el texto de la Constitución de Kenia de 2010, que es inusualmente explícita al respecto. El artículo 26 afirma que toda persona tiene derecho a la vida y especifica que la vida comienza en la concepción. También prohíbe el aborto, salvo cuando, a juicio de un profesional sanitario cualificado, se requiera tratamiento de urgencia, la vida o la salud de la madre estén en riesgo, o lo permita otra ley escrita.

La sentencia de apelación de 2026, dictada por un panel de tres jueces, rechazó categóricamente el razonamiento anterior. Concluyó que el aborto no puede considerarse un derecho fundamental según la Constitución. Por el contrario, los jueces enfatizaron que el marco constitucional protege explícitamente la vida del feto y restringe el aborto a casos excepcionales. Al hacerlo, el tribunal también reafirmó la vigencia de las disposiciones del código penal que penalizan el aborto ilegal.

Los defensores legales que impugnaron el fallo de 2022 celebraron el resultado como un restablecimiento de la coherencia constitucional. La apelación fue interpuesta por el Foro de Profesionales Cristianos de Kenia, el fiscal general del país y otras partes preocupadas por el hecho de que el Tribunal Superior hubiera excedido su mandato interpretativo. Según Charles Kanjama, abogado vinculado al foro, el nuevo fallo corrige lo que describió como una distorsión del equilibrio constitucional. Señaló que las personas acusadas en virtud de las secciones pertinentes del código penal —específicamente las disposiciones relativas al aborto ilegal— conservan el derecho a defenderse, pero deben demostrar que sus acciones no constituyeron un procedimiento ilegal.

El fallo también ha atraído la atención internacional. El Dr. Calum Miller, especialista en ética médica provida, lo describió como una de las decisiones legales más significativas sobre el aborto en África, mientras que la defensora nigeriana de derechos humanos Obianuju Ekeocha lo presentó como un rechazo decisivo a los intentos de constitucionalizar el aborto mediante la interpretación judicial.

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