Gobernadora «católica» de Massachusetts utiliza poderes de emergencia para promulgar ley de aborto sin restricciones, ignorando impugnación popular

(ZENIT Noticias / Boston, 11.11.2026).- La confrontación política en torno al aborto en Massachusetts ha dado un giro inesperado después de que la gobernadora Maura Healey invocara poderes de emergencia para implementar de inmediato una ley que elimina las restricciones restantes del estado sobre los abortos tardíos. La decisión, anunciada el 6 de noviembre, también impidió que los opositores bloquearan temporalmente la medida mediante una petición ciudadana, a pesar de afirmar haber reunido más de 112.000 firmas en cuestión de semanas.

La controversia ha provocado una enérgica respuesta de los obispos católicos del estado, quienes han cuestionado no solo el contenido de la nueva ley, sino también el intento de Healey de justificarla en base a su fe católica. Lo que está en juego es una cuestión fundamental: si la protección de la vida no nacida puede dejarse de lado en nombre de la libertad individual y la discreción médica, y si la intervención de la gobernadora ha logrado, de hecho, desestimar una importante impugnación popular a la legislación.

La ley, conocida como Capítulo 188, fue firmada por Healey el 10 de agosto. Sin embargo, hasta su declaración de emergencia, una campaña de recolección de firmas para su suspensión tenía el potencial de impedir su entrada en vigor mientras la cuestión avanzaba hacia un referéndum estatal. Los organizadores provida afirman haber recolectado aproximadamente 112.000 firmas de votantes registrados, más del doble de las necesarias para suspender la medida y casi el triple del umbral para incluirla en la boleta electoral de noviembre de 2028.

Al añadir un preámbulo de emergencia a la legislación, Healey la hizo efectiva de inmediato, anulando el mecanismo que de otro modo podría haber retrasado su implementación. La oficina de la Secretaria de Estado indicó que la certificación de las firmas podría tardar entre una y dos semanas. Por lo tanto, la campaña para el referéndum puede continuar, pero la ley permanecerá vigente mientras tanto.

El cambio es sustancial. Según la legislación anterior, enmendada en 2020, el aborto estaba permitido hasta las 24 semanas de embarazo, y se autorizaban abortos posteriores en circunstancias específicas que afectaban la vida o la salud física o mental de la madre, o cuando el feto no era compatible con la vida fuera del útero. El Capítulo 188 elimina esas restricciones y establece que un médico puede realizar un aborto en cualquier etapa del embarazo según su criterio profesional.

Healey defendió su decisión argumentando que las excepciones anteriores eran demasiado restrictivas para abarcar la gama completa de complicaciones graves que pueden surgir en etapas avanzadas del embarazo. En una carta que acompañaba el preámbulo de emergencia, afirmó que la incertidumbre sobre la interpretación clínica de la ley, así como los diferentes enfoques entre los hospitales y sus asesores legales, podrían retrasar el tratamiento y poner en peligro a las pacientes. Describió la nueva medida como necesaria para eliminar las barreras a la atención médica esencial.

En un artículo aparte publicado en Substack, la gobernadora también hizo referencia a su identidad católica. Escribió que su fe había moldeado su comprensión del servicio, la responsabilidad, la compasión y la dignidad humana, al tiempo que insistía en que, como gobernadora, tenía el deber de respetar las decisiones médicas profundamente personales de las familias con diferentes creencias y valores.

Ese argumento provocó una respuesta inusualmente directa de los cuatro obispos católicos que dirigen diócesis en Massachusetts. En un comunicado del 7 de noviembre, el arzobispo Richard Henning de Boston, el obispo Robert McManus de Worcester, el obispo Edgar da Cunha de Fall River y el obispo William Byrne de Springfield rechazaron la caracterización del aborto como atención médica. También cuestionaron la existencia de una emergencia que justificara la ampliación de una ley que ya consideran radicalmente permisiva.

Los obispos fundamentaron su crítica en la defensa constante de la Iglesia de la vida humana no nacida, señalando en particular las recientes declaraciones del Papa León XIV a los líderes uruguayos. El Papa había enfatizado que los niños no nacidos ya pertenecen a la familia humana y que su dependencia de sus madres no disminuye ni su dignidad ni la protección que merecen.

Los obispos instaron a los legisladores y al público en general a reconsiderar lo que describieron como un enfoque cada vez más utilitarista de la vida humana, advirtiendo que la misma lógica amenaza a los ancianos, los enfermos y otras personas vulnerables. Su llamamiento trascendió la disputa legislativa inmediata: argumentaron que el compromiso de una sociedad con la dignidad humana debe medirse por cómo trata a quienes menos pueden defenderse.

La dimensión política es igualmente significativa. Healey fue reelegida el 3 de noviembre, derrotando al candidato republicano Mike Minogue por 62% a 35%. Sin embargo, la campaña de recolección de firmas sugiere que la legislación sobre el aborto ha generado una oposición que va más allá de la contienda electoral habitual. Myrna Maloney Flynn, presidenta de Ciudadanos por la Vida de Massachusetts, acusó a la gobernadora de ignorar las preocupaciones de más de 100.000 electores y argumentó que no se había demostrado ninguna emergencia real que justificara eludir el proceso de suspensión.

Healey, por su parte, ha sostenido que la campaña del referéndum puede continuar y que el estado respetará la decisión de los votantes si finalmente rechazan la ley. Pero esa garantía no resuelve la controversia inmediata: los votantes podrían tener la última palabra, mientras que el nuevo régimen de aborto ya está en vigor.

Aún se desconoce si los votantes de Massachusetts derogarán el Capítulo 188 en 2028. Por ahora, la ley ha entrado en vigor, la campaña del referéndum se enfrenta a un camino más largo y la dirigencia católica del estado ha dejado claro que considera que la ampliación del acceso al aborto no es un avance en la dignidad humana, sino un grave fracaso a la hora de protegerla.

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